12 de diciembre 2024
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Los despidos en el Poder Judicial de Nicaragua no se han detenido desde finales de octubre de 2023, cuando inició la barrida ordenada por la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. Esta situación ha intensificado el ambiente de “temor” e “inestabilidad laboral” dentro de ese poder del Estado.
Fuentes internas confirmaron a CONFIDENCIAL que a principios de diciembre de 2024 fueron despedidos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) varios servidores públicos de las áreas de Nómina, Adquisiciones, Secretaría Administrativa, Medicina Legal y Presupuesto. Estos últimos —inclusive— fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, para ser investigados.
Entre los despedidos figura el exresponsable de Nómina, Aldrin Antonio Payan Montenegro, quien laboró por más de veinte años en la Corte Suprema y había sido reemplazado por Norma Vigil Altamirano, en febrero de 2024. Asimismo, William Amador y Mariela Mejía, del área de Compras.
La purga en el Poder Judicial inició el 24 de octubre de 2023, con el golpe policial ejecutado por el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, contra la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, desalojada de su oficina y enviada a su casa.
Hasta noviembre de 2023, CONFIDENCIAL había corroborado que los despedidos, entre los que se encontraban magistrados, directores de áreas, jueces y secretarias de instancias centrales y locales, así como personal administrativo, eran al menos 900 funcionarios. Para julio de 2024, más de 200 trabajadores se sumaron a la lista, acumulando, hasta entonces, más de 1100 despedidos en el ámbito nacional.
Incertidumbre e inestabilidad laboral
A más de un año de la intervención policial, “la CSJ no ha podido reorganizarse y laborar con normalidad”, advirtió el abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán. “Han llevado a gente nueva, pero sobre la marcha van improvisando”.
Valoró que los constantes despidos se deben a que la nueva administración “no se ha terminado de instalar” y “en la medida que van encontrando piedras en el camino las van eliminando”.
Aclaró que no se conoce un dato exacto sobre los últimos despidos.
Entre los trabajadores “hay mucho miedo y zozobra”, comentó Morazán. “La gente llega a trabajar, pero cuando les piden cosas propias de sus labores, algún informe o algo, creen que es para despedirlos”, añadió.
Además, “estos despidos se hacen sin seguir los procesos disciplinarios impuestos en la Ley de Carrera Judicial, para el caso de los servidores judiciales, y la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, para el caso de las áreas administrativas”, enfatiza el exfuncionario judicial.
Poder Judicial reducido a su mínima expresión
En enero de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó dos reformas constitucionales para quitarle a la CSJ la administración de los Registros Públicos y el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que por ley le correspondía.
En 2024, el presupuesto del Poder Judicial reflejó una reducción del 80.5% —942 millones de córdobas— en el rubro de “salarios permanentes”, lo que dejó en evidencia la ola de despidos ordenada por la dictadura.
La CSJ tenía aproximadamente 9000 empleados y tras la barrida se han eliminado las plazas de trabajo de un poco más del 12% del personal, sin otorgarles una carta de despido, liquidación, pasivo laboral ni fondo de pensiones.
Además, con la reforma total a la Constitución Política, que el régimen disfraza de una supuesta “reforma parcial”, el Poder Judicial fue disminuido a órgano de la Presidencia, la cantidad de magistrados judiciales se redujo de 16 a 9 y se eliminó el nombramiento de ocho conjueces, que ante la ausencia de algún magistrado, eran llamados a integrar la Corte Plena o cualquiera de las Salas.
“Los han reducido a su mínima expresión... Pasaron de ser constitucionalmente un Poder del Estado para ser órgano del Estado que funciona como un Ministerio de Justicia y ahora de 16 magistrados sólo hay 9, por lo que hay oficinas que quedaron sin razón de ser y trabajadores sin funciones”, subrayó Morazán.
Las diez vacantes de magistrados en la CSJ, que se esperaban fueran ocupadas por “funcionarios leales” a Rosario Murillo en enero de 2024, siguen vacías. Para Morazán, esta situación evidencia que ese poder del Estado está “intervenido” y “paralizado”.
“El nuevo secretario general administrativo de la CSJ, Róger Eduardo Martínez Domínguez, quien es leal a Rosario Murillo, es la persona con más poder en este momento”, afirmó.
“Pero lo que queda en evidencia, hasta ahora, por su comportamiento es que los despidos seguirán en los próximos días”, insistió el extrabajador del Poder Judicial.
