Exiliados denuncian un “autogolpe de Estado” de Ortega y Murillo

Un grupo de 71 nicaragüenses exiliados, en su mayoría desnacionalizados, denunció un “autogolpe de Estado” que, a su juicio, ha dado el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de una reforma constitucional que otorga un poder total a la Presidencia de la República sobre los demás poderes.

Los ciudadanos firmaron un pronunciamiento en el que rechazaron la nueva Constitución, aprobada en primera legislatura el 22 de noviembre de 2024, “porque constituye un autogolpe de Estado a la institucionalidad diseñada por consenso en la Constitución de 1987 y sus reformas de 1995”.

Además, porque la misma busca “la consolidación de una dictadura hereditaria familiar, acumulando más poder del que tienen”, y crear “una monarquía absolutista de dos cabezas”.

En su declaración, los 71 nicaragüenses, entre ellos la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, y la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, llamaron a la comunidad internacional a endurecer las “sanciones y medidas contra la dictadura Ortega-Murillo, en el campo político y económico”, y los instaron “a que no se limiten a emitir declaraciones y comunicados”.

Entre esas medidas recomendaron expulsar a la dictadura del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), aplicar suspensión, al menos temporal, del SWIFT que usan bancos de Nicaragua con los de Estados Unidos; y suspender de manera inmediata el financiamiento por parte de los multilaterales.

También introducir juicios contra el régimen de Ortega en tribunales internacionales o nacionales por los “crímenes de lesa humanidad cometidos, incluidos el genocidio, asesinatos y tortura, y violación del Convenio de Apatridia, entre otros delitos”, y rechazar los intentos de Nicaragua de controlar el Sistema de Integración Centroamérica (SICA).

A continuación se reproduce de manera íntegra el pronunciamiento de los 71 nicaragüenses exiliados por la dictadura:

Autogolpe de Estado y extinción del Estado Democrático y Social de Derecho en Nicaragua

* Declaración Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional

El autogolpe de Estado de Daniel Ortega, perpetrado con reformas inconstitucionales aprobadas con carácter de urgencia por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre de 2024, es una ruptura del modelo democrático que establece la Carta de la OEA y el Pacto de Tegucigalpa, violenta la Declaración Universal de DDHH y responde exclusivamente a los intereses de la pareja dictatorial que oprime a los nicaragüenses.

Nosotros, nicaragüenses perseguidos por la dictadura, todos exiliados, algunos ex prisioneros, la mayoría desnacionalizados y confiscados, rechazamos de plano todos los contenidos de dichas reformas, que confirman el carácter totalitario del Estado impuesto por los Ortega y Murillo.

1. Afirmamos que es un autogolpe de Estado, pues bajo la figura de una reforma parcial a la Constitución Política, están haciendo una nueva, lo cual es facultad exclusiva de una Asamblea Nacional Constituyente. Cambia la naturaleza del Estado al declararlo “Revolucionario y Socialista”; se alteran regresivamente gran cantidad de derechos y garantías establecidos en la parte dogmática de la Constitución; se modifica el carácter de una serie de instituciones, principalmente el Ejército y la Policía, y se deja abierta la puerta para que el Ejecutivo, ahora llamado Presidencia, con su poder absoluto, regule y controle, mediante leyes secundarias, la economía del país.

2. Con este autogolpe de Estado y estas reformas, Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan la consolidación de una dictadura hereditaria familiar, acumulando más poder del que tienen, estableciendo a nivel constitucional la sucesión familiar dinástica y el poder absoluto que ya ejercen sobre Nicaragua. Al establecer una copresidencia, que sustituye al Poder Ejecutivo, solucionan sus propias diferencias, para satisfacer a Rosario Murillo sus aspiraciones personales.

3. Mediante el autogolpe de Estado, las reformas inconstitucionales subordinan al poder Ejecutivo —que pasaría a ser simplemente Presidencia— a los otros poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Electoral), que pasarían a ser llamados Órganos. Si por la vía de hecho habían desaparecido como poderes independientes, por medio de este autogolpe de Estado, no queda duda alguna a nivel nacional ni internacional de que en Nicaragua solo existe un poder al estilo de las monarquías absolutas de la época medieval en Europa y que, en este caso, es una monarquía absolutista de dos cabezas.

