27 de febrero 2021
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a Nicaragua dentro del grupo de ‘jurisdicciones bajo mayor supervisión’, lo que implica que “el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados, y está sujeto a un mayor seguimiento”.
Dicho en palabras simples, el GAFI decidió que Nicaragua debería seguir dentro de lo que se conoce como ‘lista gris’, dijo a CONFIDENCIAL un profesional experto en contabilidad y auditorías, que pidió mantenerse en el anonimato.
Esto significa que “no mejoró la calificación del país, pese a todo el esfuerzo que supuestamente ha hecho el Gobierno para demostrar que cumple sus compromisos”, tal como cuando se decidió reformar la Ley 698, Ley General de Registros Públicos, para crear un ‘registro de beneficiarios finales’, lo que podría alejar aún más la posibilidad de atraer nueva inversión extranjera.
La reunión plenaria del GAFI, que concluyó en París el pasado 25 de febrero, incluyó a Nicaragua dentro de las ‘Jurisdicciones con deficiencias estratégicas’, listado que también incluye a Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Ghana, Jamaica, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Pakistán, Panamá, Senegal, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabwe.
Solo Irán y Corea del Norte tienen regímenes más débiles para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas, que los de las naciones de la lista anterior, y por eso se les considera ‘Jurisdicciones de alto riesgo’, eufemismo diplomático para referirse a la conocida también como ‘Lista Negra’ del GAFI.
A pesar que al momento de hacer la evaluación, ya era público que el régimen había adoptado reformas a la Ley 842, de Defensa de los Consumidores, que podría enviarnos a acompañar a Corea del Norte e Irán, el GAFI no pareció hacer referencia al hecho, lo que la fuente cree que se explica por un tema de tiempos.
“La evaluación va de febrero 2020 a enero 2021, y la reforma se aprobó hasta en febrero de este año. Eso no quiere decir que en una evaluación posterior, no tomen en cuenta las reformas a la 842. Es cierto que se hacen evaluaciones parciales en el año, pero la de febrero es la más importante”, explicó.
“Nicaragua debe continuar trabajando”
El documento suscrito en la capital francesa señala que, “desde febrero de 2020, cuando Nicaragua asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el Gafilat para fortalecer la efectividad de su régimen” de control financiero, el país “ha tomado medidas… para solicitar asistencia de otras jurisdicciones con el objetivo de investigar y procesar casos… y adoptar una ley que establezca un registro de beneficiarios finales”.
Con todo, “Nicaragua debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, incluyendo finalizar la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos; realizar una supervisión eficaz basada en riesgos, y tomar las medidas adecuadas para evitar que las personas jurídicas y los arreglos se utilicen indebidamente con fines delictivos”, reza el documento.
