17 de febrero 2021
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En menos de quince días, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), negó el ingreso a Nicaragua a dos frailes franciscanos de origen salvadoreño que tenían años de residir y cumplir su servicio sacerdotal en este país. El hecho ocurre mientras la DGME ha citado a cientos de residentes extranjeros y ha limitado o reducido la vigencia de sus carné. Las autoridades no explicaron las razones del bloqueo a los franciscanos, pero uno de los sacerdotes afectados considera que estaría relacionado con las denuncias de injusticia y violaciones de derechos humanos realizadas por la Iglesia.
El control establecido por Migración contra los extranjeros residentes no ha dejado fuera a los sacerdotes y religiosas que cumplen sus misiones.
Monseñor Miguel Mántica, de la Arquidiócesis de Managua, aseguró a CONFIDENCIAL que conoce de casos de sacerdotes que deben presentarse cada mes ante las autoridades; muchos --dijo-- deben viajar desde el interior.
“Los que han tenido más problemas son los franciscanos, porque les han bloqueado la entrada a los extranjeros que trabajan acá”, agregó monseñor Mántica, quien no brindó más detalles al respecto y omitió referirse a las razones del bloqueo de Migración.
Sacerdote Lemus Aguilar, bloqueado sin explicaciones
Al sacerdote José Lemus Aguilar, párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María, de la diócesis de Matagalpa, le recomendaron realizar la solicitud de ingreso a Nicaragua, ya que el pasado 31 de enero no dejaron ingresar al país a otro fraile de su misma congregación. El primer sacerdote bloqueado fue el fraile Santos Fabián Mejía, responsable de la parroquia San Francisco de Asís, de Juigalpa, en Chontales.
Lemus asegura que dudó si era necesario hacer el trámite, ya que sus documentos estaban en regla. Sin embargo, finalmente decidió hacerlo, y la empresa de transporte en la que viajaría le informó “que les habían comunicado que mi nombre tenía restricciones de reingreso al país”, cuenta.
El ocho de febrero, día en el que viajaría, el sacerdote volvió a gestionar el permiso de ingreso, pero la respuesta fue la misma: no podía entrar. No hubo justificación del bloqueo migratorio, subraya.
En búsqueda de respuestas, el sacerdote recurrió a la embajada de Nicaragua en San Salvador, pero le dijeron que no tenían información al respecto, que tampoco podían ingresar al sistema del Ministerio de Gobernación.
Argumentan que frailes franciscanos “se había metido en política”
Respecto al sacerdote Santos Fabián, el fraile Lemus Aguilar relata que se sabe que un agente de Migración le dijo que se “había metido en política, había violado el acuerdo de los extranjeros, de que no debían meterse en nada”.
Lemus, sin embargo, alega que las acusaciones son “cosas que realmente nunca hizo”, aunque comentó que durante el levantamiento popular de 2018 los sacerdotes “estuvimos cerca del pueblo”. A su juicio, “no necesariamente estábamos haciendo política, sino, tenía una fuerza moral que se necesitaba en ese momento. Esa fue la razón”, alegó el sacerdote Lemus.
Monseñor Marcial Guzmán, obispo de la diócesis de Juigalpa, asegura, que el sacerdote Santos Fabián le comunicó que no le permitieron entrar y le dijeron que no era “apto” para estar en el país. Pero no sabe más del caso. El sacerdote de esta diócesis afectado desistió de brindar declaraciones.
Mientras tanto, el sacerdote Lemus no comprende a qué se debe que en esta ocasión no le permitieran ingresar, ya que en otros viajes no ha tenido dificultades. “No sé cuál fue exactamente la razón”, asegura.
