3 de febrero 2021
AA
Share
La imagen de los asesinatos sigue intacta en su memoria. Aquel 17 de diciembre de 2015 —desde el corredor de su casa de madera— “Juana” escuchó gritos y disparos. Pese al “alboroto”, la mujer de etnia miskita, decidió acercarse a la puerta, y divisó a los hombres armados que estaban invadiendo su comunidad Esperanza de Río Wawa, ubicada en el Caribe Norte de Nicaragua.
“Juana” logró huir con ocho de sus trece hijos, tras ser testigo de la “furia” de los colonos y ver cómo fueron asesinados uno de sus vecinos y un cuñado.
Aquel hecho, llegó a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó medidas provisionales ante la Corte Interamericana, denunciando que, en esa comunidad miskita, unos 200 colonos entraron, atacaron y asesinaron a dos indígenas. Como “Juana” y sus hijos, otras veinte familias se vieron obligadas a dejar sus casas y desplazarse para proteger sus vidas. Pero las invasiones no han cesado y el temor sigue vigente.
Cinco años después del ataque, “Juana” aún tiene miedo, y por eso solicita que se reserve su identidad y se le asigne un seudónimo. Desde el ataque, solo ha vuelto en dos ocasiones a la comunidad donde vivió 47 de sus 52 años. Regresó para ver a los hijos que “no quisieron salir de ahí”, pero relata que únicamente “aguanta una noche”, porque —donde antes fue su hogar— no logra dormir por el miedo. El ruido de cualquier animal la pone nerviosa, y revive la imagen de los “colonos entrando” a arrasar con su comunidad.
“No me siento segura de volver a mi comunidad, no puedo volver porque sé que nos siguen matando y pienso que en cualquier momento pueden llegar los colonos y volver a hacer lo mismo que a mi vecino y mi cuñado”, comparte.
Colonos desatan “cacería” en comunidades indígenas
El ataque de colonos armados contra los indígenas mayangnas y miskitos está en aumento.
Un análisis de datos de CONFIDENCIAL, a partir de los reportes de ataques de los últimos años, comprueba que, desde abril de 2018 a enero de 2021, las invasiones de colonos han incrementado, en una sangrienta avanzada que ya deja 17 indígenas asesinados, sin que hasta ahora se conozca la detención o condena de los responsables.
El 2020 fue un año nefasto. Un total de trece indígenas fueron asesinados, según un informe divulgado esta semana por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en conjunto con el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT).
El documento detalla que, de 2011 a 2020, un total de 49 indígenas fueron asesinados, 49 resultaron heridos y 50 fueron secuestrados o desaparecidos.
Los ataques tienen en común que fueron ejecutados por sujetos no indígenas, armados en su mayoría con escopetas, rifles tipo AK, armas calibre 22, cuchillos y machetes, según la denuncia de los Gobiernos territoriales, comunales y organizaciones civiles con presencia en la zona.
A su paso, las comunidades son arrasadas. De abril de 2018 a la fecha también se registran decenas de viviendas, casas pastorales, centros de salud, escuelas y acopios de granos básicos y cultivos calcinados o destruidos. El objetivo: obligar a los comunitarios a abandonar sus parcelas. En los últimos 38 meses, más de cincuenta familias han sido desplazadas de sus territorios.
Según Cejudhcan, hasta 2019, hay más de mil personas, desplazadas desde doce comunidades, que recibieron medidas cautelares y provisionales, extendidas por la CIDH y la Corte IDH, respectivamente.
Entre las comunidades beneficiadas con estas medidas, que no son cumplidas por el Estado de Nicaragua, están: Esperanza Río Wawa, donde vivía “Juana”. Además: Santa Clara, Wisconsin, Francia Sirpi, San Jerónimo, Santa Fe, Esperanza de Río Coco, Klisnak, Cocal, Naranjal y Wiwinak, todas del municipio de Waspam, en el Caribe Norte.
Impunidad “promovida” desde el Estado
Las organizaciones afirman que los ataques contra las comunidades y sus habitantes indígenas son “sistemáticos y violentos”, y entre las víctimas también hay defensores de las etnias mayangna y miskita, originarios de la cuenca del Río Coco o Wangki y de la Reserva de Biósfera Bosawás.
El incremento de los ataques va de la mano con la impunidad. Según las organizaciones, “los perpetradores y ejecutores del tráfico ilegal de tierras y la usurpación de los recursos naturales y de la tierra en general”, se ven favorecidos por “las autoridades estatales, en lo que parece una política de colonización interna encubierta por parte del Estado”.