4. Todo lo anterior violenta la doctrina universal de los países democráticos sobre la existencia y división de poderes del Estado y, más importante aún, el equilibrio entre ellos; se atropellan todos los tratados internacionales suscritos por Nicaragua, en el sentido que, en las partes orgánicas de todas las Constituciones de carácter democrático, se debe establecer la existencia y separación de poderes de un Estado democrático. Además, eliminan la autonomía municipal y la autonomía de los pueblos originarios de la Costa Caribe.

5. El Pluralismo Político, establecido en la Constitución original de 1987, y fortalecida con las Reformas de 1995, fue suprimido por estas reformas inconstitucionales. En la práctica dejan funcionando un Partido Único, que los dictadores consideran es el Estado mismo, pues ubican SU emblema principal, la bandera rojinegra, como símbolo patrio, igualándola a la bandera nacional Azul y Blanco, que une a todos los nicaragüenses y debe ser objeto de nuestra veneración. La confusión Estado-Partido es una violación más al Estado de Derecho, y al orden constitucional.

6. Introducir con las inconstitucionales reformas supuestos conceptos “Revolucionario e Ideales Socialistas”, como fundamentos del Estado de Nicaragua, además de abusivos, están totalmente alejados de la realidad. Los anhelos democráticos de la Revolución de 1979 fueron traicionados por el régimen Ortega-Murillo hace mucho tiempo y los pretendidos ideales socialistas son totalmente contradictorios con sus políticas reales, que han favorecido intereses económicos de minorías, empezando por los de su propia familia.

7. Adicionalmente, las inconstitucionales reformas obligan a cualquier partido político —que ingenuamente pretenda participar en las próximas elecciones, del 2026 o 2027—a adherirse a los principios socialistas y revolucionarios proclamados en ellas. Así, los actuales partidos comparsas en la Asamblea Nacional que apoyaron la reforma, tendrán que declararse socialistas para participar en esas elecciones.

8. El autogolpe de Estado busca legalizar todas las leyes represivas dictadas en estos últimos años, especialmente desde 2018. Basta señalar como un simple ejemplo, la Ley que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, inconstitucional desde su inicio. Así, aunque ahora argumenten el delito de “traidores a la patria”, el despojo de nacionalidad es también una violación a los tratados internacionales.

9. Asimismo, la regresión en todo el articulado sobre los derechos y las garantías de los nicaragüenses, confirma que han sido “letra muerta”, pues la dictadura Ortega Murillo ha violentado, entre otros: el derecho a la vida, la seguridad, la libertad personal, de expresión, asociación y manifestación; de entrar y salir del país; de tener propiedad privada, de prensa, y religión, etcétera. La supresión de más de 20 artículos, como el 36 —que establece que Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes— es apenas una demostración del carácter brutal de la tiranía.

10. Las reformas inconstitucionales convierten al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional en guardia pretoriana al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si en la práctica habían perdido el carácter profesional, las reformas establecen con claridad su carácter partidista al servicio de la dictadura. Además, con el eufemismo de Policía Voluntaria, constitucionalizan a los cuerpos paramilitares que han operado criminalmente contra los ciudadanos.

11. Estas reformas son una declaración de guerra de la dictadura. Con ellas cierran cualquier posibilidad de negociación política o de cualquier tipo de diálogo interno o internacional. Cualquier mascarada electoral que se organice bajo su amparo no serán más que nuevas burlas al pueblo. Por ello, no dudamos que el autogolpe de Estado que significan, será condenado también por las naciones democráticas de América y Europa, y organismos internacionales, y ahondará el aislamiento del régimen.

12. Al mismo tiempo, con el autogolpe de Estado se hace evidente que el régimen Ortega-Murillo es una amenaza para la seguridad nacional de los países centroamericanos: por el desmantelamiento de las instituciones democráticas y el Estado de derecho; el uso de la violencia indiscriminada, el irrespeto a los derechos humanos y la corrupción que permite el blanqueo de dinero y el tráfico de migrantes. Todo ello incrementa la fragilidad de la región frente a la narcoactividad.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes consideramos:

UNO. Rechazamos esta nueva Constitución Política de Nicaragua, porque constituye un autogolpe de Estado a la institucionalidad diseñada por consenso en la Constitución Política de 1987 y sus reformas de 1995. Por ello, llamamos al pueblo nicaragüense a rechazar enérgicamente este autogolpe de Estado perpetrado por Ortega y Murillo en complicidad con los diputados de la Asamblea Nacional.

