24 de febrero 2021
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El anuncio del Gobierno que prometió convocar a los grandes empresarios a dialogar sobre temas económicos, hecho por Daniel Ortega el pasado once de enero, no tiene futuro alguno, según Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quien afirma que “en ningún momento” puede ocurrir algo como eso.
“Mientras no se cumplan los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019, y mientras no haya una solución política a la situación del país, a través de una reforma electoral para tener elecciones libres, no hay diálogo económico”, asegura Healy en una entrevista con el programa Esta Semana y CONFIDENCIAL.
La razón adicional que esgrima el líder empresarial, es que Daniel Ortega no es confiable. Lo que quedó en evidencia, una vez más, cuando firmó los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019, con el Vaticano y la OEA como testigos, para pasar a desconocerlos casi de inmediato.
Healy también sostiene estar en contra de aplicar las reformas a la Ley de Defensa de los Consumidores, por considerar que sus efectos golpearían, no solo a la banca nacional, sino al conjunto de la economía, entre exportadores, importadores, y familias que reciben remesas.
La “ley de defensa de los sancionados” fue publicada el pasado martes nueve de febrero. ¿Ha causado esto ya alguna afectación a la banca nacional?
Fijate que no, y nosotros fuimos bien enfáticos en esto: si se aplica esta medida, y el Gobierno continúa presionando a la banca, lo que va a pasar es que a estos bancos les pueden quitar sus corresponsalías.
El 55% de nuestras exportaciones va hacia Estados Unidos, y otro 12% a 13% va hacia Europa. Prácticamente, el 68% de nuestras exportaciones va hacia esos destinos, que es donde están los bancos que sirven de agentes de los bancos locales.
¿Quién sostiene la economía en este país? Agroexportación y maquila, por un lado, que pueden sumar entre 4000 millones y 5000 millones de dólares, más los 1800 millones de dólares de las remesas, y eso es lo que se está poniendo en riesgo.
Si una corresponsalía en Europa o Estados Unidos le dice al banco local: “Aunque tus leyes digan que le podés abrir la cuenta a este sancionado, a este familiar de sancionado, estás incurriendo en una falta”. Las entidades internacionales están preocupadas porque Nicaragua, que está en la “lista gris” del GAFI, podría pasar a la “lista negra”, lo que haría que se nos cierre un sinnúmero de puertas.
La banca resultará afectada, pero a quien vas a afectar más es a los sectores (productivos), a los ahorrantes. El año pasado exportamos más de 3000 millones de dólares, de los que más de 2000 millones provienen del sector agropecuario. ¿Cómo van a recibir su pago los exportadores? ¿Cómo vas a recibir los 1800 millones de dólares de remesas, que para este año se espera sean casi 2000 millones de dólares? ¿Cómo se van a recibir, si se pierden las corresponsalías?
El sector comercio —que importa 4000 millones de dólares al año— ¿cómo va a pagarle a sus acreedores en el exterior?
Aquí han tratado de vender que estamos politizando esto. Nosotros lo que estamos haciendo es levantando una banderita, diciéndoles: “Ojo. Si siguen adelante con esto, no solo van a afectar a la banca, sino a todos los sectores de la economía de este país”. Sería un retroceso a los años 80.
¿Los banqueros van a recurrir en contra de esa Ley?
Entiendo que los bancos van a meter recursos de amparo, y de inconstitucionalidad. Todas las cámaras y todos los sectores que pueden ser afectados, tenemos tiempo suficiente, toda esta semana, para tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer.
No habrá diálogo económico
El Gobierno anunció que convocaría a los grandes empresarios a dialogar sobre la ley tributaria y otros temas. ¿Cuál es la posición del Cosep sobre la crisis nacional y el diálogo económico?
La crisis económica fue creada por una crisis sociopolítica, y agudizada por la pandemia. El problema es que la crisis sociopolítica, solo tiene una salida, y el Gobierno lo sabe, que es hacer reformas electorales, y que las elecciones del siete de noviembre de 2021, sean limpias, transparentes, inclusivas, observadas nacional e internacionalmente.
El Grupo Pro Reformas Electorales hizo un planteamiento que se le ha presentado a más de 60 sectores de la sociedad —empresariales, políticos, sociales, etc. — donde se aterrizó y se consensuó una propuesta de reforma electoral profunda.
Sabemos que a través de una negociación política, esta reforma no va a quedar a como se quiere, que sería lo lógico, pero, como no hay voluntad, sabemos que habrá una negociación política, lo han anunciado diputados, lo ha anunciado el mismo presidente de la Asamblea Nacional, donde dicen que habrá reformas.
Estamos esperando cuándo van a darse esas reformas, y cuáles van a ser esas reformas. Hay un acuerdo de entendimiento con la OEA, de diciembre de 2017, y es básico que se respete ese acuerdo.
Esta no es una negociación solo entre los partidos políticos, o los políticos y el Gobierno. Esta negociación tiene que tener testigos y garantes, como la OEA y las Naciones Unidas.
