25 de febrero 2021
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El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) presentó este jueves un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley Mordaza), promovida por el sandinismo, porque, a su juicio, “busca castigar a las y los periodistas de medios independientes a fin de silenciar sus voces”.
“Los hombres y mujeres periodistas hemos decidido hacer uso legal del derecho que nos confiere nuestra Carta Magna recurriendo esta mañana ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que declaren la inconstitucionalidad parcial de la Ley Especial de Ciberdelitos”, señaló el PCIN en el recurso presentado.
El PCIN argumentó que la Constitución Política establece en su artículo 30 que los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio.
Y en su artículo 66, que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz.
Por tanto, ese gremio decidió presentar ese recurso después de diversos análisis y consultas con expertos constitucionalistas y debates con organismos de derechos humanos, en la que concluyeron “que esa ley violenta la misma Constitución Política de Nicaragua y que su implementación busca castigar a las y los periodistas de medios independientes a fin de silenciar sus voces”.
Ley Mordaza está vigente desde diciembre
El directivo del PCIN Sergio Marín dijo a periodistas que ese gremio “está diciendo presente, repudiando mediante este recurso la ley denominada de Ciberdelitos”.
“Es importante hacerlo para que quede constancia histórica de nuestro rechazo, repudio y condena a cualquier ley que la dictadura Ortega-Murillo ha venido legislando”, continuó el también director de la plataforma digital La Mesa Redonda.
El PCIN también destacó que presentaron ese recurso el mismo día, con 31 años de diferencia, en que Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) derrotó en las urnas al actual presidente del país, Daniel Ortega, que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y gobernó por primera vez el país de 1985 a 1990.
También a cuatro días que se celebre en Nicaragua el Día Nacional del Periodista.
La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional, entró en vigencia el pasado 30 de diciembre, y, según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.
La controvertida ley, que ha sido bautizada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” por la prensa no oficial nicaragüense, y rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo (PE) y Estados Unidos, entre otros, entró en vigencia 60 días después de que fuera sancionada por el presidente Ortega.}
Ley discrecional
El Ejecutivo sostiene que la ley persigue fortalecer y regular la protección de los sistemas de comunicación del Estado, y sancionará a quienes sin autorización accedan, intercepten o hagan uso de sistemas informáticos, se apropien de programas o datos, intercepten, capten o graben imágenes, conversaciones o vídeos que no están destinados al público.
La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.
La ley contiene 25 definiciones, sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) e información tergiversada.
Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según ha advertido el PCIN, que ha comparado esa ley “con un fusil apuntando a la cabeza” de los periodistas.
El denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua ha rechazado esa ley bajo el argumento de que busca censurar y amenazar a la prensa y ciudadanía en general, y que apunta a controlar y censurar la información en internet, criminalizar a los informantes e impedir las investigaciones periodísticas.
La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