DOS. Estas reformas son una declaratoria de guerra política al pueblo de Nicaragua. No les basta con los crímenes cometidos. Ahora pretenden la radicalización de la represión y la intensificación de la guerra política, valiéndose de una nueva Constitución que le otorga aún mayores poderes a la dictadura conyugal.

TRES. Creemos que, frente a ello, todos los sectores opositores en conjunción con las bases populares debemos responder con acciones concretas que golpeen a la dictadura, contribuyan al levantamiento popular y aceleren el proceso de implosión del régimen.

CUATRO. Urge un proceso de unidad opositora en la acción de todas las organizaciones políticas, independientemente de que sean liberales, conservadoras, socialcristianas, de la Resistencia Nicaragüense y sandinistas disidentes. Igualmente, las organizaciones sociales, movimientos de la Sociedad Civil, organizaciones religiosas de todo tipo y, en general, del pueblo nicaragüense, hastiado ya de esta dictadura.

CINCO. El autogolpe de Estado perpetrado muestra que la dictadura no tiene ningún interés en solucionar la crisis del país por la vía democrática. No hay condiciones para ningún tipo de diálogo, ni negociación —aunque fueran promovidas por la comunidad internacional—, mucho menos para elecciones. Debemos establecer claramente estas líneas rojas. Para ello esperamos contar con la ayuda de fuerzas políticas democráticas y de países amigos.

SEIS. Hacemos un llamado a los países amigos y a la Comunidad Internacional para que endurezcan sus sanciones y medidas contra la dictadura Ortega Murillo, en el campo político y económico. Instamos a que no se limiten a emitir declaraciones y comunicados. Entre estas medidas señalamos: a. Expulsar a la dictadura del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA). b. Aplicar suspensión, al menos temporal, del SWIFT que usan bancos de Nicaragua con los de Estados Unidos. c. Suspender manera inmediata el financiamiento de las Instituciones Financieras Internacionales. d. Introducir juicios contra la dictadura en tribunales internacionales o nacionales, por los crímenes de lesa humanidad cometidos, incluidos el genocidio, asesinatos y tortura, y violación del Convenio de Apatridia, entre otros delitos. e. Rechazar los intentos de la dictadura de controlar el Sistema de Integración Centroamérica (SICA), poniendo al frente a uno de sus operadores.

SIETE. El Ejército no debe participar en ningún tipo de represión contra las acciones que se desarrollen en la legítima lucha por el retorno de la democracia. El Ejército no fue construido para ser pretoriano ni al servicio de dos criminales de lesa humanidad y de crímenes de guerra, sino un Ejército al servicio de nuestro pueblo. Es hora que se ponga del lado de la democracia, la justicia y la libertad. Igual llamado hacemos a integrantes de la Policía Nacional que aún no se han comprometido en crímenes contra el pueblo.

OCHO. Hemos sido desterrados y obligados al exilio, pero aspiramos a regresar pronto a nuestro país, a luchar y contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance para reconstruir la institucionalidad, la economía y una vida digna para todos los nicaragüenses. Estamos conscientes de que, para derrocar a la dictadura es menester rehabilitar el tejido social, las organizaciones sociales y políticas dentro de Nicaragua. Es la única manera de desplegar las acciones contra la dictadura, para fracturarla y derrocarla. Esta tarea es de todos los nicaragüenses.

NUEVE. Es necesario que la comunidad internacional entienda que la lucha contra un régimen como el de Nicaragua requiere respaldo material de todo tipo. Las declaraciones y sanciones personales son insuficientes. Las tareas de organización, comunicación y divulgación, requieren recursos que la resistencia en el exilio y en el país no tenemos. Poner fin a una dictadura como la de Ortega y Murillo es una contribución con la Democracia en todo el continente.

DIEZ. El protagonismo principal y liderazgo en esta lucha y en el derrocamiento de esta dictadura, corresponde a las jóvenes generaciones que estén dispuestas a asumirla. Tal como lo hicieron en el 2018 y como ocurrió en la lucha contra la dictadura somocista. Los viejos militantes por la democracia en Nicaragua tienen la obligación y el deber moral de apoyar, transmitir experiencias y participar con los jóvenes para lograr este objetivo.

