25 de febrero 2021
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Los representantes de catorce partidos políticos con un voto cada uno, eligieron en dos extensas encerronas, con un día de diferencia, a la fórmula presidencial Violeta Barrios de Chamorro y Virgilio Godoy, que a la postre venció en las urnas, el 25 de febrero de 1990, al entonces presidente Daniel Ortega Saavedra y al poderoso Estado-partido del Frente Sandinista.
Ese modelo, efectivo para la oposición agrupada en el Consejo Político de la Unidad Nacional Opositora (UNO), es “inadecuado e inaplicable” —según políticos y analistas— para los opositores azul y blanco en el actual contexto político y electoral.
En 1989, los tiempos eran difíciles y apremiantes. No había garantías civiles debido a la represión y vigilancia del Frente Sandinista. La UNO como organización no contaba con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo una consulta con las bases de las 14 fuerzas políticas aglutinadas, para definir candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes. Se apostó por realizar una especie de cónclave papal, en la que los representantes de las organizaciones discutieran y votaran para definir las candidaturas.
“Se decidió que la escogencia la hiciera el Consejo Político de la UNO que estaba integrado por tres representantes de cada partido, pero solo con un voto por partido. Se presentaron las candidaturas de Violeta Barrios de Chamorro, Enrique Bolaños, Virgilio Godoy y Agustín Jarquín Anaya. La doctora Miriam Argüello retiró su candidatura en beneficio de la de Godoy”, explicó Luis Sánchez Sancho, quien representaba al Partido Socialista Nicaragüense (PSN) en la UNO; actualmente es el editorialista y jefe de Opinión del diario La Prensa.
La primera reunión se llevó a cabo el 31 de agosto — en un reconocido restaurante de Managua en esa época, llamado El Bambana—, pero se suspendió luego de unas diez horas sin llegar a un acuerdo. Para elegir un candidato a presidente se requería un mínimo de diez votos; ningún candidato lo obtuvo.
“Después de cinco rondas de votaciones el 31 de agosto (de 1989), Violeta se mantenía con cinco votos, Godoy cuatro, Bolaños tres y Jarquín dos. Se levantó la sesión para seguirla el 2 de septiembre. En el ínterin se decidió elegir por fórmula, para que uno le sumara a otro y lograr los diez votos. Después de otras cinco rondas, por fin la fórmula de Violeta para presidente y Godoy para vicepresidente, logró los diez votos”, apuntó Sánchez Sancho. La segunda encerrona se realizó en la Casa de la UNO, que estaba frente al viejo Estadio Nacional.
Consultar a la ciudadanía
Para el economista Juan Sebastián Chamorro, aspirante a la Presidencia de la República, el método de la UNO fue “apropiado para su momento”, pero considera que, en la actualidad, se puede hacer “un proceso participativo donde la gente pueda dar su punto de vista sobre cuáles son los candidatos preferidos”, tomando en cuenta que “hay más tecnología y, hasta el momento, la posibilidad de realizar encuestas”.
“(La elección de candidatos) debería ser un proceso unitario de las agrupaciones políticas, pero tiene que ser un proceso participativo, que no quede circunscrito solamente a los representantes de las organizaciones políticas, sino que llevarlo a la consulta popular”, comentó el aspirante, exdirector de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Chamorro firmó junto a los aspirantes presidenciales, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Miguel Mora, un acuerdo en el que se comprometieron a someterse a un proceso de selección que escuche la voluntad popular, y quienes no sean electos, apoyarán al candidato seleccionado, así como un proceso de unidad de la oposición en una alianza electoral para los comicios de noviembre de 2021. Los precandidatos Luis Fley y Cristiana Chamorro se sumaron al acuerdo.
Violeta Granera, directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en la Coalición Nacional, dijo que el modelo de la UNO es “inaplicable” en la actualidad, porque en 1989 “no había una sociedad civil organizada, como ahora”, y lo que “primaba”, en ese entonces, “era salir de la dictadura de los 80, acabar la guerra y el servicio militar”.
