26 de febrero 2021
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El último acto de la confiscación del régimen de Daniel Ortega en contra de los medios de comunicación CONFIDENCIAL y 100% Noticias, y media decena de oenegés nacionales, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), es una prueba de lo poco al régimen le importan “los principios y leyes que rompa”, estiman abogados, periodistas y empresarios, que identifican en esta acción un “precedente peligroso” que también envía mensajes negativos a la inversión privada.
El abogado, Gabriel Álvarez, valora que los medios y oenegés “están en una indefensión absoluta, ante medidas de facto que no tienen ninguna explicación jurídica, y ni siquiera, política”. Para este experto en Derecho Constitucional, el régimen “tiene toda la posibilidad para inventarse cualquier pretexto jurídico”, y con estas acciones el mensaje oficial es “yo tengo el poder absoluto de hacer lo que me venga en gana y me dan igual, los principios y leyes que rompa”.
Este 23 de febrero, el Minsa instaló en las oficinas confiscadas de CONFIDENCIAL, desde 2018, la supuesta casa materna “Camila López”. Dos días después, el 25 de febrero, el Minsa también inauguró en las instalaciones ocupadas del canal 100% Noticias, el supuesto “Centro de atención para personas con adicciones de alcoholismo y drogadicción de la zona oriental de Managua, Valentín Méndez”. Y similar ocurrió en las instalaciones confiscadas al Cenidh, el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) y la Fundación Popol Nah. En todos los sitios, el régimen colocó enormes fotografías de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sellando la confiscación inconstitucional.
La abogada María Asunción Moreno, experta en Derecho Penal y miembro de la opositora Alianza Cívica, valora que la confiscación a CONFIDENCIAL es “una ocupación ilegal realizada por la vía de hecho sin que exista causa legal alguna” y agrega que esta responde a una “cadena de actos ilegales y arbitrarios cometidos por las distintas instancias gubernamentales”.
Los supuestos centros y casas maternas del régimen, en las propiedades confiscadas, contaron con la complicidad de la cúpula del Ministerio de Salud, en un acto que ha sido calificado como un intento de lavar el crimen del régimen en contra de las libertades de prensa y expresión, de asociación y de libre empresa.
Otro especialista en Derecho, que solicitó reservar su identidad debido a recientes amenazas de simpatizantes orteguistas, explica que con estos actos se está ante una confiscación de facto, y que el régimen “está cometiendo un delito que se llama usurpación de dominio privado”, porque el inmueble tiene dueño.
Hasta la fecha, en el caso de CONFIDENCIAL, la Corte Suprema de Justicia, controlada por el orteguismo, ha ignorado los recursos de amparo y las demandas para que cese la ocupación en las instalaciones convertidas en un cuartel policial que ahora el régimen trata de encubrir como “casa materna”.
La directora de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, valora que el régimen ha montado un “circo” para mostrar su poder, con el “robo” de un medio de comunicación. Pineda, quien tras la ocupación ilegal de 100% Noticias fue encarcelada junto al propietario del canal, Miguel Mora, asegura que Ortega y Murillo “le robaron al pueblo de Nicaragua, no solo a nosotros, porque cuando le robás a un medio de comunicación, estás robando la libertad de prensa y de expresión de todo un país”.
El supuesto centro para la prevención de adicciones, instalado en el edificio confiscado a 100% Noticias. // Foto: Gobierno
Confiscaciones en complicidad con el Minsa
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez sostiene que la confiscación está prohibida por la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 44 establece que “los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Explica que el Minsa, al no ser un ente descentralizado, tiene “una enorme responsabilidad política y una complicidad” por permitir que se utilice la necesidad de atención médica de la población nicaragüense de esa forma.
En las inauguraciones de las supuestas obras de salud en las propiedades confiscadas ha participado la exministra y asesora en temas de salud, Carolina Dávila. También se han visto en el lugar banderas rojinegras y elementos de propaganda del Frente Sandinista. Incluso en el acto en las instalaciones confiscadas a 100% Noticias, Dávila gritó ante los asistentes y con puño alzado, vivas al “comandante Daniel Ortega” y la “compañera Rosario Murillo”.