ONCE. Somos millones de nicaragüenses en contra de la dictadura y no se debe permitir que esta continúe intentando convertirnos en esclavos, cómplices silenciosos o en redactores de comunicados políticos desde el exterior, que producen escasos o nulos resultados.

DOCE. No podemos concluir esta Declaración sin recordar y rendir homenaje a los caídos en la lucha contra la dictadura Ortega Murillo. A los asesinados antes, durante y después de la sublevación popular del 2018, en particular, a los niños y jóvenes vilmente ultimados, así como a los que fallecieron siendo prisioneros políticos de esta dictadura. ¡Ellos siempre están presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones!

TRECE. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Comunidad Internacional, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, al Grupo de Expertos (GHREN), a la Comisión Interamericana de DDHH, a la OEA, y a todos los organismos de DDHH que siempre han estado apoyando en la lucha por la democracia en Nicaragua. También nuestro agradecimiento a Estados y Gobiernos que, en distintos continentes, que siguen manifestando su respaldo a la Democracia en Nicaragua.

Dado en Costa Rica, Estados Unidos, España, México y otros países donde hay exiliados nicaragüenses, a los 26 días del mes de noviembre de 2024.

Lista de los firmantes:

1) Moisés Hassan Morales Ex Miembro JGRN 1979- Desnacionalizado Grupo 94

2) Sofia Montenegro Feminista y Periodista- Desnacionalizada Grupo 94

3) Francisca Ramírez Líder campesina- Desnacionalizada Grupo 94

4) Dora María Téllez Ex comandante Guerrillera- Desnacionalizada Grupo 222

5) Amaru Ruiz Ambientalista- Desnacionalizado Grupo 94

6) Oscar René Vargas Escobar Escritor, Sociólogo y Economista – Ex prisionero grupo 222

7) Uriel Pineda Jurista. Defensor de DDHH - Desnacionalizado Grupo 94

8) Héctor Mairena Abogado y dirigente político- Desnacionalizado Grupo 94

9) Roberto Samcam Ruiz Mayor en Retiro- Desnacionalizado Grupo 94

10) Aníbal Toruño J. Radiodifusor- Desnacionalizado Grupo de los 94

11) Lenyn Ernesto Rojas Campos Coord. Carazo Azul y Blanco 8 de Julio. Desnacionalizado G.94

12) Mónica Baltodano M Ex comandante Guerrillera. Historiadora- Desnacionalizada G 94

13) Freddy Antonio Quezada Catedrático universitario, Excarcelado Político, Grupo de los 135

14) Martha Candelaria Rivas Hernández Religiosa, Excarcelada Política, Grupo de los 135.

15) Irving Larios Economista. Dirigente OSC, Desnacionalizado Grupo 222-

16) Ligia Gómez Organización Víctimas de Abril (OVA) Desnacionalizada Grupo 94

17) Donald Alvarenga Mendoza Ex Preso Político Grupo 222- Desnacionalizado Grupo 222

18) Sergio Marín Cornavaca Periodista Exiliado

19) Enrique Alvarenga Meléndez Exiliado Político

20) Rafael Solís Cerda Ex Comandante: Ex Magistrado CSJ- Desterrado Grupo 94

21) José Antonio Peraza Politólogo- Ex Preso político Grupo 222 Desnacionalizado

22) Julio López Campos Ex director de RRII FSLN, Politólogo-Desnacionalizado Grupo 94

23) Carlos Valle Guerrero Ex preso político- Desnacionalizado Grupo 222

24) Humberto Pérez Ex alcalde de Jalapa. Desnacionalizado Grupo 222

25) Prof. Adrián Meza Soza Rector Universidad Paulo Freire- Exiliado

26) Azahálea Solís Abogada- Feminista-Desnacionalizada Grupo 94

27) Dr. Danilo Martínez Exiliado Político.

28) Daisy Zamora Solórzano Escritora. Poeta.

29) Benjamín Lugo Dirigente político exiliado.

30) Rebeca Hassan Exiliada.

31) Evelyn Pinto Defensora de DDHH Desnacionalizada. Grupo 222

32) John Christopher Cerna Zúñiga Dirigente estudiantil. Desnacionalizado. Grupo 222

33) Ángel Navarro, Periodista exiliado.

34) María Lourdes Pallais Periodista.

