23 de octubre 2024
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Daniel Ortega ordenó a la Asamblea Nacional eliminar el Instituto Nacional Forestal (Inafor) y trasladar todas sus funciones al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). El mandato, vía iniciativa de ley, fue aprobado por unanimidad el miércoles 23 de octubre de 2024 por los diputados en la Asamblea Nacional.
La iniciativa de ley, que traslada las funciones del Inafor al Marena, fue enviada por Ortega a la Asamblea Nacional el 22 de octubre de 2024, como parte de un proceso de “modernización en la gestión de los recursos naturales” y un “reordenamiento de las gestiones institucionales”, dice la exposición de motivos del dictador.
En el Presupuesto General de la República 2024, al Inafor le asignaron una partida de 216 millones de córdobas. El orteguismo no ha aclarado qué pasará con los recursos del Inafor, ni tampoco con sus trabajadores.
Los argumentos para eliminar el Inafor
El documento también agrega que “se requiere el esfuerzo conjunto y la unión de recursos económicos, técnicos, operativos y administrativos para mejorar la gestión y el régimen forestal del país, para lo cual es necesario trabajar en una sola dirección a través de una sola entidad que administre, proteja y vigile el uso y aprovechamiento de los recursos naturales”.
Basado en lo anterior, la nueva ley establece en su artículo cuarto que Marena “es sucesor sin solución de continuidad” del Inafor. De tal manera que “todas las atribuciones, funciones y competencias” del Inafor ahora serán ejercidas por el Marena.
Además, en el artículo quinto, se ordena que todos los presupuestos asignados y los activos del Inafor pasen al Ministerio del Ambiente.
Compactación del Estado
En agosto de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció un “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños” del aparato estatal, para “promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.
Además, se ordenó el congelamiento de “todas las plazas vacantes” y la suspensión de “nuevas contrataciones de personal” en todo el Estado, de acuerdo con una circular firmada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine.
La normativa administrativa fue enviada a los presidentes de los poderes del Estado, ministras y ministros, Secretaria de la Presidencia de la República, a la procuradora General de la República, y a los presidentes, directores y codirectores de entes descentralizados, órganos autónomos, instituciones financieras y empresas del Estado.
Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) indican que, hasta junio de 2024, había 111 867 empleados en el Gobierno central, aunque esta cifra se eleva hasta los 170 000 o 200 000 si se suman los trabajadores de las alcaldías, empresas públicas y entes descentralizados.
La deforestación en Nicaragua
En noviembre de 2021, una filtración masiva de documentos del Inafor, publicada en CONFIDENCIAL, mostró cómo la corrupción del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo alimentó la deforestación en el país.
Históricamente, Nicaragua ha albergado la segunda selva tropical más grande de América, después de la Amazonia, pero es el país que pierde sus bosques al ritmo más acelerado en el mundo. La investigación reveló cómo la deforestación se disparó a partir de 2014, cuando Ortega tomó el control directo del Instituto Nacional Forestal (Inafor), como parte de una táctica más amplia de toma del poder y de cimentar su control personal sobre el país.
La pérdida media anual de bosques en Nicaragua pasó del 1.34% entre 2010-2015 al 2.56% entre 2015-2020. Ese desastre ambiental se ha alimentado de la corrupción en Inafor, apadrinado por la familia presidencial, según la filtración de documentos analizados por el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés), con la cual colaboró el equipo de CONFIDENCIAL.
