Migración amenaza a decenas de residentes extranjeros

El pasado cuatro de enero, “Laura” recibió un citatorio de la Dirección General de Migración y Extranjería, dependiente del Ministerio de Gobernación, en el que se le concedía plazo para que se presentara ante esa autoridad en Managua, pese a que nunca había sido citada antes.

Ese no es su nombre verdadero, pero la mujer, ciudadana de un país europeo, es solo una de varias decenas de residentes extranjeros que han sido llamados a esa dependencia en las últimas tres semanas, donde se les ha intimidado y amenazado con la deportación, alegando un supuesto involucramiento en  “actividades políticas” dentro del país.

Los afectados son profesionales, empresarios, emprendedores; muchos de ellos (europeos, latinoamericanos, estadounidenses) tienen familia en el país, porque sus hijos (o sus nietos), nacieron en Nicaragua, aunque también hay parejas jóvenes.

CONFIDENCIAL también conoció el caso de un extranjero y su vecino también extranjero, cuyas familias han recibido la visita de personal de Migración que ha llegado hasta sus casas para verificar que sus domicilios coinciden con el que aparece en los registros, y que sus documentos están en regla y al día.

Marlin Sierra, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), opina que son actos “totalmente intimidatorios. No tiene ningún sentido, y más cuando es selectivo. Si fuera generalizado para actualizar a todos los residentes, podría ser, pero es una amenaza dirigida, y les están exigiendo presentarse mes a mes para recibir la actualización de su residencia”.

“Esto viola el Artículo 58 del Reglamento a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, que establece que la residencia permanente en el país tendrá una vigencia de cinco años”, recordó Sierra.

“En algunos casos, han llamado a los hijos --nacionalizados o residentes.- para enviar un mensaje a sus padres, para que les recuerden que no quisieran que sufrieran una separación familiar, y que no usen las redes sociales para opinar. A otra persona después de haberse reunido con él una vez, lo llamaron nuevamente para advertirle que lo iban a deportar si su esposa no bajaba el gas”, relató.

Una persona describió el interrogatorio como “un acto de terror”, en el que con frecuencia le recordaban y señalaban que debería preocuparse por la estabilidad de sus hijos. “Se parece a las prácticas del fascismo en Europa”, dijo otro residente extranjero, “esos controles es como que estás con libertad condicionada, sin haber cometido un delito”.

Área para la atención de extranjeros en la Dirección General de Migración y Extranjería. // Foto: Archivo | Tomada del Gobierno

Intimidación contra residentes extranjeros en Nicaragua

“Laura” dice que la recepción del citatorio no le sorprendió para nada. En su calidad de extranjera residiendo en Nicaragua desde hace más de una década, sabe que es normal que esa dependencia la cite para conversar sobre asuntos referidos a su estatus migratorio, incluyendo el control de los libros en los que lleva la administración de un negocio que desarrolla en el país.

“Pensé que era el control de rutina”, relata, pero le llamó la atención que la cita llegara en los primeros días del año, por lo que supuso que la convocaban para buscar cómo sacarle dinero “porque sabemos que eso es lo que están haciendo en estos días”, detalló.

El día y a la hora indicada, llegó al edificio de Migración portando todos los documentos que les son normalmente requeridos, “sin sospechar nada. Al llegar, me trataron horrible. Me pidieron la cédula de residente, y la entregué creyendo que era solo como identificación. Me dijeron sentate allá, quedate a la vista, y no te movás”, recuerda conmovida.

Después de un rato, se acercó a ella el jefe de Migración, junto a dos funcionarios más, y le dijo “sígame”.

“No me han devuelto mi cédula”, le respondió ella.

“Sígame. Aquí la tengo”, respondió el hombre, en un tono que ella percibió hostil.

Durante la entrevista, le dijeron que tenían pruebas en su contra, con las que podían demostrar que se había involucrado en política, y que le pagaba a los jóvenes de su comunidad para que participaran en los tranques, acusación que ella recibió con sorpresa y rechaza con sorna.

Cuando les pidió las pruebas, lo que le mostraron fue abundantes copias de sus comentarios en redes sociales, con lo que le dijeron que podía perder su residencia, y que tenían derecho a echarla del país, si ellos querían.

“Les dije que si querían echarme que lo hicieran, porque es mi palabra contra la de ellos, y yo sé que no les voy a ganar”, recuerda que les dijo, pero le respondieron que “todavía no”, porque “gracias a los extranjeros hay mucha gente que tiene empleos en el país”.