35) Juan Diego Barberena Abogado y dirigente político - Exiliado

36) Dulce María Porras Aguilar Vice Presidenta de Unamos. Desnacionalizada. Grupo 94.

37) Gonzalo Carrión, Defensor de derechos humanos. Grupo 94

38) Danny Ramírez Ayerdiz. Jurista. Secretario ejecutivo de Calidh. Desnacionalizado G. 94

39) Julio Ricardo Hernández Antropólogo y Economista nicaragüense. Exiliado.

40) Patricia Orozco Feminista y periodista- Desnacionalizada Grupo 94

41) René Alberto Vargas Zamora Economista. Asilado Político

42) Kevin Roberto Solis. Dirigente Estudiantil Ex prisionero. Desnacionalizado G. 222

43) Cinthia Samanta Padilla Jirón Activista juvenil Exprisionera- Grupo de los 222

44) Crescencio Salvador Ramírez Andino, Dirigente sindical ATC- Exprisionero grupo 135

45) Juan Carlos Baquedano, Ex miembro del Ejército- jinotegano- Excarcelado grupo 135

46) Moisés Alfredo Leiva Chavarría, Activista popular juvenil, Matagalpa Grupo de los 222

47) Reyna Isabel Leiva Chavarría, Ex prisionera - Desnacionalizada Grupo de los 135

48) Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Dirigente popular Niquinohomo- Desterrada Grupo de los 135

49) Luis Alfredo Blandón Flores Presidente de UNAMOS- Exiliado

50) Guisella Ortega Cerón (Taylor) Educadora- Ex prisionera Desnacionalizada del grupo 222

51) Oswaldo León-Fariello Ex Funcionario de la OPS Washington

52) Rendell Hebert López Coordinadora Pueblos Indígenas y Afrodescendientes-Exiliado

53) Isaías Javier Ruiz Defensor de DDHH- Docente de primaria Grupo de los 135

54) Victor Obando Valverde Activista Estudiantil excarcelado político Grupo 135

55) Misael Escorcia Rugama Activista juvenil de Sébaco. Ex prisionero. Grupo de los 135.

56) Carlos Alberto Bojorge Martinez, Joven poeta nicaragüenses, excarcelado Grupo de los 135

57) Fanor Alejandro Ramos, Ex policía que se negó a reprimir- Ex prisionero Grupo de los 135

58) Irlanda Jerez Dirigente de los Mercados- Ex prisionera Grupo de los 222

59) Ana Quiroz Víquez Feminista- Defensora de DDHH. Primera Expatriada- Grupo 94

60) Ana Margarita Vijil Dirigente Política- Ex prisionera Grupo de los 222

61) Carlos A Bonilla Lopez (El conejo) Dirigente popular Rebelión de Abril. Grupo 222

62) Maria Esperanza Sánchez. Defensora de Derechos Humanos Excarcelada Grupo 222

63) Silvia Nadine Gutiérrez Defensora de DDHH desnacionalizada Grupo de 94

64) Juan Carlos Gutiérrez Soto. Sociólogo, politólogo. Desnacionalizado grupo 94

65) Gabriel Leónidas Putoy Cano Docente y Expreso Político.

66) Juan Bruno Centeno Espinoza Ex prisionero político. Grupo de los 135.

67) Víctor Manuel Carranza Espinoza Excarcelado Político. Grupo de los 135

68) Julio César Dávila Munguía Activista político, ex prisionero. Grupo de los 135

69) Alba Paola Martínez Lira Activista política, Excarcelada. Grupo de los 135

70) Yader Morazán Especialista en Admón. de Justicia. Desnacionalizado G de 94

71) Efraín Ordóñez Coordinación Articulación de Movimientos Sociales (AMS).

72) Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca Más

*El Grupo 222 hace referencia a ese número de prisioneros que fueron desterrados el 9 de febrero del 2023. Declarados traidores a la patria, desnacionalizados y confiscados.

**El Grupo de los 94, hace referencia al número de nicaragüenses que el día 15 de febrero del 2023 fueron declarados traidores a la patria, desnacionalizados y confiscados. La mayoría ya estaba en el exilio.

***El grupo de 135, hace referencia al número de los prisioneros políticos que fueron desterrados el 5 de septiembre del 2024 hacia Guatemala y luego también fueron desnacionalizados y confiscados.