9 de febrero 2021
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A Lenín Salablanca lo han detenido cuatro veces desde que salió de prisión en 2019, por manifestarse contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La última vez fue en Juigalpa, Chontales, a inicios de diciembre de 2020, cuando lo detuvieron por cuatro horas. Los oficiales le hicieron una sola petición. “Me dijeron que dejara de joder. Con esas palabras”, cuenta el hombre de 38 años. Luego, fue liberado, pero el asedio no desapareció.
“Hay fechas y horas claves donde se arrecia el hostigamiento”, asegura y pone de ejemplo su horario laboral, situación que le impide comercializar sus productos porque a los clientes les da temor acercarse.
A varios kilómetros de donde vive Salablanca, en el barrio Jorge Demitrov, de Managua, Kevin Monzón de 20 años atraviesa una situación similar. Ha sido detenido en tres ocasiones y en todas ellas la petición de sus captores se asemeja mucho a la que le hacen a Salablanca. Durante la última detención de Monzón, el 16 de diciembre, un comisionado le pidió que “bajara su perfil”. El joven realiza videos satíricos en la plataforma TikTok. Con ellos se “burla” de Ortega y Murillo.
“Ellos te amenazan, (me pidieron) que me mantuviera en perfil bajo, porque si no la patrulla me iba a caer en la casa. Me dijeron que solo me iban a dejar correr”, comenta.
La “puerta giratoria”
Las historias Salablanca y Monzón grafican una modalidad de represión del régimen, que no es nueva ni es de marca propia. Esta estrategia de represión es conocida por diversos organismos internacionales de derechos humanos como “puerta giratoria”, y consiste en mantener un flujo constante de detenciones y liberaciones, pero también de asedio, e incluso, de casa por cárcel. En los últimos meses, el régimen ha ejecutado esta estrategia de represión con mayor intensidad.
El término “puerta giratoria” fue acuñado por Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, una organización de Venezuela que se dedica a la defensa de los derechos humanos de víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Su principal fin, explica, es rebajar los costos políticos de las detenciones masivas, con encarcelamientos breves, pero reiterados, con los que, a la vez, mantienen la presión y control social.
Las razones por las cuales en los últimos meses esta estrategia se ha utilizado con ahínco pueden ser complejas y variantes, pero según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por activistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua, permite dejar un mensaje en las comunidades donde los detenidos tienen algún tipo de incidencia. Asimismo, busca desmoralizarlos. Prueba de ello es la insistencia de obligarlos a “bajar su perfil”.
Los datos recopilados por el Mecanismo arrojan que en diciembre de 2020 se realizaron 25 detenciones, de las cuales 22 personas fueron liberadas. Además, desde junio de 2020, el régimen ha acortado el promedio de tiempo en prisión de hasta 64 días a entre uno y seis días.
En diciembre, el promedio de días en prisión fue de uno, pero en este sistema también ocurren excepciones. Una de ellas es el caso de Sergio Beteta, el joven que el 21 de diciembre sacó una bandera de Nicaragua en una avenida pública, fue detenido por la Policía y posteriormente acusado de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. El 21 de enero, Beteta cumplió un mes en la cárcel.
“No sabés el día que te pueden echar preso”
Lenín Salablanca vive en un estado de constante zozobra. “Hace más de un mes que no me han retenido, solo vienen policías a la casa y se retiran, dan la vuelta. La experiencia es traumática, no solo para mí. Muchas veces uno sabe a lo que está expuesto, a lo que va a enfrentar, el gran problema son tus hijos menores de edad, tu familia”, comenta.
A pesar del asedio, tiene que trabajar y mantener sus actividades cotidianas. Es un comerciante que se dedica a la venta de todo tipo de productos, pero el hostigamiento al que está expuesto infunde temor incluso a sus propios clientes. “La gente por temor a la represión ni te compran, te dicen que ni quiera Dios, que van a creer que estamos haciendo algo”. También persiste el temor de que si ya ha sido detenido hasta cuatro veces, ¿qué impide una quinta, una sexta?
“Se vive una zozobra de que el día de mañana te pueden echar preso, te pueden golpear o incluso quitar la vida. Es algo muy triste y no se lo deseo a nadie”, relata.
