10 de febrero 2021
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La publicación en La Gaceta de este martes, de la Ley 1061, que contiene las reformas y adiciones a la Ley 842, de Protección de Consumidores, obligó a reunir de emergencia a las juntas directivas de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), y a la de la Cámara de Microfinanzas (Asomif), para analizar el texto legal, y decidir por separado, cómo reaccionarán ante esta nueva realidad.
En el caso de Asomif, sus directivos decidieron esperar a que la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), publiquen las normativas reformadas, que son las que permiten aplicar la Ley. Como ellos no captan depósitos del público, las empresas que integran esta cámara no corren el riesgo inmediato que sí corren los bancos, pero sí podrían verse afectadas a mediano plazo.
La semana pasada, la Asamblea Nacional acordó reformar la Ley 842, para permitir que las personas sancionadas por Estados Unidos, acusados de violación a los Derechos Humanos o corrupción, puedan volver a abrir cuentas en los bancos del país, lo que a su vez, puede acarrear serias consecuencias en contra del sistema bancario nacional, y contagiar a los sectores de la economía que efectúan transacciones internacionales.
“Los bancos tienen que recurrir, pero no por inconstitucionalidad, sino de amparo, porque es lo que toca cuando una ley te afecta, y en este caso, los bancos están siendo agredidos jurídicamente. Están sufriendo una agresión directa”, dijo desde el anonimato, un abogado que trabaja para la banca nacional.
Al presentar el amparo, el Tribunal de Apelaciones puede mandar a suspender la ejecución de la Ley, aunque eso depende de dónde quede radicado el recurso: en la Sala 1 “hay gente más independiente, donde sí habría alguna posibilidad de que fallaran conforme a Derecho, pero lo más probable es que caiga en la Sala 2, a cargo de Gerardo Rodríguez, que es donde radica normalmente este tipo de casos”, dijo el letrado.
Conocedor de la forma en que funciona el sistema, este abogado recuerda que “hasta ahora, el Tribunal siempre ha fallado a favor de los bancos, pero como este caso es político, lo más probable es que lo acepte y lo envíe a Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para su resolución, y de ahí a la Sala Plena, para su aplicación. Solo queda esperar que funcione la separación de poderes, y que los jueces muestren que son independientes, o tengan algún tipo de decencia”, retó.
Aun cuando muchas voces han advertido de los riesgos que se abren ante la banca y la economía nacional, este abogado opina que si un sancionado o uno de sus familiares se acerca a tratar de abrir una cuenta antes que la CSJ resuelva, la opción que le queda a los bancos es… acudir ante la justicia.
“Esta Ley le quita al banco la facultad de cancelar las cuentas por sí y ante sí, que emana del derecho a la libre empresa y a la libre contratación, que está instituido en la Ley General de Bancos. Ahora trasladan a los jueces la capacidad de cerrar la cuenta, pero los bancos podrán solicitar al juez que los autorice a hacerlo, alegando razones de seguridad”, razonó.
Es cierto que el sancionado podrá recurrir ante la Superintendencia de Bancos, y el Banco Central de Nicaragua (BCN), pero estas son entidades que están dentro del terreno del derecho administrativo. Aunque el abogado descarta que el Gobierno se atreva a cerrar algún banco, reconoce que sí puede multarlos.
¿Y si se van de Nicaragua?
El economista y sociólogo Óscar René Vargas, advierte que un deterioro del clima para trabajar aquí, podría alentar a los banqueros a “sacrificar sus actividades en Nicaragua y priorizar sus inversiones en la región con el objetivo de preservar sus actividades regionales e internacionales”.
“Si la intención de Ortega con la reforma de la Ley 842 es disminuir el poder del capital financiero en la ecuación de la política nacional, existe un riesgo que el tiro le puede salir por la culata. El peligro son las repercusiones negativas internacionales gravísimas para la economía nacional”, dijo Vargas en un escrito.
