17 de enero 2021
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La costurera Flor Ramírez ha apagado sus máquinas de coser; el abogado Moisés Jiménez no puede entrar a las instituciones del Estado; el escultor Ariel Icaza ya no recibe clientes en su vivienda; y a la pequeña empresaria Geraldine Jarquín no la dejan seguir con su negocio de catering. Los cuatro son opositores al régimen. Todos son asediados en sus casas por la Policía Nacional y paramilitares orteguistas.
El acoso diario contra los opositores nicaragüenses ha provocado que estos enfrenten dificultades económicas, porque no puedan trabajar o seguir con sus negocios. Aunque el asedio y persecución policial se recrudeció en los últimos meses contra algunos líderes opositores, muchos ciudadanos han sufrido el acoso de la Policía desde 2019.
“Ya son 17 meses de asedio constante. Pararon dos meses el año pasado: en septiembre y octubre solo venían los fines de semana, pero el resto del tiempo, siempre han venido diario”, afirma Flor Ramírez, quien detalla: “antes venían de las seis de la mañana a seis de la tarde, pero hoy vienen de madrugada y se van a mediodía”.
Ramírez, de 64 años, se hizo popular en las marchas y protestas cívicas por vestir un huipil azul y blanco. Desde 2018, ella ha sido ilegalmente detenida en cinco ocasiones, la última el pasado seis de diciembre, cuando viajaba en un taxi.
Ella y su hija tenían un negocio de costura en su vivienda, en un barrio de Managua, pero el acoso constante de la Policía Nacional la ha obligado a cerrar el local.
“La clientela dejó de venir porque siempre está la Policía enfrente de mi casa. Toman los datos de las placas de las motocicletas o vehículos particulares, persiguen a las personas, las detienen y les quitaban la licencia”, aseguró la opositora.
Presos en sus casas
“Si ven que salen o vienen con una mochila los registran. Todo eso hace que la gente se haya retirado de traer trabajo. Me ha hecho estar solo sentada y presa en mi casa”, añade.
Ramírez abrió su negocio de costura desde hace más de 15 años, luego de renunciar a su trabajo de supervisora en una zona franca. En su local, los ingresos mensuales superaban los diez mil córdobas.
“Estaba en los planes contratar a dos personas más para que trabajaran en costura conmigo, yo tenía las máquinas y todo, pero todo se vino abajo con el asedio. Las máquinas ahí están guardadas. No puedo trabajar, no es porque no quiera, sino porque no puedo, no me deja trabajar la Policía, a como lo han hecho con muchos opositores”, se lamenta la ciudadana.
Datos de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el Monitoreo Azul y Blanco muestran que unas 80 personas tienen casa por cárcel de facto. Algunas de forma permanente y otras en días y horarios diferenciados.
Una patrulla policial y agentes antimotines asedian diariamente a la opositora Geraldine Jarquín, en su vivienda en Boaco. Foto: Cortesía
Además de Ramírez, la pequeña empresaria Geraldine Jarquín es una de esas personas. La opositora vive presa en su vivienda en el municipio de Boaco. Una situación que le impide trabajar en su negocio de catering. Ella abrió su establecimiento tras ser despedida de la Asamblea Nacional en 2009.
“La época navideña es para nosotros (con el catering) la más grande, porque es la más significativa en cuestión de ganancias; sin embargo, este año no tuve ningún evento que atender”, se queja Jarquín.
“Las comidas que hago en casa, que son para llevar y para que las personas se atiendan en sus lugares, pasó del 100%, que atendí en 2019, a un 30% en 2020. Esto prácticamente debilita mi economía, debilita mi entorno familiar”, detalla.
Jarquín calcula que en diciembre pasado dejó de percibir al menos de veinte mil córdobas, en comparación con diciembre de 2019.
Irse o quedarse en casa
La opositora boaqueña, miembro de la ACJD, ha soportado el acoso policial junto con sus hijos. “Hubo un momento en que vinieron, y los contabilizamos, 58 oficiales de la Policía, a esta cuadra frente a mi casa, a veces cierran con los conos de tránsito, y no puede pasar absolutamente nadie”, cuenta.
Otro opositor asediado es el abogado Moisés Jiménez. Él vive en León, pero desde mediados de 2019 no puede trabajar. Cada mes pierde unos veinte mil córdobas por el acoso y la persecución de la Policía.
“Estoy pasando una situación económicamente difícil, ya que la política de la dictadura es el asedio, la persecución y la eliminación de todos los derechos constitucionales”, señala Jiménez.
“Mi especialidad es el derecho registral, con una experiencia de 25 años, y por lo tanto mis actividades me las han cercenado porque estando ahí (en las instituciones del Estado) personas que fueron policías y paramilitares, me obstaculizan que me atiendan en las instituciones (estatales)”, describe.