Salablanca ha estado en prisión hasta diez meses, entre agosto de 2018 y junio de 2019, cuando finalmente salió la polémica ley de autoamnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría orteguista. Dicha legislación pretende cerrar las puertas a familiares de víctimas, quienes han exigido justicia para que se esclarezcan los asesinatos cometidos durante las protestas de la Rebelión de Abril de 2018. Con esta figura fueron liberados más de 50 presos políticos que el régimen mantenía en las cárceles tras la etapa más cruenta de la represión. Sin embargo, otros más han sido arrestados en los meses siguientes, y hoy la cifra de presos políticos en las cárceles del régimen supera los cien casos.
“Buscan la manera de callarte”
La primera vez que Kevin Monzón estuvo en prisión fue el primero de agosto de 2019, siete días después fue liberado. En 2020 enfrentó un juicio político, porque según las acusaciones había “agredido” a un simpatizante sandinista con un arma de fuego. “Lo cual es una falsedad, fue solo por quererme callar por hacer videos de su mal gobierno”, dice con aplomo.
Tras cuatro meses de juicio, fue declarado inocente el 18 de noviembre de ese año. Y luego, una tercera vez, volvió a ser detenido el 16 de diciembre, cuando estaba sentado en una banca del Centro Comercial Managua. Fue trasladado a la delegación del Distrito Cinco, donde permaneció siete días.
“Me querían inculpar que yo andaba marihuana, le dije al comisionado que ni me la fumo ni la vendo, luego me amenazaron con que me iban a trasladar a El Chipote (Dirección de Auxilio Judicial)”, relata.
Monzón también ha denunciado en reiteradas ocasiones las ofensas y los golpes que le han propinado las autoridades: “Hay momentos terribles, porque ellos buscan la manera de quererte callar”, detalla.
“El régimen busca la manera de querer silenciar a los que se expresan mal de su Gobierno, y ahora quiere criminalizar las redes sociales e incluso callar a los medios de comunicación”, critica el joven.
En ambos casos, los de Salablanca y Monzón, se ven aplicados los criterios que caracterizan a la estrategia de “puerta giratoria”: detener y soltar. Dejarlos correr un rato, como narra que le dijeron a Monzón los policías, y luego volver a la dinámica. Una estrategia que para el Mecanismo busca agotar no solo a los principales afectados, sino a toda su familia y cercanos.
Etapas represivas de las detenciones
Según el Mecanismo, estas detenciones se dividen en dos etapas. La primera surgió tras las protestas de abril, y consistía en encarcelar masivamente a manifestantes, activistas o liderazgos comunitarios. Estas detenciones vinieron acompañadas de otras acciones como la “Operación Limpieza” ejecutada entre junio y agosto en barrios, municipios y ciudades del país con el fin de desmontar los tranques y los focos de resistencia que permanecían activos.
“En ese momento lo que veíamos eran detenciones masivas. Se llegaron a contabilizar hasta 800 personas detenidas y judicializadas una parte importante de ellas. El régimen detenía a las personas, pero no las soltaban”, explica una fuente del Mecanismo, que por razones de seguridad y para no impedir el trabajo que realiza este grupo solicitó mantenerse en el anonimato.
“Los flujos de salida eran mínimos, por no decir inexistentes. En ese momento la sociedad civil empezó a denunciar este fenómeno. Todo esto hizo que se elevara el costo político que representaba para la dictadura tener a estas personas tanto tiempo, con elementos tan evidentes de violaciones a los derechos humanos”, agrega.
Tras eso, iniciaron los procesos de excarcelación amparados en la Ley de Amnistía, con el fin de mitigar ese “costo” y pasar a una dinámica de “puerta giratoria”. No obstante, el régimen todavía mantiene a un grupo considerable de presos por motivos políticos. Al menos 106 de más de mil personas encarceladas en diferentes momentos, hoy permanecen en las cárceles del régimen.
Coincide en que estas detenciones “cortas” tienen “un mensaje político” no solo para el capturado, sino para su entorno inmediato, los vecinos o los espacios de organización. “Funciona como una estrategia de control territorial”, agrega.
“Pareciera indicar que lo que están tratando de hacer es intimidar de otras formas a los liderazgos políticos que puedan ser peligrosos para ellos”, explica la fuente. En muchos casos, también es un método de “elevar la presión hasta el punto de exiliarse”.
