2 de febrero 2021
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Un grupo de expertos, relatores y miembros de grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han extendido este lunes, primero de febrero, un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que garantice “un entorno seguro y favorable para quienes defienden el medio ambiente y los derechos indígenas en Nicaragua”.
El llamado inicialmente fue impulsado Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y ha sido respaldado por David Boyd, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Dante Pesce, Anita Ramasastry, Surya Deva, Elżbieta Karska y Githu Muigai, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas.
Los relatores y expertos de la ONU también condenaron la muerte del defensor de los derechos de indígenas mayangnas y del medio ambiente, Nacilio Macario, asesinado por colonos el 14 de noviembre de 2020.
Organizaciones de derechos humanos de Nicaragua han detallado que Macario, líder indígena mayangna de la comunidad Musawás, ubicada en el territorio Sauni As dentro de la Reserva Biosfera de Bosawás, en el Caribe Norte de Nicaragua, fue asesinado con arma de fuego por seis individuos cerca del río Wiwina.
Públicamente se desconoce si las autoridades de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua han realizado alguna investigación o captura de los responsables de la muerte de Macario.
En ese contexto, los defensores de derechos humanos de la ONU instaron al Gobierno de Nicaragua “a investigar” el asesinato y “llevar a los responsables ante la justicia”.
“El Gobierno tiene el deber de garantizar un entorno seguro y favorable para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua”, señaló Lawlor.
Lawlor advierte que si los asesinatos no son debidamente “investigados y llevados ante la justicia” por las autoridades correspondientes, en este caso las de Nicaragua, estos delitos “seguirán llevándose a cabo con impunidad”.
El asesinato de Macario es una de las 13 muertes, ocurridas por la invasión de colonos armados en 2020, que han denunciado organizaciones de derechos humanos como el Centro Nicaragüense Derechos Humanos (Cenidh), Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi).
La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos reiteró, como lo ha hecho en otras ocasiones la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michell Bachelet, al Gobierno de Nicaragua la necesidad de “que garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y que condene y sancione públicamente cualquier ataque acto de intimidación contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios, entre otros”.
Defensores de derechos humanos de Nicaragua y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua en contra los nicaragüenses, entre estas: persecución, censuras, detenciones arbitrarias e ilegales, confiscación de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, imposición de casa por cárcel de facto, asesinatos y agresiones físicas y psicológicas contra los opositores e incluso contra los defensores derechos humanos humanos.
