19 de enero 2021
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A partir de esta semana, quienes cometan "crímenes de odio" en Nicaragua podrían enfrentar prisión perpetua. Esto debido a que la Asamblea Nacional aprobó en segunda legislatura la reforma constitucional que establece la pena de cadena perpetua en el país, misma que ya había sido aprobada en primera legislatura en noviembre del año pasado. La llamada "Ley de cadena perpetua", que es una adhesión al artículo 37 de la Constitución Política, es la última de un tridente de leyes punitivas que el régimen orteguista ha promovido en los últimos meses.
Con esta reforma se agregó un nuevo párrafo al artículo 37 de la Constitución Política que establece un máximo de treinta años de condena, al que se añadió: “excepcionalmente se impondrá la pena prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
- Aprobar cadena perpetua será prioridad en 2021 en la Asamblea Nacional
- Orteguistas aprueban cadena perpetua, la última del tridente de leyes punitivas
Durante una sesión especial en homenaje al 154 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío, realizada en Ciudad Darío, los 70 diputados de la bancada del Frente Sandinista aprobaron a mano alzada la reforma constitucional. Mientras tanto, los 13 legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votaron en contra y cinco diputados de la Alianza Liberal Independiente (ALN) y el Partido Liberal Independiente (PLI) se abstuvieron de votar.
Sigue sin definirse qué es un "crimen de odio"
Ahora que la reforma constitucional ha sido ratificada en segunda legislatura, los legisladores deberán reformar el Código Penal para que los jueces y magistrados puedan aplicarla y según lo manifestado por el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, el tema será prioridad en la actual legislatura.
"Nosotros tenemos que continuar haciendo las transformaciones legales, legislativas, el ordenamiento jurídico para defendernos y para defender a nuestros hermanos nicaragüenses", expresó Porras después de calificar la reforma constitucional como "un acto de amor".
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la reforma constitucional "no se puede aplicar directamente". Primero "tiene que haber una tipificación penal donde esté establecido el delito y esté establecida la pena", continuó Núñez.
A juicio de Núñez, la reforma al Código Penal deberá señalar explícitamente "¿Cuáles son los crímenes de odio?" que menciona el párrafo que se adhirió a la Constitución. "En Nicaragua no está tipificado el crimen de odio... ese es un concepto reciente", expresó.
Asimismo, la defensora de derechos humanos advirtió que esta ley "es un instrumento más de represión" del régimen de Ortega y señaló que ella no percibe "una intencionalidad de buscar como detener la criminalidad que existe en el país".
Alegan que el pueblo reclama "vivir en paz"
La diputada sandinista Irma Dávila, quien habló en representación de su bancada, argumentó que esta reforma cuenta con el respaldo de "millones de nicaragüenses" que enviaron su firma al parlamento. "El pueblo nos está pidiendo en alta voz vivir en paz", dijo.
Lo que no mencionó la diputada Dávila, es que el establecimiento de cadena perpetua se hizo por orden del presidente, Daniel Ortega, quien el 15 de septiembre pasado dijo que le ordenaba a la Corte Suprema de Justicia y a los diputados que elaboraran la reforma constitucional, para castigar “crímenes de odio”, argumentando los femicidios a menores de edad.
Sin embargo, el pasado 11 de enero, finalmente el mandatario dejó claro que la aprobación de la reforma constitucional para establecer cadena perpetua en Nicaragua, es una medida para “castigar” lo que su régimen califica como “actos de terrorismo”, cuando su Gobierno ha acusado, procesado y condenado a decenas de opositores que participaron en la Rebelión de Abril por ese supuesto delito.
Entre 2018 y 2019, el régimen de Ortega condenó a centenares de manifestantes por el delito de terrorismo, quienes fueron golpeados y torturados en el Sistema Penitenciario Nacional, según corroboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de haber sido expulsada del país en diciembre de ese año.
Cadena perpetua completa tridente de leyes punitivas
En el último trimestre del año pasado, los diputados orteguistas aprobaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza y la reforma constitucional en primera legislatura, todas ordenadas por el régimen de Ortega. Expertos en Derecho Constitucional advirtieron, entonces, que este tridente de leyes punitivas será aplicado de forma selectiva, afectando a ciudadanos y organizaciones que sean “incómodas o molestas” para el partido de Gobierno.
La aplanadora orteguista aprobó el 15 de octubre la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, considerada violatoria de los derechos de los nicaragüenses, porque obliga tanto a organizaciones como personas naturales que reciben fondos del extranjero, a registrarse como “agentes” ante el Ministerio de Gobernación (Migob), conculcando sus derechos políticos de participación, entre otras libertades públicas.
Una semana después, el 27 de octubre, los sandinistas aprobaron la Ley Mordaza, que busca silenciar a la población, y se constituye como una amenaza directa contra las libertades de expresión y de prensa y el uso de redes sociales. La Ley establece penas de dos a ocho años por la comisión de delitos como la propagación de noticias falsas, información confidencial de las instituciones, a partir de calificaciones que quedan a discreción del régimen.