“Este momento es de la ciudadanía, y eso implica que sean los ciudadanos y las ciudadanas los que decidan en quién van a confiar para dirigir la reconstrucción de la democracia después de Ortega, y romper con las viejas formas de hacer la política autoritaria”, comentó.
“No creo que sea posible motivar a la ciudadanía a votar, a defender el voto y a luchar porque logremos derrotar a Ortega, sino se sienten plenamente identificados con las personas que van a guiar esa etapa de la lucha”, añadió Granera.
El uso de las encuestas
Previo a la elección de candidatos, la UNO contó con los resultados de un sondeo de opinión. En su libro “La Difícil Transición Nicaragüense”, Antonio Lacayo Oyanguren, quien fue ministro de la Presidencia durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, relató que, a mediados de 1989, el diario La Prensa contrató los servicios del costarricense Víctor Borge, para realizar una encuesta en Nicaragua, aprovechando que el régimen sandinista levantó la prohibición de hacer encuestas.
“Los resultados los analizamos la noche del 19 de junio. A la pregunta abierta de ‘Por quién votaría usted’, doña Violeta y Daniel Ortega, sacaban el 14% cada uno, seguidos por Tomás Borge, Virgilio Godoy y Sergio Ramírez, con un 8% cada uno. Por el Frente (Sandinista) no salía nadie más, y por la UNO salían Enrique Bolaños, Alfredo César y Mauricio Díaz, con 3%, 3% y 2%”, detalló en su libro Lacayo, quien también fue jefe de campaña de la UNO.
“En las preguntas sobre ‘Qué opinión le merecen estas personas’, doña Violeta era la única del sector de la UNO que tenía opinión favorable no solo dentro de los que simpatizaban con la UNO, sino también dentro de una buena parte de los sandinistas. Virgilio, Bolaños y los otros dos o tres de la UNO eran rechazados por los sandinistas”, destacó Lacayo.
Agustín Jarquín Anaya, representante del Partido Democrático de Confianza Nacional en el Consejo Político de la UNO, dijo que “la encuesta, los grupos focales y otras similares, son herramientas útiles para la mejor toma de decisiones de los miembros y directivos de la alianza electoral”.
El excontralor de la República y diputado defenestrado por el Frente Sandinista, dijo que, en las condiciones actuales, “la encuesta sobre las preferencias ciudadanas, es el mejor mecanismo para la escogencia de candidaturas. El mecanismo de primarias, si lo usan, les acarreará grandes costos económicos y políticos, acentuando la división y la desconfianza, sin asegurarles que la escogencia es la idónea. El tiempo apremia”.
Los candidatos presidenciales de 1990, Violeta Barrios de Chamorro y Virgilio Godoy. Foto: Tomada de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Encuesta de CID Gallup
Una encuesta de la firma costarricense CID Gallup, realizada a mediados de enero pasado, mostró que la mayoría de la población en Nicaragua, más del 62%, no tiene simpatía por ningún partido político. Mientras tanto, el gobernante FSLN mantiene un apoyo el 25%, y las facciones de la oposición marcan un solo dígito: la UNAB un 4%; el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), 3% y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 2%.
Según la encuesta, realizada de forma telefónica entre 1200 personas, la población menciona a cuatro opositores, como aquellos con mayores probabilidades de ganar las elecciones de noviembre próximo. Ellos son: Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, con un 13%; Maradiaga, de la UNAB, y Juan Sebastián Chamorro, ambos con un 10%; y Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, con un 7%.
En una entrevista con el programa Esta Noche, Luis Haug, gerente de CID Gallup, indicó que una encuesta “no es el mecanismo ideal” para elegir un candidato, y sugirió “una convención abierta, con un consejo electoral definido por los participantes para obtener los resultados finales”. Esta opción y unas primarias han sido descartadas por los opositores nicaragüenses ante el estado policial de facto que vive Nicaragua, el asedio contra las reuniones y la situación ilegal de “casa por cárcel” que sufren algunos aspirantes presidenciales.