El abogado Moisés Jiménez acaricia a una perrita, que es su única compañía en una casa de seguridad en León. Foto: Nayira Valenzuela
Jiménez ha tenido que dejar su vivienda en el barrio indígena Sutiaba, de León, para evitar caer preso. “He estado en varias casas de seguridad, ya que ellos (agentes policiales) hace dos meses entraron, sin orden judicial, a la casa donde viven mis hijos —violentando todos los procedimientos— preguntando por mí”, relata.
“Mi temor es que me capturen. El procedimiento que están haciendo es inventar el delito de portación de droga, de tráfico de droga o tráfico de armas, porque eso fue lo que le expresaron a todos mis hijos”, advierte.
Jiménez estuvo preso ilegalmente unos cinco meses en 2019, luego de ser detenido a la salida de la Alcaldía Municipal de León, en enero de ese año. Fue liberado en mayo de ese mismo año.
“Me tuvieron completamente secuestrado porque jamás me presentaron ante un judicial, yo no tengo ningún expediente, donde comprueben que yo fui presentado ante un judicial. Violentaron el Código Penal, que expresa que 48 horas después de una detención, (al apresado) se debe presentar ante una autoridad judicial”, explica.
En 2006, Jiménez formó parte del tendido electoral del Frente Sandinista, en las elecciones que llevaron a Daniel Ortega de nuevo al poder.
Contra expresos políticos
Ariel Icaza es otro expreso político, de León, que sufre un acoso constante en su vivienda, donde tiene un taller de imágenes religiosas.
Icaza fue detenido en noviembre de 2018 y acusado de asesinato, robo, secuestro, narcotráfico y tráfico de armas. Solo una vez fue llevado a los juzgados de Managua, aunque no hubo audiencia.
Fue liberado el 20 de mayo de 2019, pero un mes y medio después inició un asedio de la Policía y los paramilitares orteguistas.
“El significado económico (del asedio) ha sido grande, porque la clientela se ha retirado porque le da miedo venir a comprar. Les toman fotos y tienen temor de que los involucren en algo que no han participado”, señala el escultor.
“Al no venir la clientela y fijarse en todas las cosas que nosotros tenemos: los tipos de imágenes que hay; no podemos promocionar mucho la venta de esa imagen, de esa figura”, se lamenta.
La vivienda de Icaza ha sido marcada con la palabra plomo, y un grupo de paramilitares le rompieron la puerta principal. El pasado sábado nueve de enero, su casa fue allanada ilegalmente por la Policía de León.
El escultor Ariel Icaza muestra la pared de su vivienda, donde le escribieron "plomo",
como marca contra los opositores. Foto: Nayira Valenzuela
“Nosotros mirábamos venir que este año (2021) iban agudizarse (los acosos); pasó lo que tanto esperábamos: vinieron dos patrullas y tres motorizados. Entraron a nuestra casa con el supuesto de que iban a buscar armas; comenzaron a catear toda la casa y no encontrar nada”, describe Icaza.
“Lo que si me molestó es que se llevaron los tres celulares que utilizan mis hijas”, apostilla.
Mantendrán la oposición
Según el monitoreo de las organizaciones opositoras, la Policía Nacional y los paramilitares orteguistas han asediado hasta treinta casas de forma simultánea en un solo día.
52 de los opositores acosados en sus viviendas se identifican como miembros de la UNAB, y los miembros de la Alianza Cívica reportan entre 12 y 15 asedios y persecuciones policiales diarias.
Pese al acoso y el asedio diario, los opositores reafirman una posición firme frente al régimen Ortega-Murillo: “no cederán”.
“Debemos aguantar y tratar, de alguna u otra manera, de salir adelante porque hemos demostrado ser un pueblo de lucha. A pesar que la Policía esté afuera de mi casa, yo siempre voy a salir adelante, y ni yo, ni mi familia, con el poder de Dios, vamos a morirnos de hambre”, afirma Jarquín.
Para Icaza, su protesta cívica y el reclamo de elecciones libres no lo van a callar con el asedio. “Gracias a Dios tengo una familia que me respalda, e igual están siempre en la lucha. Con todo lo que ellos (policías y paramilitares) hagan, nosotros no nos vamos amedrentar”.
Ramírez asegura que se mantendrá en su casa y “enfrentará” el asedio policial “porque son unas personas que están queriéndonos mantener en zozobra, en temor, y salgamos en carrera. No tengo miedo, y no porque sea valerosa, sino porque sé mi derecho como ciudadana de protestar en contra de lo que yo veo incorrecto”.
Jiménez reconoce que ha tenido “deseos” de exiliarse, pero “como dicen: si ya di el primer paso, tengo que dar el segundo y el tercero, hasta que Nicaragua esté libre de esta dictadura”.