La abogada María Asunción Moreno asegura que estas confiscaciones, además de intentar callar al periodismo, son “una grave violación a la propiedad privada”, en el que “a la fuerza, utilizando la Policía, y las instancias gubernamentales, llegan y se apropian de una propiedad o de un inmueble que pertenece a un particular” y alerta que “esto puede sucederle a cualquiera”.
La fachada de la "casa materna" en la oficina confiscada a Confidencial. // Foto: Gobierno
Empresarios: mensaje de inseguridad contra la inversión privada
El empresario Mario Hanon, excandidato a presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), considera que las confiscaciones constituyen “un mensaje de inseguridad mayúsculo, que afectará la inversión privada”.
“Tengo que verlo como empresario, porque son empresas que han perdido su libertad de funcionar. Ha habido uso de la fuerza. Al violentar el principio de libre empresa, que está consignado en la Constitución, envía un mensaje de que un empresario no puede estar seguro de ser dueño de su propiedad”, lamenta.
También el economista Mario Arana, expresidente de la Cámara Americana de Comercio en Nicaragua (AmCham) y miembro de la Alianza Cívica, valora que estos actos “no son un mensaje tranquilizador para la inversión extranjera”. Y agrega que conocen inversionistas “que eligieron alejarse por lo que presencian en el día a día” sobre Nicaragua.
“Este esquema es un contrasentido, y no es sostenible. El Gobierno, en vez de buscar cómo crear un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico hace lo contrario”, critica Arana, citando las promulgaciones recientes de la reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores, y la aprobación de la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, que a su juicio: “dejan un mal sabor, y los inversionistas son muy sensibles ante estas señales de inestabilidad, conflicto y polarización”.
Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), asegura que “acciones como estas ahuyentan la inversión en el país, ya que crean un sentido de inseguridad jurídica”.
El productor Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), critica que estas acciones “no deben y no pueden quedar así”.
“Debería haber una solución para las propiedades confiscadas autoritariamente; de lo contrario, el país seguiría estancado en esta crisis económica que causa más sufrimiento a los más vulnerables. No puede suceder como en los años 80, que terminemos con propiedades confiscadas, y no en manos de sus legítimos dueños”, reclama.
Más represión contra el periodismo independiente
Periodistas y directores de medios de comunicación independientes advierten, por su parte, un recrudecimiento de la represión oficial en contra del periodismo independiente.
Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, considera “que el régimen no está bromeando en cuanto a que pueden irse con todo sobre el periodismo, sobre los medios de comunicación que les son incómodos, que al fin de cuenta, van a enmascarar en lo que sea, y no les importa ningún proceso, no les importa ninguna apariencia”.
Lucía Pineda Ubau, directora del también confiscado 100% Noticias, estima que el régimen no va a retroceder en la confiscación de los medios de comunicación, y va a seguir esa misma dinámica. “Mañana se pueden meter a la casa de un periodista, y lo sacan, como me sacaron a mí (...) se apropian para tratar de callarte”, advierte.
Pineda estima que el régimen ha montado una farsa con el supuesto “centro de atención de adicciones” en el edificio de 100% Noticias, y la falsa “casa materna” en CONFIDENCIAL. Ni siquiera, reclama, han invertido más allá de la pintura rosado chicha, porque están reutilizando los muebles y equipos de los espacios informativos y las oenegés.
Eduardo Enríquez, Editor en jefe del diario La Prensa, califica las confiscaciones como “una decisión dictatorial” y alerta que el Gobierno ha aprobado leyes “absurdas” que buscan justificar la intervención y cierre de medios de comunicación “a su antojo.
“Ante los ojos de la población, tratan de decir, se lo robamos a CONFIDENCIAL, pero te lo devolvemos en beneficio, lo cual es un absurdo, es una barbaridad y una manipulación, que ha sido el modus operandi de esta gente”, critica en alusión al régimen.
Navarro no descarta ninguna acción que el régimen pueda emprender para callar al periodismo. Asegura que el Gobierno ha hecho lo impensable en su propósito de “asfixiarnos completamente”. Pese al panorama sombrío, sostiene, los periodistas seguirán resistiendo contra la represión.
