14 de febrero 2021
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“Te vamos a matar, dejá de andar jodiendo vos y todos estos majes”. Esa fue una de las amenazas que un hombre regordete, vestido de chaqueta negra, cubierto con un pasamontaña que no dejaba ver su rostro, le gritó al exprisionero político David Lagos y a otras tres personas en su casa la noche del pasado 23 de enero cuando celebraban el cumpleaños de su esposa.
Para este matagalpino las amenazas de hombres encapuchados no es nada nuevo. En 2018 estuvo encarcelado cinco meses y desde que fue liberado en 2019, el acoso se volvió intenso. No había noche en la que no pasaran gritándole ofensas, lanzándole piedras o en que una patrulla policial o motorizados se plantaran frente a su vivienda “para intimidarme”.
“Es una estrategia de atemorizar la de estos grupos armados delincuenciales paramilitares patrocinados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen amenazando de muerte porque están seguros que tienen comprada la impunidad”, explica.
Lagos insiste en que muchas veces pasan y “se palabrean” con él. Le gritan ofensas, le pasan tirando botellas. Todos esos acosos los tiene grabados con una cámara de seguridad que instaló afuera de su vivienda. “Me dicen salite y aunque me he sentido tentado a salir a pelearme con ellos me frenó para no darles motivos para matarme”, sentencia.
A veces ha salido a encararlos, cuando llegan policías, junto a civiles y a turbas afines al Gobierno. Pero en otras ocasiones, los que llegan son los denominados paramilitares, grupos de hombres armados con fusiles de guerra que participaron en la denominada “Operación Limpieza”, para quitar los tranques y barricadas durante las protestas de 2018.
Aunque el Ejército y el Gobierno no reconocen la existencia de estos grupos de civiles armados, que han operado de forma conjunta con la Policía, al margen de la ley, para reprimir de forma violenta la protesta cívica, las denuncias ciudadanas y periodísticas sobre su existencia son abundantes. El régimen los oficializó como “policías voluntarios”.
Asedios son constantes
El Monitoreo Azul y Blanco registró 1797 denuncias de hostigamientos en 2020, de policías, civiles, turbas y paramilitares. 265 de estos actos fueron realizados únicamente por civiles no identificados y/o paramilitares.
Managua con 74 denuncias, Matagalpa con 24, León con 20 y Masaya con 18 reportes son los departamentos donde hubo más actuaciones, al margen de la ley, de estas agrupaciones civiles contra opositores.
En enero de 2021 reportan 185 hostigamientos con distintos perpetradores; cinco de ellos realizados exclusivamente por civiles no identificados y/o paramilitares.
Matagalpa con dos denuncias; Managua, León y Madriz con una denuncia cada uno, son los departamentos que reportan asedios de estas fuerzas paraestatales.
Una fuente del Monitoreo Azul y Blanco explica que muchos opositores no denunciaron la totalidad de las agresiones, asedios e intimidaciones porque, en algunos casos “son constantes y casi diarias” y dejaron de reportarlas.
También aclara que en muchos casos “es muy difícil saber en los hostigamientos de civiles quiénes realmente son los que los realizaron” porque participan turbas, civiles, personas de inteligencia de la Policía, paramilitares.
“A la gente les cuesta identificarlos y es parte de la misma dinámica del régimen de confundirlos y de hacer creer que los paramilitares no existen e intentan que no se sepa cómo funcionan”, apunta la fuente.
“A los paramilitares los conocemos”
Lagos dice que a casi todos los paramilitares los conoce. Aunque anden encapuchados “la mayoría en Matagalpa sabe quiénes son”.
“Aunque se pongan pasamontañas y cascos para ocultarse sabemos su identidad porque son de los mismos barrios que nosotros”, explica. Sin embargo, admite que hay algunos que no han sido posible saber quiénes son.
El hostigamiento en su vivienda ha hecho que su familia deje de visitarlo. Si me reúno con alguien vienen a tomar fotos, amenazarme. “Varias veces les he dicho que es malo lo que hacen contra nosotros, porque actúan como delincuentes”, insiste.
“Yo les grito que se busquen un trabajo y que dejen de ser sicarios, asesinos y delincuentes de esta dictadura”, detalla Lagos.
