Por fin, Zamora libre

La audiencia donde se resolvió la prisión domiciliaria de José Rubén Zamora Marroquín, después de 812 días de cautiverio, será recordada por la independencia y valentía con la que actuó el juez Erick Daniel García; por la entereza y dignidad del expresidente de elPeriódico; por la firmeza y capacidad del equipo de defensores del periodista y por el sustento argumentativo y legal del representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien se pronunció a favor de la medida sustitutiva.

Pero también lo ocurrido en la audiencia de este viernes 18 de octubre, refrendó el tristísimo papel criminalizador de los fiscales del Ministerio Público (MP) que cumpliendo órdenes de la capitana del Pacto de Corruptos, María Consuelo Porras Argueta, intentaron por todas las vías suspender la audiencia y orillar al juez García a abstenerse de resolver la solicitud que hacía meses la defensa legal de Zamora había presentado para que el periodista recobrara su libertad.

Ni hablar de la retorcida y consuetudinaria estrategia del abogado Raúl Falla -representante de Ronald García Navarijo, querellante adhesivo y principal “testigo” en el primer “caso” contra José Rubén Zamora- quien un día antes de la audiencia recusó al juez y luego no compareció ante el juzgado con la clarísima intención de evitar que la misma se llevara a cabo.

Por si hacían falta pruebas de la relación simbiótica entre la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y el MP, esta audiencia se encargó de despejarlas: los fiscales de la Feci tampoco se presentaron a la hora fijada (las 11 AM) y cuando fueron emplazados a comparecer (a las 3 PM) se dedicaron a defender la recusación planteada por Falla (el “ausente”) y, al no tener éxito, plantearon la propia.

“Usted tiene interés directo de continuar conociendo el caso del periodista José Rubén Zamora”, le dijo uno de los fiscales al juez García quien, conocedor de la ley, elevó la recusación a una sala para que posteriormente la resuelva. El punto fundamental de su actuación fue frenar la maniobra de la suspensión y continuar conociendo la solicitud de arresto domiciliario para que Zamora -quien sigue enfrentando varios procesos penales- pueda defenderse en libertad.

Estas tácticas que reiteradamente utilizan la Fiscalía y sus socios, además de intimidatorias, tienen la clara intención de entrampar los procesos y mantener a las personas en la cárcel de forma permanente. La diferencia en esta ocasión fue que se toparon con un juez independiente y no con uno de los nominados en las listas de actores corruptos y antidemocráticos, como Fredy Orellana y Jimi Bremer. 

Es cierto que la resolución del juez García es la excepción que confirma la regla. Que los procesos arbitrarios en contra de José Rubén continúan y que la cooptación judicial puede revertir este fallo (el propio José Rubén Zamora lo advirtió). Sin embargo, esta derrota del Pacto es un tanque de oxígeno que fortalece la dignidad y la resistencia y anima a que otros operadores de justicia independientes (que los hay) no se dejen intimidar.

Nos queda mucho por delante: la libertad de Ligia Hernández, la de Stuardo Campo y la de todos los presos/as políticos; el cierre de los procesos judiciales espurios y el retorno de los más de cien operadores de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se vieron forzadas a dejar el país. La salida de Consuelo Porras de la fiscalía general es imprescindible, este país no aguanta tenerla hasta el 2026.

Anímese presidente. Ahí tiene usted al juez García que supo cumplir con su deber. Deje para el canciller la diplomacia y sorpréndanos con una decisión democrática y audaz. Ejerza el poder político que el pueblo le confirió en las urnas: ponga fin al uso indebido del Derecho Penal para hostigar, intimidar y castigar.

*Este artículo se publicó originalmente en Prensa Libre, de Guatemala.