“Si van a tener que hacer encuesta, por lo menos dos encuestas por firmas independientes, escogidas de consenso, a donde ya se van analizar después esos resultados; pero una sola encuesta por una sola firma no es recomendable”, enfatizó el costarricense.
Las organizaciones opositoras y aspirantes “presidenciables” han coincidido en que una fórmula presidencial y una lista de candidatos a diputados de una futura alianza opositora debe ser el resultado de una “consulta popular”; para tal efecto han planteado una “encuesta nacional”.
Elección de diputados
La escogencia de los candidatos a diputados por la UNO fue más compleja que la de presidente y vicepresidente, dada la búsqueda de un equilibrio político y representativo de todas las fuerzas aglutinadas en la organización opositora.
“El Consejo Político de la UNO designó una comisión, que se abocó con los consejos políticos departamentales. No todos los 14 partidos integrantes tenían estructuras en todos los departamentos y municipios. De esta forma se buscó estructurar, en una labor ‘contra reloj’ las listas de candidatos a diputados, alcaldes y concejales. Se escogieron personas que tuviesen reconocimiento en su comunidad, y se estableció un expedito mecanismo de consulta para evacuar cualquier inconformidad”, recordó Jarquín Anaya.
El estimado de escaños proyectado por la UNO en sus cálculos más optimistas era que la organización podría obtener entre un 50%, máximo 60%, de los escaños en disputa. Sin embargo, partidos políticos que reclamaban ser de mayor tradición política exigían más escaños en posiciones ganadoras. Esta fue la mayor traba que tuvieron las negociaciones.
“Luego que los denominados partidos chiquitos cedieran, se hizo una distribución de posiciones probablemente ganadoras en las listas de candidatos”, destacó Sánchez Sancho.
Lacayo Oyanguren detalló en su libro que las organizaciones de la UNO acordaron que “los siete partidos ‘grandes’ tendrían siete diputados cada uno, los cinco partidos ‘medianos’ cinco cada uno, y los dos partidos ‘pequeños’ y sin personería, dos cada uno, lo cual sumaba 78, y luego rellenar el resto”.
Alfredo César Aguirre, quien fue parte del directorio de la Resistencia Nicaragüense y de la UNO, por el partido socialdemócrata, afirmó que ese modelo de la UNO es “válido” para el actual contexto político, aunque “ampliando los electores por voto de conciencia a unos 100 delegados de las diversas fuerzas de oposición”.
“No se utilizaron las encuestas más que como un indicador de la popularidad de los diferentes precandidatos, pero no jugaron ningún papel en las reglas de selección”, dijo Alfredo César, quien actualmente está al frente del partido conservador y de Unidad Republicana (UNIR).
Sánchez Sancho afirmó que el sistema para la selección de diputados es el único mecanismo usado durante el proceso de definición de candidaturas de la UNO, que podría ser replicado por una eventual plataforma de unidad opositora. “Tiene que haber voluntad política para ceder e integrar una lista balanceada. Las encuestas pueden ser un mecanismo auxiliar, para conocer previamente las preferencias públicas por personas para presidente y por partidos para lo de los diputados”.
Juan Sebastián Chamorro recordó que el listado de diputaciones está dividido entre diputados nacionales y regionales, por lo que se tendrían que hacer encuestas territoriales”, para aplicar “la misma norma democrática, participativa, plural y de consenso entre todas las fuerzas opositoras”.
El economista resaltó que “como no han existido elecciones, no se sabe exactamente el peso específico que cada una de las organizaciones políticas tiene, (por lo que) de alguna manera las encuestas son una manera de sustitutos del proceso electoral transparente, que no ha existido en la última década”.