Conviene que se queden en Nicaragua

Dos ciudadanos oriundos de dos países europeos, confirmaron a CONFIDENCIAL las acciones del Gobierno de Nicaragua para intimidar a estos ciudadanos que, tal como le dijeron a "Laura", en algunos casos son dueños de empresas desde las que crearon decenas de puestos de trabajo.

“Se trata de empresarios que generan empleos. Si los expulsaran, regresarán a sus países del primer mundo, y relatarán estas historias. ¿Cómo quedará Nicaragua? Esa decisión no solo vulnera sus derechos, sino el derecho de los nicaragüenses al empleo”, opinó Pablo Cuevas, asesor legal en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), entidad que conoce de esta situación.

El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), Mario Arana, detalló que la mayor parte de los extranjeros que tiene residencia legal en el país “son retirados, o poseen alguna propiedad, o han invertido acá. También hay ejecutivos de empresas extranjeras y de oenegés que viven en Nicaragua”, y reciben más amenazas.

En caso que el residente sea un retirado o un inversionista extranjero, tratarlo de esa manera “no es óptimo para el clima de negocios, porque esa intimidación viola sus derechos elementales. Hay que facilitar la permanencia de quienes vienen a invertir en empresas privadas, o empresas sociales”, recomendó.

Otras historias relatadas a CONFIDENCIAL coinciden en esbozar una citatoria a las oficinas de Migración en Managua, a la que catalogan de inusual, porque ese tipo de reuniones son más comunes a mediados de año, pero no en enero.

Al presentarse a la oficina gubernamental, los extranjeros entregaron su cédula de residencia --normalmente expedida con una vigencia de cinco años-- y recibieron a cambio un nuevo documento que caduca a los tres meses, como represalia en contra de estos ciudadanos, que también sufren acoso policial y parapolicial.

Una de las fuentes afectadas, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a más represalias, confirmó: “Hablé con un paisano, que tampoco recibió explicaciones. Queremos averiguar qué está pasando. Es año electoral, y están tratando que salgamos del país. Tememos que quieran confiscar nuestros negocios”, dijo advirtiendo que conoce casos de ciudadanos de otras dos nacionalidades (otra europea, y una caribeña), que también fueron amenazados, pero temen hacer una denuncia pública.

No es política. Es doble moral

El representante legal de una persona de origen norteamericano, dijo que en el caso de su cliente, cuando se presentó a renovar su residencia le hicieron firmar un documento en el que básicamente se compromete a no meterse en política; a presentarse mensualmente a Migración del departamento en que habita, y cada tres meses a Migración de Managua, mientras le entregaban una cédula de residencia con solo seis meses de vigencia.

Otra fuente consultada, de origen europeo, confirmó que “varios extranjeros han sido convocados [a las oficinas de Migración en Managua], y les han restringido sus documentos de residencia a un periodo más limitado”. El Gobierno alega que han tenido alguna participación política, pero a nadie le han acusado de algo distinto a publicar una opinión en redes sociales contra la represión, o en solidaridad con los derechos humanos de los nicaragüenses.

Arana dice que, “como residentes no se deben meter en política, y en la circunstancia en que está Nicaragua, recomendaría prudencia en sus redes sociales, las que tampoco deberían ser objeto de inspección. Que sean extranjeros no implica que no tengan derecho de expresar su opinión, aún en redes sociales”.

Cuevas, de la CPDH, recordó que ninguna oficina del Gobierno puede emitir una resolución en contra de estos ciudadanos, porque “el principio a la legítima defensa es universal, además que existen tratados internacionales acerca de cómo debe tratarse a los ciudadanos extranjeros que habitan en un territorio”, citó.

CONFIDENCIAL se puso en contacto con las embajadas de dos países europeos, quienes informaron de su intención de reunirse con sus conciudadanos, a la vez que les recordaban que la ley prohíbe a cualquier extranjero participar en la vida política del país.

“Laura” descarta que esos ataques sean por política, porque “conozco a extranjeros que no se meten en política, y les hicieron lo mismo, y también conozco el caso de un empresario irlandés que simpatiza con el régimen, y publica hasta cosas nazis, pero él no tiene ningún problema. Eso es doble moral”, sentenció.

“¿Quiere una prueba más? Alguien del Frente me dijo que hablara con la gente del partido, que les ayudara económicamente para lograr que me quitaran la vigilancia”, relata. Su respuesta fue: “No puedo, porque no me puedo involucrar en política”.