Nosotros hemos sido bien enfáticos e insistimos en que, aunque digan que los culpables somos nosotros, toda Nicaragua y la comunidad internacional está clara que los culpables de la crisis sociopolítica y del deterioro económico son ellos, por falta de voluntad.
Esta demanda de una solución política ¿es la posición del presidente del Cosep o de las cámaras?
Esa decisión se tomó desde abril de 2018, y continúa siendo la misma.
Los Acuerdos 2.0 del 27 y el 29 de marzo de 2019, contenían un sinnúmero de protocolos para la liberación de los presos políticos, la devolución de todos sus bienes. El Gobierno aceptó y firmó, frente a dos testigos y garantes: el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, representando al Vaticano, y el doctor Luis Ángel Rosadilla, representando a la OEA.
Si al día de hoy, el Gobierno no ha mostrado voluntad de cumplir dos acuerdos firmados con dos organismos internacionales tan importantes, como son el Vaticano y la OEA, ¿quién nos garantiza a nosotros, sentándonos con ellos, que nos van a cumplir en temas económicos?
Hemos sido enfáticos en decir: cumplí esos dos acuerdos, hacé las reformas electorales con los partidos políticos, con testigos y garantes de la OEA y la ONU, para posteriormente, comenzar a trabajar el tema económico.
Aquí se han perdido más de 200 000 empleos formales, y entre 200 000 a 300 000 informales. Han cerrado más de 3000 empresas, y nuestra posición es la misma: mantener al Cosep unido, y entiendo que las otras organizaciones empresariales que no están en Cosep, tienen la misma postura en torno a la unidad.
Pero ¿cómo se puede lograr la suspensión del estado policial y una reforma electoral? ¿Prevén ustedes como Cosep aumentar la presión cívica?
Acordate que nos rigen la ley de cámaras, y los estatutos individuales de cada organización que pertenece al Cosep, y el mismo Cosep. A nosotros no nos permiten hacer política partidaria, pero sí hay apertura, y estamos trabajando en campañas cívicas.
Tenemos una estrategia que va a comenzar en marzo, para promover el voto, la cedulación, y que la población se vaya a verificar. Todos esos que promovieron el no voto, hicieron que mucha gente haya perdido dos elecciones. Ahora tenés que asegurar una votación masiva, pero para eso, no basta ir con tu cédula a votar. Tenés que verificarte para caer en ese padrón, y poder ejercer ese derecho constitucional.
En resumen, mientras no se cumplan los acuerdos del 27 y el 29 de marzo, y mientras no haya una negociación política para la reforma electoral, nosotros no vamos a sentarnos con el Gobierno. En eso somos bien claros, y esa es la posición del Cosep, no de Michael Healy.
¿Mantienen los grandes empresarios canales de comunicación con el Gobierno?
Ese es otro mito. El gran capital, los empresarios más grandes, los que tienen industria, comercio, turismo, los banqueros, todos están en cámaras de Cosep, y es a través de esas cámaras que ellos dan sus aportes. En ningún momento he sabido que los grandes empresarios estén [reuniéndose] con el Gobierno. Nadie.
Te lo digo con claridad, y te lo digo con fundamento: los empresarios están enfocados en cómo defender sus empresas, y en qué pueden hacer para conservar el empleo.
El reto de Aprodesni
Las cámaras empresariales de la Asociación del Desarrollo y Sostenibilidad (Aprodesni) dicen que está ocupando el lugar que tenía el Cosep, en el modelo de acuerdos y consensos con el Gobierno. ¿Les preocupa eso?
No nos preocupa. En los años 80 trataron de crear los “empresarios patrióticos”, y al final de cuenta, no les dio resultados. Esa es una decisión de ellos, que pueden hacer lo que quieran. Nosotros como Cosep, seguimos enfocados en los temas que venimos trabajando, porque tenemos el deber de dar respuesta a la gente que trabaja para nuestras empresas y a los productores. También estamos enfocados en darle herramientas tecnológicas a las empresas, para hacerlas más sostenibles.
Aquí hay gente que se rasga las vestiduras, diciendo que ellos representan a las pymes y las mipymes: eso es falso. Todo el mundo sabe que la mayoría de las pymes están en la Cámara de Industrias, en la Cámara de Comercio o en la Cámara de Turismo, y nos estamos acercando a un sinnúmero de ellas, que están independientes, para que formen parte de nuestros equipos de trabajo y comisiones.
¿Qué es Aprodesni?
No sé ni quiénes son. Y creeme que no sé.
¿Consideras que el modelo de diálogo y consensos con el Gobierno debería seguir vigente?
Ya dije que no puede haber vigencia de ese modelo, mientras no se cumplan los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019, y mientras no haya una solución política a la situación del país.
Todas las decisiones unilaterales que ha tomado el Gobierno les han fallado. Más bien han entorpecido la economía de este país, y esa narrativa de que nosotros somos los culpables, es falsa. Son falacias.