La aspirante presidencial Violeta Barrios de Chamorro inscribe su candidatura ante el Consejo Supremo Electoral. Foto: Tomada de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Inscripción de la alianza
La alianza electoral de los 14 partidos fue inscrita ante el CSE el 07 de septiembre de 1989. Jarquín Anaya explicó, en una entrevista en el programa Esta Noche, que, para esa fecha, la Ley Electoral “permitía inscribir una alianza con su nombre propio”, que en este caso fue la Unión Nacional Opositora.
“Aunque había partidos un poco más grandes, unos medianos, otros más pequeños, con personería o sin ella, lo que primaba era que el nombre que decidiera el grupo, era lo que se iba inscribir”, comentó el exdiputado.
Guillermo Potoy, representante del Partido Social Demócrata (PSD) en la UNO, destacó que, en el contexto actual, los opositores deben exigir —en un diálogo con el Gobierno— que “el nombre de una alianza tiene que ser el nombre del conjunto, porque no puede ser la de un partido político, pues eso comienza a distraer a la gente, y otros partidos comienzan a rechazarlo”.
Actualmente, la Ley Electoral no permite inscribir alianzas electorales con nombre propios, estas deben ser inscritas bajo el nombre y presentación legal de un partido político con personería jurídica. La oposición azul y blanco está dividida entre la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, que buscan escoger el partido que sea el vehículo político más efectivo para los comicios. En la Alianza Ciudadana está Ciudadanos por la Libertad (CxL), y en la Coalición Nacional está el Partido de Restauración Democrática (PRD).
Ana Margarita Vijil, expresidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), subrayó que, para salir del régimen orteguista, “no se requiere una alianza exclusiva entre dos partidos con personalidad jurídica; es una alianza de distintas organizaciones que han estado en la lucha azul y blanco”.
Dijo que esta alianza deberá representar “a más del 70 por ciento del electorado independiente de este país, que no necesariamente se sienten representado con ninguna organización, sea partido político u organización social, y por tanto las candidaturas y los mecanismos de selección de esas candidaturas tiene que responder también a esa necesidad”.
El complicado camino de la UNO
El proceso de formación de la UNO fue bastante complejo y no solo por la represión y control político ejercido por el Frente Sandinista en la década de los años 80.
La realización de elecciones libres, el cese de hostilidades y la apertura de un diálogo nacional con las principales fuerzas opositoras de Nicaragua, fueron parte de los acuerdos de Esquipulas II, firmados el 07 de agosto de 1987 por Ortega y el resto de presidentes de la región centroamericana.
El acuerdo contemplaba también la prohibición de asistencia y financiamiento para las fuerzas militares irregulares en la región —en Nicaragua era la contra, un ejército irregular conformado principalmente por campesinos—, y negociaciones para el control de armas. Esquipulas II era una especie de trueque: el cese de la guerra por democracia y elecciones.
El 11 de agosto de ese año, Ortega llamó a los dirigentes opositores para indicarles que no dialogaría con ninguno de ellos por separado; si querían diálogo sería con todos. Sin embargo, existía mucha desconfianza y encono entre los opositores de la época, pese a que en teoría todos perseguían el mismo objetivo: sacar del poder al FSLN.
Sánchez Sancho recordó que, para llegar al triunfo del 25 de febrero, la UNO tuvo que bregar por muchos conflictos internos antes de alcanzar la victoria final.
“Ortega dijo que los Acuerdos de Esquipulas lo obligaban abrir un diálogo nacional con los partidos políticos, pero que no dialogaría con ninguno por separado, que debían presentarle una posición común. Así surgió la idea de elaborar la propuesta de 17 reformas constitucionales en las que todos estuvieron de acuerdo y servirían de base para el programa de Gobierno de la UNO, que se constituyó el 20 de junio de 1989; casi dos años después, porque el Gobierno de Ortega atrasaba el cumplimiento de los acuerdos centroamericanos”, mencionó Sánchez Sancho.
