5 de enero 2021
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Nicaragua cerró 2020 con las cifras más altas de violencia machista de los últimos tres años. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres señalan que, sumado a la crisis sociopolítica y el avance de la pandemia de la covid-19, el factor principal que propició este constante incremento fue “la irresponsabilidad gubernamental”.
El Observatorio de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) reveló, a través de su informe anual, que 71 mujeres nicaragüenses fueron asesinadas en 2020, ocho más que en 2019 y 10 más que en 2018.
Además, 115 mujeres fueron víctimas de femicidio frustrado; 43 y 39 más respecto a los años 2019 y 2018.
Mayte Ochoa, del Movimiento Feminista de Nicaragua, asegura que este aumento en casos de femicidio y femicidios frustrados, es “grave” y “refleja la crisis institucional que tenemos”, “la falta de un Estado de Derecho responsable” y “la dirección de un régimen que está exclusivamente concentrado en mantenerse en el poder, dejando así sin atención a la ciudadanía en general y, en este particular, a las mujeres”.
En consonancia, Martha Flores, representante de Católicas por el Derecho a Decidir, afirma que 2020 fue “un año adverso y lleno de desigualdad para las mujeres”, pues apunta que sumado a la crisis sociopolítica que arrastra el país desde 2018, Nicaragua también enfrentó la pandemia de covid-19 y esto “dejó más vulnerable a las mujeres, porque en varios casos el agresor tuvo que quedarse en la casa y no se dieron desde el Gobierno las opciones necesarias para preservar la vida de las mujeres”.
El informe anual 2020 de Católicas por el Derecho a Decidir detalla que, de los 71 femicidios, 39 se dieron en el ámbito privado y 32 en el público.
Además, especifica que 25 de las mujeres asesinadas tenían de 18 a 34 años de edad; 21 de 35 a 59 años, 11 de de uno a 17 años, y cuatro de ellas eran mayores de 60 años.
Los femicidios registrados en 2020 dejaron como consecuencia 88 niñas y niños huérfanos, 23 más que en 2019.
Managua encabeza femicidios
Geográficamente, por tercer año consecutivo, el departamento que más femicidios registró fue Managua, pues se contabilizaron 13 muertes, un deceso más que en el 2019.
Los otros departamentos que le siguen a la capital son el Caribe Norte (12), Matagalpa (8), Caribe Sur (7), Chontales (5), Jinotega (4), Chinandega (4), Granada (3) y Boaco (2).
En Carazo, Rivas, Río San Juan, Nueva Segovia y Estelí el monitoreo de Católicas por el Derecho a Decidir registra un femicidio por departamento.
El monitoreo detalla que ocho de los 71 femicidios de nicaragüenses se dieron en el exterior, ubicándolos: cinco en Costa Rica, dos en Honduras y uno en El Salvador.
La mayoría de los asesinatos, agregan, fueron ejecutados por las parejas (22), exparejas (7), hijos (3), padrastros (2), otros familiares (5), conocidos (15), desconocidos (15) y no determinados (2).
Impunidad “promovida desde el Estado”
Casi la mitad de estos femicidios, indica Flores, “quedaron en la impunidad” por la “negligencia estatal en muchos casos”, ya que “algunos hasta fueron tipificados como suicidio, teniendo testigos que afirmaban lo contrario”.
El Observatorio indica que de los 71 femicidios: 23 están en la impunidad, tres prófugos, uno absuelto, nueve se suicidaron, 13 están en proceso judicial y 22 ya han sido sentenciados.
Ochoa y Flores denuncian, además, que el Estado de Nicaragua, desde el Sistema Penitenciario Nacional, “más bien están liberando a los agresores”.
- Lee el reportaje especial: Mediación e impunidad: la “fórmula” que condena a muerte a decenas de mujeres en Nicaragua
“El problema es que tenemos a un Estado que no hace nada para evitar la violencia contra las mujeres, para evitar los femicidios, pero además lo agrava liberando a delincuentes, entre ellos muchos condenados por delitos relacionados con violencia contra las mujeres”, señala Ochoa.
Flores añade que las mujeres “no tienen a donde ir a denunciar a este agresor, porque el sistema los favorece y revictimiza a las mujeres obligándolas a una mediación”.
Ambas defensoras coinciden en la urgencia de un “compromiso político” que busque disminuir la violencia machista, a través de “políticas públicas que deberían estarse implementando desde hace muchos años para erradicar y prevenir la violencia”.
Católicas por el Derecho a Decidir demanda, a través de su informe, el “fortalecimiento del marco jurídico para la prevención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres y el desarrollo de nuevas estrategias y políticas públicas para proteger la vida y la integridad de las mujeres”.
