17 de febrero 2021
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El fracaso del Senado estadounidense para declarar culpable a Donald Trump por instigar los disturbios del 6 de enero en el Capitolio —por lo que la Cámara de Representantes había solicitado su juicio político— plantea dudas sobre la capacidad del Congreso para lograr que un presidente rinda cuentas por sus acciones anticonstitucionales. Los fundadores del país procuraron evitar que un presidente ampliara su propio poder al punto de convertirse, de hecho, en un rey. Con Trump el sistema constitucional estadounidense tenía una daga apuntando a su corazón: un presidente que se negó a reconocer que había perdido una elección y estaba dispuesto a usar a la turba para atacar físicamente a otro de los poderes supuestamente equivalentes.
Los fundadores de EE. UU. hicieron que una condena del Senado, que implica la destitución del cargo, por un delito procesable —que no necesariamente ha de ser un delito legal— resulte muy difícil, porque requiere una mayoría de dos tercios. Creían que no se debe destituir a un presidente por un cambio de humor en el país.
Nunca se destituyó a un presidente mediante el juicio político de la Cámara seguido de una condena por el Senado; Richard Nixon renunció porque los líderes republicanos en el Congreso le informaron que ya no contaba con suficiente apoyo en el Senado para seguir ejerciendo. Básicamente, sacar a un presidente de sus funciones implica anular el voto del pueblo. Por otra parte, es probable que esa persona mantenga el control de al menos un segmento de su partido. De hecho, hasta no hace mucho en la historia estadounidense, los políticos se resistían incluso a hablar de este tema.
El cuasi juicio político y destitución de Nixon en 1973-74 fue un punto de quiebre histórico. Cuando surgieron las primeras conversaciones serias sobre el juicio político contra Nixon después de que despidió a una serie de fiscales generales para destituir al fiscal especial Archibald Cox, la mayoría la consideraba como una propuesta formidable y hasta aterradora. Fue la primera vez en que surgía seriamente el tema desde que casi destituyeran en 1868 al presidente Andrew Johnson. A partir de Nixon, la idea de usar esa solución surgió con mucha más frecuencia.
El problema fundamental del proceso de juicio político como método para hacer rendir cuentas a un presidente es que la cláusula relevante en la Constitución, escrita en 1787, fue diseñada para una situación política diferente de la que tuvo EE. UU. durante la mayor parte de su historia. En esa época, el país no tenía verdaderos partidos políticos. Los fundadores, de hecho, temían las «facciones» o partidos, que surgieron a medida que creció el debate acerca del papel adecuado del gobierno federal.
En su discurso de despedida, George Washington advirtió contra «los nefastos efectos del espíritu de partido». Este espíritu, advirtió Washington, «nace de las pasiones más fuertes de la mente humana». Además, el ensayo llamado Federalist Paper N.° 10, escrito por James Madison, indicaba que la Constitución fue escrita con un espíritu opuesto a los partidos políticos.
Uno de los motivos que hace dudar de la eficacia del juicio político y la condena como instrumento para destituir a un presidente (al menos, a uno republicano) es que como cada Estado tiene dos senadores, los estados más pequeños, cuyas poblaciones suelen ser rurales y conservadoras, controlan un poder excesivo para su tamaño relativo. Pero la gran diferencia entre los procesos del juicio político contra Nixon, en el que había un consenso bipartidista, y el de Trump derivan principalmente de cambios profundos en el Partido Republicano.
Los republicanos de la época de Nixon eran mucho más centristas y menos vengativos que el partido trumpista actual. Mientras Nixon mantuvo la lealtad de los miembros del partido republicano, no hubo amenazas de expulsión contra quienes trataban de destituirlo. Fue el temor a una oposición futura lo que llevó a los republicanos de alto copete a presentarse en la Casa Blanca y decirle que no contaba con el apoyo político en la Cámara ni en el Senado para continuar ejerciendo sus funciones, para no tener que votar sobre el tema.
Cuando anunció que votaría a favor del juicio político contra Trump, la diputada Liz Cheney, una verdadera conservadora (e hija del exvicepresidente Dick Cheney), dijo: «nunca un presidente estadounidense traicionó tanto a su función y al juramento que hizo para respetar la Constitución». Cheney desdeñó las tensiones que había alimentado Trump durante semanas en la derecha radical afirmando, falsamente, que le habían robado la elección, e instando luego a la turba a ir al Capitolio en el preciso momento en que se contaban los votos del Colegio Electoral y a «pelear como locos».
Por sus dichos, Cheney fue censurada por el Partido Republicano de Wyoming y se puso en duda su puesto como tercera candidata republicana para la Cámara en la asamblea del partido.
Jamie Raskin —el principal abogado querellante de la Cámara— y sus ocho colegas hicieron un trabajo maestro en la preparación del caso contra Trump. Rasking es además profesor de derecho constitucional, por lo que cuando hablé con él al final del sábado, después del evento en el Senado, le pregunté si, dadas las circunstancias tan distintas entre el momento en que se redactó la Constitución y la actualidad, y considerando el excesivo poder de los estados pequeños en el Senado, esperaba lograr que dos tercios votaran para condenar a Trump. Raskin respondió: «Siempre pensé que teníamos más probabilidades de conseguir 100 votos que 67. Creí que cuando presentáramos nuestro caso, se desmoronaría el apoyo a Trump».
Y prosiguió: «pero, aparentemente, no hay límite a lo bajo que pueden caer algunos de nuestros colegas del Partido Republicano. Llegamos a un punto en la historia en que un partido que alguna vez fue grande puede comportarse como un culto. Los hechos, la lógica y el Estado de derecho ya no forman parte de la ecuación». Rasking atribuyó esto a que «su líder ejerce control psicológico, financiero y político sobre sus seguidores. Armó un fondo de reserva que amedrenta a los republicanos».
Rasking concluyó diciendo que «el sistema de partidos políticos se apoderó del sistema congresista. Ya no son dos poderes los que gobiernan el congreso, sino dos partidos, y uno de ellos abandonó la razón y el sentido común».
Aunque Trump haya evitado que el Congreso lo sentenciara por instigar un ataque asesino de las turbas contra el Capitolio estadounidense, queda claro que la historia sí lo responsabilizará por él.
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Texto original publicado en Project Syndicate
