Canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, dijo a Confidencial que la estrategia de su país para con Nicaragua se resumen en: diálogo “franco y honesto” y pragmatismo.
Costa Rica es el principal país afectado por la crisis de derechos humanos que estalló en Nicaragua en abril de 2018 cuando el Gobierno reprimió de manera letal las masivas manifestaciones ciudadanas en su contra, dejando más de 300 muertes y violaciones de derechos humanos documentadas por la CIDH, la ONU, y el GIEI -que incluso catalogó los abusos como crímenes de lesa humanidad-, y la salida de decenas de miles nicaragüenses. Desde entonces Costa Rica, ha recibido 116 mil solicitudes de refugio de nicaragüenses.
Durante la administración del presidente Carlos Alvarado, que empezó en mayo de 2018, han ostentando el cargo de canciller primero, la vicepresidenta Epsy Campbell; y luego Manuel Ventura, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH). Ambos funcionarios señalaron de manera frontal las violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Campbell fue la primera en denunciar ante la OEA, en junio de 2018, en medio del conteo de fallecidos por la represión estatal: “Que se acabe el baño de sangre y que Nicaragua pueda encontrar una salida”, pidió. En agosto de 2019, Ventura dijo a este medio que veía “gravísima” la crisis en Nicaragua. No hubo comunicación a nivel gubernamental con Managua en ese entonces, más bien mucha tensión, de vieja y de nueva data. Ni siquiera había un embajador costarricense, solo un encargado de negocios entre agosto de 2018 hasta hoy, pero eso podría cambiar pronto.
El actual canciller costarricense Rodolfo Solano, que asumió en febrero de 2020, habla ahora de dialogar con Nicaragua en aras de una agenda binacional que beneficie a los ciudadanos de los dos países. También lo pone en práctica: restableció encuentros con su par nicaragüense Denis Moncada y con otras autoridades nicas. “El pragmatismo, la realidad objetiva, es lo que tiene que marcar las relaciones diplomáticas de un país”, pero, sin dejar a un lado “la institucionalidad democrática, el respeto absoluto y la promoción efectiva de los derechos humanos”, dijo.
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