30 de enero 2021
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Lejos de desistir de la confiscación ilegal de nueve organizaciones no gubernamentales y dos medios de comunicación, el régimen orteguista avanzó en labores de limpieza, destrucción y remodelación de infraestructura de las propiedades usurpadas. La acción demuestra el propósito “perverso de esta dictadura”, denunció la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Vilma Núñez, cuya oenegé fue una de las afectadas.
La tarde de este viernes 29 de enero el Cenidh denunció la demolición de su oficina central en Managua y el uso ilegal de su delegación en Juigalpa, Chontales. Hace dos semanas iniciaron los trabajos de remodelación a lo interno y externo, y este viernes fue la inauguración oficial de un centro médico del Ministerio de Salud (Minsa).
Mientras, en Fundación Popol Na en Managua, el pasado martes un camión descargaba material de construcción, bajo la vigilancia de dos antimotines que custodiaban la entrada del inmueble, dijo su presidenta Mónica Baltodano.
Este sábado también aparecieron varias bolsas negras de basura apiladas afuera de la redacción de Confidencial y Esta Semana, ocupada desde hace dos años por la Policía.
Esta es la segunda acción que el régimen emprende, después de que el pasado 23 de diciembre oficializó la confiscación de los edificios colocando rótulos en los que se lee que las propiedades pertenecen al Ministerio de Salud (Minsa).
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"Radicalización de la represión"
Aunque lamentó el despojo y la destrucción de parte del esfuerzo de treinta años de trabajo, la Dra. Núñez reiteró que esta nueva acción represiva no terminará con su lucha por la defensa de los derechos humanos, porque el Cenidh “le pertenece al pueblo”, y sus paredes seguirán siendo testigo mudo de los “crímenes que ellos han cometido”, expresó.
Baltodano, presidenta de la Fundación Popol Na, explicó que, en su caso, el saqueo de la organización se produjo desde el 2019. Desde entonces trabajadores han extraído aire acondicionados, muebles y otros artículos. Esta semana hubo “movimientos como de remodelación, metiendo materiales de construcción, tubos, cemento”, aseguró a CONFIDENCIAL.
Según los rótulos instalados por el régimen, en Popol Na se construirá el Centro Nacional de Diabetología; en el Cenidh, una Casa Materna del Distrito III, en Confidencial, la Casa Materna del Distrito I; y en el canal 100% Noticias, un centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y drogadicción.
El Cenidh fue despojado de su personería jurídica en diciembre de 2018, junto a otras ocho oenegé. Este viernes denunció la demolición de su infraestructura interna.
Foto: Cortesía
Para Baltodano las acciones del régimen muestran “una radicalización de la represión y una radicalización de la violación al orden jurídico”, expresó.
“Sin que la Corte (Suprema de Justicia) nos haya contestado nuestro recurso de inconstitucionalidad, sin que el Ministerio Público haya respondido a nuestra demanda contra la Policía por allanamiento ilegal de nuestras instalaciones en diciembre de 2018, sin que hayan respondido nada desde el punto de vista jurídico, están procediendo de hecho, de facto, con la adjudicación de nuestros bienes a instituciones del Estado, de forma totalmente ilegal e ilegítima”, cuestionó Baltodano.
Buscan “lavarse la cara” con confiscaciones
Para Núñez el hecho que el régimen orteguista adjudique al Minsa de manera arbitraria las propiedades confiscadas ilegalmente es un intento de “lavarse la cara” y es “cinismo personalizado” de la pareja presidencial. "Ellos creen que van a encubrir la barbarie de lo que están cometiendo (…) ellos creen que engañan, de ninguna manera”, expresó la defensora de los derechos humanos.
Amaru Ruiz, presidente de la también confiscada Fundación del Río, afirmó que en su caso no han tenido notificaciones de demolición en su sede central en San Carlos, Río San Juan. Sin embargo, en ocasiones anteriores, Ruiz ha denunciado que autoridades municipales se han apropiado de parte del patrimonio de su oenegé.
Este viernes se inauguró un centro médico en la sede ocupada del Cenidh en Juigalpa, Chontales.
Foto: Tomada de redes sociales
El actuar gubernamental viola la libertad de asociación y el patrimonio de las organizaciones confiscadas, las cuales han presentado recursos de inconstitucionalidad, pero no han tenido eco. Ruiz consideró que es parte de “una continua violación de derechos humanos” y que busca desmoralizar a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, por medio de la desaparición de sus patrimonios, ya que estos representan la historia de las oenegé.
Tras la rebelión cívica de abril de 2018, en diciembre de ese mismo año el régimen orteguista canceló la personería jurídica, de forma arbitraria, de nueve oenegés: Cisas, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia, Cenidh, Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Fundación del Río, Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y Popol Na. También asaltó, censuró y confiscó los medios independientes Confidencial y Esta Semana, y el canal 100% Noticias, que a pesar de ello siguen informando.
La comunidad internacional, organizaciones periodísticas y de derechos humanos han rechazado la actuación del Gobierno y demandan la devolución de los bienes y personerías de las organizaciones afectadas.
