24 de febrero 2021
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La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó al Gobierno de Daniel Ortega "adoptar urgentemente" una reforma electoral efectiva para garantizar elecciones "libres, justas y transparentes", y a la vez "poner fin, de inmediato, a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas".
"El Gobierno debe establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo siete de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás", insistió Bachelet en un nuevo informe sobre Nicaragua, que presentará este jueves 25 de febrero en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
A casi tres años del inicio de las protestas de abril de 2018, el hecho de que el Gobierno de Ortega no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas "ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones", afirma el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El informe, que abarca el periodo entre el 01 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, detalla las "constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades" a las que se enfrentan los nicaragüenses, "al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos".
Persiste el acoso a opositores y periodistas
El documento indica que "la persistencia de la crisis sigue teniendo sus raíces en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho, que han ido erosionándose progresivamente a lo largo de los años, mientras que las violaciones a los derechos humanos perpetradas en 2018 continúan impunes y el espacio cívico ha sido aún más restringido".
En los últimos 18 meses han persistido "los ataques, el acoso y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y elementos progubernamentales" contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el Gobierno perciba que tiene opiniones discrepantes, indica el informe.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU.
"Se ha impedido que la gente se manifieste pacíficamente, y los que lo han conseguido han sido sistemáticamente objeto de ataques por parte de las fuerzas del orden o de elementos progubernamentales", explica el organismo.
Además mencionan que han registrado 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como casos en los que se allanaron oficinas de medios de comunicación, se destruyeron sus equipos y se les impusieron sanciones administrativas por su labor periodística.
ONU pide liberar presos y modificar leyes punitivas
El informe menciona que al 7 de diciembre de 2020, según la sociedad civil, al menos 110 personas que habían participado en protestas o colaborado con grupos de la oposición se encontraban detenidas arbitrariamente, entre ellas 13 que permanecen detenidas desde 2018.
"Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes", insistió Bachelet.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. // Foto: EFE
Otra de las recomendaciones del organismo es que se modifiquen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial sobre Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, "de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y con expertos".
"Dado el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes", explicó Bachelet.
Reitera solicitud de ingresar a Nicaragua
En su lista de recomendaciones al Gobierno de Nicaragua, Michelle Bachelet llama a "reanudar una comunicación constructiva" con la OACNUDH "para discutir la cooperación técnica y otorgar acceso a la Oficina a Nicaragua".
"Aunque me alienta ver que ha habido algunas señales recientes de apertura por parte del Gobierno en la colaboración con las agencias de la ONU en la respuesta a la pandemia del covid-19 y a la destrucción causada por los dos huracanes, lamento que las autoridades no hayan aceptado nuestras reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país", dijo Bachelet.
El Gobierno de Ortega, señalado internacionalmente por imponer un estado policial de facto en Nicaragua, dejó de responder desde junio de 2020 a las solicitudes de información sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, hechas por la OACNUDH, asegura el informe.
El informe titulado “Situación de los derechos humanos en Nicaragua” detalla que del primero de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2020, la Oficina del Alto Comisionado ha enviado 37 comunicaciones a la Cancillería de Nicaragua, pero las autoridades solamente han respondido a 17, incluyendo un cuestionario de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
