17 de diciembre 2024
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La Alcaldía de Managua gastó un millón de córdobas para costear la “farsa” que montó la dictadura orteguista para ocultar el abandono de la casa materna “Camila López”, inaugurada en febrero de 2021 para justificar la confiscación ilegal de las instalaciones de CONFIDENCIAL, ejecutada en diciembre de 2018.
De acuerdo con el diario La Prensa, la comuna capitalina incluyó —en su Plan General de Adquisiciones (PGA) de 2024— una partida de un millón de córdobas para obras de “servicio de mantenimiento y reparación de la casa materna Camila López”.
La incorporación de este gasto se hizo el 2 de diciembre de 2024, dos días después que CONFIDENCIAL reveló una fotografía donde se mostraba el abandono de la supuesta clínica materna. En la imagen se veía el edificio cerrado, con la pintura rosado fucsia de las paredes y la impresión de una imagen gigante de Daniel Ortega y Rosario Murillo descascarándose, así como los portones oxidados y los árboles y maleza sin podar.
El mismo 2 de diciembre, la propaganda orteguista anunció que en la casa materna ahora funciona una “clínica materno infantil Camila López”, donde se ofrece “atención más integral a las familias nicaragüenses a través de un equipo especializado de médicos pediatras y gineco obstetras”.
Fuentes vinculadas al Ministerio de Salud revelaron que, el domingo 1 de diciembre, una brigada de trabajadores llegó a cortar la maleza que cubría el parqueo, limpiar y volver a pintar las paredes por dentro y por fuera.
También enviaron a personal del Ministerio de Salud, vestido con gabachas blancas, entre ellos una doctora con sus auxiliares y enfermeras, que posaron para las fotografías y vídeos con los que el régimen intentó encubrir y negar el fracaso de la clínica materna.
Alcaldía de Managua viola procedimientos
La Alcaldía de Managua divulgó en el Sistema de Contrataciones Administrativas y Electrónicas (Siscae), una “compra por cotización mayor”, para justificar un supuesto “servicio de mantenimiento y reparación de la casa materna Camina López”.
Según el diario La Prensa, el proceso de compra fue divulgado el 6 de diciembre de 2024, pero todavía se desconoce quién lo ejecutó y si el monto es similar al que se incluyó en el PGA.
La publicación de la compra se dio varios días después de ejecutada la obra, lo que según un experto en contrataciones públicas —que habló con el diario— “es completamente ilegal”, ya que no se ajustó a “requerimientos de publicidad y transparencia”.
“La publicidad de los procedimientos de compras tiene que ser con anterioridad a la compra, no tiene sentido hacer publicidad de la compra si no es para informar y rendir cuenta”, subrayó el experto.
En febrero de 2021, Ortega entregó al Minsa la propiedad de CONFIDENCIAL y las sedes de otras oenegés y medios de comunicación confiscados, como 100% Noticias, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación Popol Na, el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
El asalto policial de CONFIDENCIAL en 2018
El 14 de diciembre de 2018, la Policía asaltó las oficinas de CONFIDENCIAL, incluyendo del estudio de televisión donde se grababan los programas Esta Noche y Esta Semana, y las oficinas de la empresa consultora Cabal. Sin embargo, el robo a los equipos comenzó desde la medianoche del 13 de diciembre cuando un despliegue policial irrumpió el edificio y sustrajo computadoras y otros equipos.
Por la noche del viernes, 14 de diciembre, la Policía volvió al inmueble, pero esta vez para confiscar junto a los equipos que no se habían llegado la noche anterior.
En el inventario provisional de los bienes incautados a CONFIDENCIAL, Esta Semana y Cabal, presentado ante la Fiscalía en diciembre de 2018 se incluyen 35 computadoras, un estudio de televisión recién estrenado, siete cámaras de televisión, dos editoras de televisión, dos cámaras de fotografía, decenas de discos duros, teléfonos celulares y accesorios de producción audiovisual, así como la documentación contable e institucional de las empresas y de carácter personal, e información privada, en físico y en formato digital.
Desde 2018 hasta la fecha, la Administración del FSLN ha confiscado de forma ilegal centenares de bienes propiedad de ciudadanos, empresas, medios de comunicación, oenegés, universidades, cámaras empresariales e iglesias.
Más de 250 millones de dólares es el costo preliminar de cientos de confiscaciones de propiedad privada ordenadas por la Administración del FSLN desde 2018, según cálculos publicados en una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA).