“Me mantengo nervioso”
“Juan”, es otro excarcelado político de Estelí, que ha sido asediado y perseguido por paramilitares. Dice que se mantiene nervioso y prefiere no dar su nombre por temor a que los ataques incrementen.
“Estos paramilitares son grupos irregulares que hacen lo que quieren y se amparan con la licencia que le da la dictadura por ser sus fieles asesinos que han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirma.
Muchas veces cuando sale a la calle se ha dado cuenta que lo siguen personas en motos o en vehículos. “Te salen en una calle, se ocultan y te vuelven a aparecer”, comenta. Sin embargo, al anochecer los que lo asedian son hombres encapuchados que él identifica como paramilitares.
Este hombre fue procesado por terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos, tras su participación en las protestas de 2018 contra Ortega. Fue liberado también en 2019. Desde entonces los asedios y amenazas no han cesado.
Para “Juan”, el actuar de los paramilitares es ilegal, pero cuentan con “la bendición y el apoyo” de la dictadura y de la Policía Nacional. En algunas ocasiones los que llegan a su vivienda a intimidar son patrullas con efectivos policiales “pero casualmente cuando se van, llegan los encapuchados”.
“Quieren hacer ver que no actúan juntos, pero no es coincidencia que lleguen a tirar piedras, a amenazar con armas y a gritarnos cuando no hay policías cerca. Lo que quieren es generar terror en nosotros, en nuestras familias y entre cualquier vecino que se les oponga”, comenta.
“Salí que te vamos a matar”
Cuando le toman fotos a “Juan”, él también les toma fotos. La mayoría son un grupo de diez o doce paramilitares que llegan a su vivienda.
El mes pasado llegaron a la casa de un amigo al que visitaba. Uno de ellos lo amenazó de muerte directamente a él. “Ya te conozco hijueputa, sabemos dónde vivís, allá te vamos a estar esperando. Te vamos a matar”, le gritó el hombre que se acercó hasta el portón de la vivienda.
Desde hace un tiempo “Juan” se ha limitado a salir a la calle por temor. “No tengo miedo a que me lleven detenido, porque al menos ya eso lo viví y sé de lo que son capaces. Pero si tengo miedo que saquen una pistola y me maten porque ellos siempre andan armados”, explica.
Para este joven de Estelí, aunque los paramilitares “no se ven como en 2018 porque el asedio ahora es más selectivo, es una realidad que siguen entre nosotros, aunque intenten ocultarlos”.
Siguen actuando al margen de la Ley
La abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, Wendy Flores, apunta que las fuerzas paramilitares siguen actuando en el país porque no han sido desmanteladas, sus miembros no han sido enjuiciados y “siguen actuando al margen de la ley amparados por el Gobierno”.
“Las fuerzas paraestatales no han dejado de operar y se mantienen cubiertos por el Gobierno que los mantiene y premia por su apoyo, porque sus actos de intimidación les ayudan a mantenerse en el poder”, refiere Flores.
La defensora de derechos humanos explica que existen denuncias de que estas organizaciones, fueron formadas por desmovilizados de guerra, expolicías e incluso por miembros del Ejército.
“Es una persecución constante”
Para “Josefa”, reconocida opositora de Jinotepe, los paramilitares siguen actuando en varias de las ciudades donde “arrasaron” con las barricadas y tranques “porque muchos de ellos son de las mismas ciudades”.
A su casa llegan con frecuencia hombres a tomar fotos, a anotar quién entra y quién sale. Pero también a intimidar por las noches. “Aunque algunos de ellos ya no usan pasamontañas todos en la ciudad saben que fueron parte de los paramilitares porque hay fotos de ellos mismos celebrando después de la masacre contra los manifestantes”, insiste.
Ella se alejó de cualquier participación política en la oposición. Sin embargo, “verme hablando con cualquier opositor les genera temor que de inmediato mandan a patrullar e intimidar”.
“Cualquier fuerza que no sean policías o militares son gente actuando al margen de la ley. Ellos siguen queriendo imponer el terror en Jinotepe que mantienen desde el 8 de julio de 2018 cuando ejecutaron la masacre que mató, hirió y encarceló a muchos jóvenes”, explica.
