17 de octubre 2024
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mintió en un informe que presentó para la cuarta ronda del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realizará el próximo 13 noviembre de 2024.
En el documento, Ortega y Murillo describen un país que garantiza el “respeto a los derechos humanos, la educación superior, la libertad de asociación, la pluralidad de medios de comunicación, procesos de elecciones democráticas, seguridad ciudadana, prioridad a los derechos de pueblos indígenas y respeto al medioambiente”.
“La paz y la estabilidad nacional son una conquista y realidad para el pueblo de Nicaragua”, asegura el Gobierno Ortega-Murillo en su informe.
Así el régimen intenta ocultar la persecución política que ha agudizado desde 2019, cuando reprobó el EPU de ese año y recibió una serie de recomendaciones de las delegaciones diplomáticas que incluyen: libertad de expresión y al derecho a la protesta, libertad inmediata para los presos políticos, apertura a la supervisión de misiones internacionales, investigaciones independientes sobre los crímenes cometidos, entre otras.
En esa ocasión, también entregó un informe donde “omitió adrede la situación de violación de derechos humanos”. CONFIDENCIAL enlistó las siete mentiras que incluyó en el nuevo informe que presentó a la ONU.
Elecciones democráticas
La dictadura asegura que entre 2019 y 2024 se han realizado cuatro procesos electorales “democráticos”, en los que se permitió la participación de todos los nicaragüenses. En estos procesos, que se realizaron en “orden y paz”, “el pueblo de Nicaragua” volvió a elegirlos.
“En todos los procesos, participaron el 100% de los partidos políticos con personalidad jurídica sin ninguna exclusión, dentro del marco jurídico de la nación. En cada proceso electoral, los ciudadanos asistieron de forma masiva y libre a ejercer su derecho al voto”, subrayan.
Sin embargo, el régimen eliminó con la competencia electoral. En 2021, encarceló a siete aspirantes a la silla presidencial a quienes les abrió proceso judiciales por “terrorismo”, “conspiración”, “incitando a la injerencia extranjera”, entre otras causas irrisorias.
En mayo y agosto de 2021, el dictador canceló la personería jurídica de los partidos Restauración Democrática (PRD) y de Ciudadanos por la Libertad (CxL), donde correrían los aspirantes a la presidencia de la oposición.
Así Ortega realizó unas votaciones en las que hubo el 82.7% de abstención, según cálculos del observatorio Urnas Abiertas. La situación se repitió en las elecciones municipales en las que el Frente Sandinista se hizo del control de las 153 alcaldías.
Libertad de asociación en Nicaragua
El Gobierno afirma que en Nicaragua “las organizaciones de la sociedad civil, pueden ejercer su labor”. Sin embargo, desde finales de 2018, más de 5600 oenegés y asociaciones han sido cerradas por el Estado.
A las miles de organizaciones se les han confiscado sus bienes muebles e inmuebles, y han sido señaladas por la Presidencia y la misma Policía Nacional de ser “cómplices” de un supuesto intento de golpe de Estado de 2018.
Según Ortega, Estados Unidos financia a la oposición a través de las oenegés, les mandan recursos a través de programas que dicen que son programas para promover la cultura, la educación”, pero “son programas para promover el odio”, dijo el mandatario en octubre de 2019.
Pluralidad de medios de comunicación
La dictadura señala que en Nicaragua “se respeta la independencia y pluralismo de los medios de comunicación”. Sin embargo, la realidad es que en los cuatro años que han transcurrido desde el último examen EPU, el país se quedó sin medios de comunicación independientes.
En Nicaragua ya no existen periódicos de circulación nacional y los canales de televisión independientes han sido censurados. Además, al menos 276 periodistas se han exiliado por la persecución y amenazas de la Policía Nacional y fanáticos del régimen.
En el documento oficial, el régimen sostiene la pluralidad de medios al afirmar que hay 26 estaciones de televisión y 294 estaciones de radio que son administradas por entidades privadas. Y sólo hay dos medios propiedad del Estado: Canal 6 y Radio Nicaragua.
Sin embargo, los hijos de Ortega y Murillo son quienes administran gran parte de los canales de televisión que están operando. Además, en todos estos medios de comunicación se impone la narrativa oficialista.
Seguridad en las cárceles
En el documento se afirma que el “Sistema Penitenciario Nacional y la Policía Nacional, cuentan con protocolos especializados que aseguran los derechos de las personas LGBTI”.
También destacan que las “facultades del Procurador Especial de Cárceles fueron reforzadas (...) para proteger los derechos de las personas privadas de libertad”.
Sin embargo, las denuncias de los presos políticos que han sido desterrados y desnacionalizados evidencia las violaciones a derechos humanos cometidos en los penales. Estas incluyen, “golpizas, descargas eléctricas” y otras formas de tortura en Nicaragua, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, los presos políticos pertenecientes a la diversidad sexual han denunciado desde 2019, que en las cárceles fueron humillados por identidad sexual.
“Hay demasiada homofobia por parte de la Policía Nacional”, dijo Elvis Josué Sirias, uno de los 135 reos de conciencia desterrados a Guatemala en septiembre de 2024.
Incremento de matrícula universitaria
El régimen destaca que la matrícula estudiantil en la educación superior tuvo un incremento del 20% de 2019 a 2023. Señala que de los 193 116 estudiantes, un 26% —equivalente a 50 5511— son de universidades privadas.
Sin embargo, no detalla que la matrícula universitaria decreció en 2019 producto de la crisis sociopolítica detonada con las protestas cívicas de 2018. Tampoco da cuenta sobre el cierre, desde 2021, de más de 30 universidades y centros educativos.
Los cierres fueron acompañados de confiscaciones de facto, creación de nuevas universidades públicas en los recintos robados. Los cierres afectaron a unos 42 000 universitarios que de un día a otro tuvieron que retomar sus estudios en nuevas instituciones controladas por operadores políticos del régimen.
Nicaragua el país más seguro de Centroamérica
En el informe, Ortega se enorgullece de que “Nicaragua continúa siendo reconocida a nivel nacional, regional e internacional como el país más seguro de Centroamericana y un referente en materia de seguridad en Latinoamérica”.
El discurso político que según analistas en temas de seguridad “no reflejan la realidad de seguridad ciudadana que existe en Nicaragua”. El régimen utiliza la baja tasa de homicidios que hay en el país para autonombrarse “los más seguros”.
Sin embargo, este indicador es insuficiente para respaldar que Nicaragua es la más segura. Además que la Policía Nacional, se ha convertido en el principal brazo represor de la dictadura Ortega-Murillo.
Detención de tráfico ilegal de migrantes
A pesar que Ortega ha sido señalado directamente de facilitar y lucrarse del tránsito de migrantes irregulares por el Gobierno de Estados Unidos. En el informe destacó que “Nicaragua participa en coaliciones regionales e internacionales para fortalecer los esfuerzos contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”.
En 2023, México convocó a presidentes de América Latina y el Caribe a una cumbre sobre migración para crear un plan para frenar el aumento de la migración en la región. Nicaragua no participó en dicho encuentro.
Medios de comunicación han informado de un “negocio” que montó el régimen con los migrantes, al cobrarles hasta 200 dólares por un supuesto “salvoconducto” para dejarlo seguir en su ruta a Estados Unidos.
Asimismo, facilitó el tránsito de migrantes extracontinentales a través del aeropuerto internacional con la eliminación de visados y permisividad de vuelos chárteres exclusivos de migrantes. El negocio le dejó unos 1664 millones de córdobas en 2023 sólo en el pago “otras tasas por servicios de migración y extranjería”, que sería usado para camuflar el pago de los migrantes.