Si bien es cierto, los bancos nicas no compiten con sus pares centroamericanos por el tamaño de sus activos, sí hay que recordar que, esos mismos bancos, instalados en otros países de Centroamérica, han crecido mucho más que aquí, lo que implica que sus dueños nicaragüenses reciben más ganancias por sus operaciones en el extranjero, que por los negocios que hacen acá.
Por su parte, el economista Néstor Avendaño dijo en declaraciones ofrecidas al programa Esta Semana, que la pérdida de los bancos corresponsales, “cerraría todas las operaciones internacionales de los bancos radicados en Nicaragua”.
“Aquí hay bancos extranjeros y bancos locales. La banca radicada en Nicaragua, no podría tener ninguna relación funcional con bancos en el exterior, porque toda transacción pasa por un banco en Estados Unidos, que facilita e investiga todos los fondos que se están moviendo”, añadió.
“Si se suspenden las transacciones, ¿Cómo vamos a cobrar las exportaciones, o a pagar las importaciones? Las remesas familiares cerrarían operaciones; no sé cómo se pagaría la deuda pública externa… no creo que el FMI va a enviar a alguien mensualmente a cobrar intereses o amortizaciones, o el representante local de cualquier multilateral va a recibir el dinero y a enviarlo por valija diplomática”, graficó.
De regreso a los años 80
Al observar el nuevo mundo que se abre ante ellos, el alto ejecutivo de uno de los bancos que tiene presencia nacional, opina con pragmatismo que “no se nos va a acabar el mundo, aunque sí van a bajar a la mitad las exportaciones”.
La fuente recordó que en los años 80 se exportaba a través del BCN, que actuaba como banco comercial, previendo que los exportadores tendrán que volver a hacer grandes filas en el Banco Central, para obtener alguna de las pocas divisas que estarán disponibles.
“Los bancos también pueden trabajar solo en Nicaragua. La gente va a buscar cómo solucionar. Hacerlo será más caro. Se reducirán las exportaciones, se desacelerará la economía, parte de las remesas dejarán de llegar”, pero seguirán llegando, quizás como ocurre en Cuba, que no tiene corresponsalías, pero recibe esos flujos de dinero a través de bancos españoles, lo que encarece y alarga el proceso, explicó.
El ejecutivo de una empresa de microfinanzas que habló con CONFIDENCIAL a condición de mantener su nombre en reserva, enumeró algunos de los daños que sufrirían la banca y la economía nacional, en caso que los bancos perdieran sus corresponsales en Estados Unidos, si alguno cediera ante las imposiciones del régimen, y abriera una cuenta a un sancionado.
“Si un banco pierde su corresponsalía, eso no pone en riesgo el dinero de los depositantes”, pero sí a los exportadores que usan los bancos para manejar su cartera de crédito y recibir su dinero; a los importadores para transferir el pago por lo que recibieron; o incluso, a las empresas de microfinanzas que reciben recursos de fondeadores externos.
El riesgo en este caso, es que les quiten los recursos, o que eleven el precio al que les prestan el dinero a ellos, porque “los acreedores internacionales se rigen por las mejores prácticas en cuanto a lavado de dinero y transparencia, y eso está en los contratos”, dijo relatando que los fondeadores ya los llamando para preguntar cómo los afectará la aprobación de esta ley.
Las entidades locales de microfinanzas trabajan con recursos europeos y multilaterales que se rigen por las normas de lavado de dinero. “Si se sanciona a algún banco en Nicaragua, algunos fondeadores podrían seguir disminuyendo los fondos que nos prestan para colocarlos entre nuestros clientes nacionales”, aclaró.
En referencia a la posibilidad de un aumento en las tasas de interés a las que consiguen los recursos, la fuente mencionó que cuando bajaron las tasas de referencia (la Libor y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos), “las nuestras debieron haber bajado, pero nos las mantienen igual que antes, por el riesgo país”.
