10 de enero 2021
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El cerco que extiende el régimen de Daniel Ortega en contra de la libertad de prensa obliga a más periodistas a irse de Nicaragua para proteger su vida, seguir informando sin ser criminalizados y hasta para poder sobrevivir económicamente. Eduardo Montenegro, director y propietario del canal Notimat TV, en Matagalpa, exiliado desde finales de diciembre en Estados Unidos, es el caso más reciente de un comunicador obligado a dejar el país por las amenazas, hostigamientos, agresiones y persecución gubernamental contra la prensa independiente.
En los últimos dos años de crisis sociopolítica, Montenegro denuncia que él y su equipo fueron víctimas de más de 200 amenazas, agresiones e intimidaciones que, afirma, llegaron hasta las balas. Desde entonces, la decisión de salir del país fue tomando forma y la apresuró y concretó en diciembre pasado, luego que entraran en vigencia la Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
En entrevista con CONFIDENCIAL, Montenegro afirma que la aprobación de estos instrumentos legales dejan su medio de comunicación sin la posibilidad de sostenerse económicamente, pues se cierra la posibilidad de acceder a programas de organizaciones no gubernamentales, pautar publicitariamente con el sector privado porque estos tienen temor, y de su dirección a merced de “todo el que quiera hacerles daño y criminalizarlos”.
“La decisión de irme no ha sido solo porque recibimos más de 200 amenazas, porque pintaron la palabra PLOMO en el Canal o porque vinieron a balacear la casa, sino por lo que se puede venir en el transcurso de este año tras la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, afirma.
La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por los diputados del Frente Sandinista en octubre de 2020, ha sido denunciada por la prensa independiente de Nicaragua como una amenaza, no solo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses, dentro y fuera del país”.
La legislación también ha sido criticada por representantes de organismos internacionales. Pedro Vaca, relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó en entrevista en el programa Esta Noche que dicha ley “es incompatible con estándares internacionales de libertad de expresión”. Además, se mostró preocupado por el uso de este tipo de instrumentos legales para callar las voces que cuestionan al Gobierno de Daniel Ortega.
Cierres, robos y censura contra Eduardo Montenegro
Montenegro indica que desde que el régimen de Daniel Ortega asumió el poder, hace catorce años, la libertad de prensa comenzó a sufrir las consecuencias. Las agresiones contra el director de Notimat y sus colaboradores son una muestra, pues desde que Ortega asumió el poder en 2007 asegura que los cinco canales que tenía en la zona norte del país, en Matagalpa y Jinotega, los vino cerrando “sin justificación” hasta que solo le dejaron uno.
“Con mucho esfuerzo e inversión propia, fui montando los canales de televisión en cada localidad, la gente lo pedía, servían para informarse de lo que pasaba en el municipio y para transmitir eventos locales. Todo funcionaba bien, hasta que al régimen no le gustó”, aseguró Montenegro en un reporte publicado en junio de 2020 por CONFIDENCIAL.
El primer canal que le cerraron a Montenegro fue NotiWaslala, tras celebrarse las elecciones de 2007. En esa ocasión, el comunicador asegura que “personeros” del Frente Sandinista “secuestraron los equipos del Canal y lo cerraron”.
“Nos vamos a beber tu sangre”
Años más tarde, ya con solo dos canales de su propiedad, Montenegro denuncia fue despojado del medio local que dirigía en Wiwilí, tras el estallido de las protestas sociales de abril de 2018.
“La cobertura que se le dio al estallido de 2018 fue un detonante muy fuerte para la represión en nuestra contra. Por eso nosotros en estos tres años hemos tratado de salir (del país) con esta ya cuatro veces, pero ahora vamos a pedir asilo y buscaremos trabajo de cualquier cosa para mantener el medio, la planilla, para seguir informando”, indicó.
En noviembre de 2019, el comunicador denunció que fue víctima de robo frente a oficiales de la Policía que estaban en ese momento agrediendo a un grupo de opositores de Matagalpa. Además, las amenazas vía redes sociales, mensajes de texto y llamadas también se volvieron una constante y un año más tarde, en noviembre de 2020, un equipo de Notimat fue obstaculizado de efectuar una cobertura sobre el entierro de víctimas de un derrumbe ocurrido en el Macizo de Peñas Blancas, en Matagalpa.
Los comunicadores denunciaron en ese momento que personas afines al Gobierno los golpearon, intentaron despojarlos de sus equipos y los expulsaron del cementerio.
Semanas más tarde, Notimat denunció que la fachada del Canal fue marcada por la palabra “PLOMO”, misma que es utilizada por el partido de Gobierno como intimidación para quienes disienten con su partido.
Una de las últimas amenazas de 2020 ocurrió el pasado 24 de diciembre, cuando una de las periodistas del medio de comunicación fue amenazada por sujetos afines al partido de Gobierno con ser “violada” y con que se “iban a beber su sangre”.
El equipo de Notimat y su director son beneficiarios de medidas cautelares que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2020.
“Nos dieron medidas cautelares a todo el equipo, pero nos han amenazado, (el régimen de Ortega) nos han hecho lo que han querido”, denuncia.
Es por ello que para Montenegro “no hay garantías” de seguridad en Nicaragua para ejercer el periodismo, por lo que insiste en que si algo le llega pasar a él, algún miembro de su familia que sigue en Nicaragua, al equipo de Notimat o las instalaciones del medio será responsabilidad del régimen de Daniel Ortega.
“Notimat seguirá informando”
El director de Notimat sostiene que su salida del país no debe verse como “un apagón” del medio, ya que asegura que 12 personas que integran el equipo del Canal, uno de sus hijos y él, desde el exilio en Estados Unidos, seguirán dirigiendo, para que no se detenga la labor de informar a la población.
Los colaboradores tienen “un compromiso y están claros de sus principios en medio del riesgo que representa para sus vidas”, pues lo han demostrado en estos 10 de los 25 años que tiene Notimat al aire, destacó.
El comunicador rescata que las condiciones para que pueda retornar a Nicaragua incluyen “respeto a la libertad de expresión”, “devolución de lo que ha mandado a quitar Ortega, incluyendo los cuatro canales que me cerró”, “condiciones para hacer periodismo libre” y “respeto de los pilares fundamentales de libertad, justicia y democracia". "Cuando todo eso exista regresamos inmediatamente a nuestro país”, dijo.
Periodismo independiente bajo "estado de emergencia"
La organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció al finalizar el 2020 que el periodismo nicaragüense “se mantiene bajo estado de emergencia”.
El PCIN contabilizó 66 denuncias de periodistas vinculadas a su quehacer profesional entre el 15 de julio al 15 de diciembre de 2020, según su Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa Independiente de Nicaragua.
En 2020, según la base de datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se registraron violaciones a la libertad de expresión que van desde acceso a la información (30), agresiones y ataques (97), detenciones arbitrarias (6), discursos estigmatizantes (32), marco jurídico contrario a estándares (34), procesos judiciales (6), restricciones en internet (2), secuestros (6), tortura (2) y uso abusivo de poder estatal (3).