El 3 y 4 de agosto de 1989 se dio un maratónico diálogo político entre Ortega y los representantes de una veintena de partidos de la oposición. El encuentro se llevó a cabo en el centro de convenciones Olof Palme, y duró casi 23 horas. Participaron cinco representantes de la UNO (Silviano Matamoros, conservador; Duilio Baltodano, socialcristiano; Jaime Bonilla, liberal; Elí Altamirano, comunista; y Sánchez Sancho, por los socialistas). En ese encuentro se acordaron las garantías políticas mínimas, que incentivar a la UNO a participar en las elecciones de 1990.
Condiciones mínimas
En ese diálogo se discutieron las condiciones mínimas para llevar a cabo las elecciones de febrero de 1990. “El diálogo sirvió para establecer lo que queríamos las dos partes para tener una elección libre”, dijo Potoy.
Sánchez Sancho indicó que el Gobierno sandinista cumplió algunas de las demandas de la UNO; otras las hizo a “medias”, y algunas simplemente no las cumplió, argumentando diversas “razones”.
El exrepresentante del Partido Socialista dijo que se logró “transparentar el padrón electoral” y la integración de una “comisión” conformada por juristas del Gobierno y de la oposición para acortar el período de la Asamblea Nacional y que la electa en febrero de 1990 tomara posesión el 24 de abril de ese año.
Entre las que se lograron a “medias”, Sánchez Sancho enlistó: la reestructuración del CSE con participación de la oposición — dos magistrados propietarios de cinco, y uno suplente—; la libertad de prensa y garantías de movilización pública; y el establecimiento de un canal privado de televisión, en este caso lo que se consiguió fue crear un Noticiero Independiente para transmitirlo en la Cadena Sandinista de TV.
Entre las demandas no cumplidas están: la libertad de todos los presos políticos; una amnistía general antes de las elecciones —Ortega argumentó que hasta que la Contra se desarmara—; el regreso de la población miskita exiliada; la derogación de la Ley del Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública; la aprobación de una Ley de Servicio Civil; y una reforma de la Ley de Funciones Jurisdiccionales de la Policía Sandinista y de la Ley de Medios de Comunicación Social —el presidente justificó que se debía reformar la Constitución.
La candidata presidencial Violeta Barrios de Chamorro y su yerno Antonio Lacayo Oyanguren, durante una manifestación electoral en Rivas. Foto: Tomada de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Las diputas internas de la UNO
Las disputas internas de la UNO no se subsanaron con la elección de la fórmula presidencial. Los tres partidos que apoyaban la candidatura de Enrique Bolaños —PLC, PDCN, PNC— se resistieron aceptar su derrota, y llegaron a solicitarle al Consejo Supremo Electoral (CSE) una extensión en el plazo de la inscripción de alianzas electorales, lo que mostraba las fisuras dentro del bloque opositor, según información publicada en los diarios de la época.
Estos tres partidos “argumentaban que eran los partidos ‘fuertes’, y que estarían sujetos a partidos como ANC y PIAC que carecían hasta personería jurídica, y que las ‘bases’ no apoyaban a Virgilio (Godoy), por lo que ir así a las elecciones era como pelea de ‘tigre suelto contra burro amarrado’, pues además de que los sandinistas controlaban todo, no había entusiasmo”, relató en su libro Lacayo Oyanguren.
La elección de Godoy tampoco fue bien vista por la cúpula empresarial, aglutinada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Los empresarios recelaban de Godoy porque fue ministro del Trabajo durante el primer Gobierno sandinista, y su “gestión tenía el sello de antiempresa privada”, según Lacayo.
El rechazo a Godoy era conocido en el mundillo político y periodístico de la época. El entonces prosandinista El Nuevo Diario publicó una información titulada: “Hombre Virgilio, nadie te quiere”, en la que daba cuenta de la animadversión que despertaba el candidato a vicepresidente entre los empresarios, quienes se resistieron a brindar apoyo económico a la campaña de la UNO.