A su vez, denuncian que todas estas amenazas, agresiones, asesinatos y desplazamientos forzosos “no son investigados por las autoridades nicaragüenses y, por lo tanto, los responsables materiales e intelectuales nunca son enjuiciados”.
Lottie Cunningham, abogada defensora de derechos humanos y fundadora de Cejudhcan, afirma que los territorios indígenas han sido “impactados gravemente” y advierte que se les está llevando a “un inminente etnocidio”.
La defensora recuerda que el etnocidio se da con la “pérdida continua de sus territorios” indígenas, que a su vez puede llevarlos a la “pérdida de su identidad cultural”, ante la “presión de desplazamiento forzado, la discriminación racial institucionalizada, la exclusión social y la falta de acciones estatales concretas, para proteger la vida de la comunidad y los territorios”.
Integrantes del Gobierno Territorial y Comunal Mayangna, que conversaron con CONFIDENCIAL con la condición de que su identidad fuera protegida, también critican que las autoridades “no han detenido a nadie o al menos no lo han informado”. Ni por los ataques más antiguos ni por los recientes, como el registrado el pasado 22 de enero en Wilus, del territorio Sauni As, dentro del corazón de la Reserva Biósfera de Bosawás, donde tres indígenas mayangnas fueron heridos de bala; o el ataque a la comunidad Alal, también en Sauni As, el 29 de enero de 2020, que dejó cuatro asesinados, dos heridos y quince casas calcinadas.
Los líderes mayangnas reconocen que en noviembre de 2019 y en enero de 2020 tuvieron el “apoyo de la Policía y del Ejército”, que aseguran “lograron desalojar a varios colonos en el sector Suniwas y Bethlehem con su presencia” y “detuvieron a tres cabecillas de los colonos”.
Sin embargo, denuncian que, en al menos dos ocasiones, las autoridades del Estado de Nicaragua han dejado en libertad a los colonos que son detenidos. Los comunitarios detallan que la detención de tres cabecillas, en noviembre de 2019, “no sirvió de nada, porque los mismos que los detuvieron los dejaron ir sin cargos”. En noviembre de 2017, en la comunidad de Wilus, también se detuvo a ocho colonos, pero luego de dos meses detenidos —por orden de un juez de Bonanza— fueron dejados en libertad.
“Volví, pero sé el riesgo que corremos aquí”
El reclamo de justicia cada vez es más fuerte, entre los indígenas mayangnas y miskitos, quienes aún en medio de sus dificultades para comunicarse en español muestran su interés por ser escuchados.
“José”, un comunitario de Alal que huyó tras el ataque del 29 enero de 2020, relata en un español maltrecho que continúa esperando que “alguien haga algo para liberar” no solamente a su comunidad asediada por colonos, sino a todo el territorio mayangna en Bosawás.
El indígena, que también pidió proteger su identidad, se describe como “uno de los responsables de la comunidad” y afirma que luego de enterarse de “los primeros muertos” decidieron sacar a la mayoría de los comunitarios para “preservar la vida”.
“El mismo día que llegaron a avisar que nos estaban atacando, que mataron a nuestra gente, se decidió salvar la vida. Salimos como 300 personas, no podíamos estar ahí cuando llegara el enemigo, y se abandonó todo. Unos corrieron a la montaña y otros bajaron a otras comunidades”, detalla.
El hombre indica que solo estuvo un par de meses fuera de la comunidad, pero asegura que el temor a un nuevo ataque sigue latente.
“Volví a la comunidad después de huir de los colonos, pero sabemos que siguen haciendo carriles, asedian, siempre está la amenaza y uno no sabe cuándo tendrá que volver a salir”, lamenta.
El Cenidh, Calpi, Cejudhcan y OMCT exigen al Gobierno “adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas y comunidades”.
El ataque reciente en la comunidad de Wilus, del pasado 22 de enero, ha motivado a la comunidad mayangna a impulsar una campaña para exigir el saneamiento de sus territorios. Organizaciones como el Cenidh se han sumado, denunciando los ataques que se han registrado en los últimos años y demandando acciones “urgentes” del Estado de Nicaragua.
El objetivo de los colonos, afirma “José”, es “quitarnos nuestro hogar, nuestra comunidad”. Su demanda, reitera, es la misma de centenares de indígenas: “Que nos ayuden a liberar nuestro territorio de colonos, que nos dejen vivir tranquilos en nuestras tierras. Nosotros no tenemos armas, no tenemos nada y nadie hace nada por ayudarnos”.