“Tal vez pueda ser algo también, el hecho de que yo estaba trabajando en la diócesis de Matagalpa, y siempre, en la diócesis ha habido alguna dificultad, pero, porque la posición que tiene la diócesis es crítica; y de alguna manera, todos también tenemos esta visión. No de criticar al Gobierno, sino de (denunciar) la injusticia, y de todas las violaciones a los derechos de las personas, pues eso es parte de nuestra misión también, denunciar el mal, y eso algunas veces, lo hicimos, porque desde el Evangelio tenemos que denunciar el pecado y toda injusticia, pueda ser que por algo, tal vez, por eso”, señala.
La diócesis de Matagalpa está a cargo de monseñor Rolando Álvarez, uno de los obispos que en homilías exhorta a los gobernantes a respetar los derechos humanos y escuchar las demandas de la población. Álvarez también fue uno de los obispos que participó en representación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en la mediación del primer intento de Diálogo Nacional entre mayo y junio de 2018.
Mayor control para extranjeros
El bloqueo migratorio a los sacerdotes franciscanos ocurre en un contexto en el que los extranjeros residentes, entre ellos empresarios, emprendedores, profesionales, han sido citados por las autoridades de Migración, para intimidarlos y amenazarlos con deportación, si estos se involucran en “actividades políticas”.
CONFIDENCIAL reportó las denuncias de varios extranjeros, que accedieron a hablar bajo anonimato para evitar mayores represalias. Contaron que entregaron su cédula de residencia, con vigencia de cinco años, y les devolvieron un documento válido por tres meses.
Aunque esta situación ha ocurrido a inicios de este año, el sacerdote Lemus explicó a CONFIDENCIAL que, en agosto de 2020, Migración también llamó a los sacerdotes extranjeros. En su caso, detalla, le redujeron la vigencia de su cédula de residencia de cinco años a seis meses. Este 24 de febrero le correspondía renovarla, pero no logró hacerlo debido a que le prohibieron el ingreso, después de salir a San Salvador a una actividad pastoral.
Antecedente contra el sacerdote colombiano Luis Carillo
A finales de 2020, el régimen orteguista, a través de Migración, canceló la residencia del sacerdote colombiano, Luis Carrillo, responsable de la parroquia San Judas Tadeo, de Condega. El sacerdote Carrillo, al igual que los casos de los dos frailes franciscanos, tenía su residencia vigente.
Monseñor Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí, afirmó entonces al medio “Portavoz Ciudadano”, que ese tipo de acciones son “parte del mismo proceso de persecución que vive la Iglesia en Nicaragua”.
“Hay sacerdotes extranjeros que levantan su voz por la justicia y eso no le agrada al régimen”, denunció el obispo.
El sacerdote Lemus estuvo nueve años en Nicaragua, tres de ellos en Matagalpa. Ahora, sin poder regresar a Nicaragua, donde ha dejado sus objetos personales, como libros y ropa, reflexiona que en el país,“fácilmente llega gente a grabar y a tomar fotografías a las iglesias”, con el objetivo de documentar “qué es lo que decimos los sacerdotes”.
“Puede ser que alguna vez, aquello lo tomaron como una injerencia en los asuntos políticos del país”, señala.
El fraile franciscano lamentó no despedirse de la feligresía, y asegura que trabajar con la gente en Nicaragua “es una bendición”.
“Se trabaja con gente de mucha fe, de disponibilidad, gente muy cariñosa”, expresa, tras declararse satisfecho de haber cumplido su misión: “Llevar a Cristo al corazón de la gente”.
Hasta ahora, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) no se ha pronunciado sobre la situación migratoria de los sacerdotes. La iglesia Católica ha sido perseguida por el Gobierno desde 2018, cuando estalló la protesta cívica, y los religiosos protegieron a la ciudadanía de todas formas de violencia, incluidos, ataques armados, como sucedió en la Iglesia de la Divina Misericordia, en Managua, y la iglesia San Miguel Arcángel, de Masaya, que aún conservan en sus estructuras las balas de la represión. También la Catedral Metropolitana de Managua, la Basílica Menor de San Sebastián (en Diriamba) y otras parroquias fueron profanadas por turbas orteguistas.