Jarquín Anaya señaló que “el proceso de formación de la UNO no fue fácil y necesitó de mucho coraje de sus protagonistas, pues hubo necesidad de juntarse con otros con los que había desconfianza e incluso nos caíamos mal recíprocamente”.
Tiempos de campaña
La campaña de doña Violeta y Virgilio inició su andadura ciudadana el 10 de septiembre de 1989, con un mitin en Juigalpa, Chontales. Pese al contexto de guerra y el control absoluto que ejercía el FSLN sobre la Policía y el Ejército, los candidatos y demás dirigentes de la UNO no tuvieron problemas para movilizarse por todo el país.
En la actualidad, las libertades de reunión y movilización están conculcadas, y unos 80 opositores azul y blanco son asediados diariamente por la Policía Nacional, y en su mayoría viven bajo “casa por cárcel” de facto, según reporte de las organizaciones opositoras.
Miembros del equipo de campaña de la UNO, que solicitaron omitir su nombre, indicaron que desde el inicio “batallaron” por “vencer el miedo” entre la población, quienes no mostraban su simpatía por los opositores por temor a represalias.
Este miedo se fue venciendo, según los exmiembros de la UNO, cuando los ciudadanos y dirigentes opositores se dieron cuenta del acompañamiento que efectuaban observadores internacionales de la Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Desde las primeras manifestaciones en septiembre nos percatamos que éramos acompañados por la Onuven —Misión de Observadores de las Naciones Unidas para Verificar las Elecciones en Nicaragua— y la OEA; luego vino el Centro Carter”, detalló uno de los miembros del equipo de campaña.
Los opositores batallaron con la falta de recursos económicos, destaca Lacayo Oyanguren en su libro y señaló que las principales fuentes de apoyo económico eran amigos y empresarios de países como Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, así como la National Endowment for Democracy (NED), una fundación estadounidense creada en 1983 a iniciativa del Congreso de EE. UU.
La candidata presidencial Violeta Barrios de Chamorro durante una manifestación electoral en Rivas. Foto: Tomada de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Durante una gira por Washington, Estados Unidos, en las oficinas de la NED “nos informaron que la ayuda que habían obtenido del Congreso para la campaña de la UNO y para el Instituto de Promoción y Control Electoral (IPCE) comenzaría a estar disponible el día 17 de noviembre (1989). Se referían a $ 1 900 000.00 que le darían a la UNO para infraestructura, vehículos, etc. La mitad de esta cantidad tendría que ir a parar por ley de Nicaragua a manos del Consejo Supremo Electoral.
“También darían $ 1 600 000.00 para que el IPCE —un organismo no gubernamental ligado a la UNO, manejado por Silviano Matamoros y Guillermo Potoy— montara dos programas, ‘Educación de los votantes’ y ‘Entrenamiento de Fiscales’. La mitad de ese dinero también quedaría en manos del CSE”, agregó Lacayo Oyanguren.
“Nada de todos estos fondos podrían utilizarse en apoyo a candidatos, según el Congreso de Estados Unidos. La firma Peat Marwick and Mitchell estaría revisando el cumplimiento de estos requisitos”, resaltó.
Con miedo o sin él, con dinero o sin él, los candidatos Violeta Barrios de Chamorro y Virgilio Godoy recorrieron todo el país. El camino los llevó a un holgado triunfo sobre el poderoso Frente Sandinista. Los opositores obtuvieron el 54.8% de los votos, y el FSLN, un 40.8%, mientras otros ocho partidos políticos sumaron 2.5%. Además, la UNO se quedó con 51 diputados, y el FSLN con 39; otros dos partidos, el Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) y el Partido Social Cristiano (PSC), obtuvieron un diputado cada uno.
