4 de enero 2021
El régimen orteguista mantiene los abusos contra los presos políticos, quienes siguen siendo víctimas de la negación de atención médica, el bloqueo a sus visitas, confinamientos en celdas de máxima seguridad y la obstaculización en la entrega de paquetería, denunciaron familiares de los reos de conciencia.
El preso político Walter Antonio Montenegro Rivera vive con cuatro balas dentro de su cuerpo que han hecho mella en su salud, dijeron sus familiares. A las 2:50 de la madrugada del primero de enero de 2021, Montenegro estaba acostado y sintió una opresión en su corazón, intentó levantarse, pero no logró sostenerse y pidió ayuda a los otros reos.
Los custodios aparecieron hasta el 2 de enero y lo sacaron de la celda en el Sistema Penitenciario de Waswalí, Matagalpa, para realizarle un examen de sangre y nada más, pese a que él había tenido otros padecimientos.
Sus familiares denuncian que le niegan atención médica y que los custodios le dicen a Montenegro que lo que siente “es psicológico. Que él no tiene ninguna bala”, afirmaron.
Al preso político, originario del municipio de Wiwilí, se le adormece la mitad de la cara, se le reseca la boca, los labios tienden a ponérsele de color morado, las venas de la mano izquierda se le resaltan y el corazón le palpita muy rápido; siente que se ahoga. “Las balas a él lo molestan porque le han provocado síntomas de derrame cerebral dos veces”, aseguran los familiares en tono preocupado, quienes no se identifican por temor a represalias.
Montenegro fue herido en 2018 en un enfrentamiento contra tres personas identificadas como sandinistas. Lleva 26 meses en prisión y fue condenado a cinco años por intento de homicidio. Es vinculado con la reconocida familia Montenegro de Jinotega, perseguida por el régimen orteguista, aunque no guardan relaciones consanguíneas pero sí de amistad.
Sus familiares explicaron que en 2018 un médico les explicó que Montenegro fue intervenido para detener una hemorragia interna, pero que no le extrajeron las balas. Por esta razón, insisten en la necesidad de llevarlo a una instancia privada donde puedan valorarlo clínicamente, y así lo han expresado a las autoridades del penal, pero no les dan permiso.
Los familiares temen que la situación de salud de Montenegro empeore, ya que además de las balas en su cuerpo, él padece de diabetes e hipertensión. Le llevan medicamentos, pero no le son entregados. El joven de 31 años ha perdido peso y se siente deprimido, relatan sus parientes.
Abusos desde el primer día del año
Hoy he sabido que a Kevin Solís, mi sobrino, lo han golpeado, que sigue estando en máxima seguridad.
Kevin ejerció derechos fundamentales y ha sido secuestrado, enjuiciado y torturado. #LibertadKevin@CIDH @totonia68 @mbachelet @AlianzaCivicaNi @UnidadNic— Azahalea Solis (@AzahaleaSolis) January 1, 2021
Este primero de enero, la ex integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Azahálea Solís denunció, a través de su cuenta de Twitter, que su sobrino, el reo político Kevin Solís, fue golpeado y seguía en celdas de máxima seguridad. “Kevin ejerció derechos fundamentales y ha sido secuestrado, enjuiciado y torturado”, dijo Solís.
Ese mismo día, Karen Lacayo, hermana del preso político Edward Lacayo, relató que los policías que asedian día y noche su vivienda en Monimbó solo permitieron que su mamá, Esthela Rodríguez, saliera de la casa para asistir a la visita especial a la cárcel "La Modelo", mientras que a ella se lo impidieron. En el encuentro su mamá se enteró de que a Edward no le entregan la paquetería que le llevan cada semana.
“Desde ese día (10 de noviembre) no se ha lavado los dientes, afeitado, ni se ha echado desodorante, o sea que le han robado los del sistema penitenciario su paquetería”, denunció.
Por otra parte, Skarleth Narváez, la esposa del preso político Ernesto Antonio Ramírez García, quien se marcó la pierna con la palabra “libertad” el 31 de diciembre de 2020, contó a CONFIDENCIAL que le negaron la visita especial en el penal este primero de enero.
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Más detenciones arbitrarias
Sergio Beteta protestó con una bandera de Nicaragua en sus manos frente a la Universidad Centroamericana (UCA) el 21 de diciembre del 2020, policías aparecieron en cuestión de segundos y lo detuvieron.
Contrario a la libertad que tienen los simpatizantes del gobernante Frente Sandinista para manifestarse de diversas maneras, cualquier intento de protesta por parte de personas autoconvocadas y opositoras como Beteta es castigado con cárcel.
Beteta fue acusado del delito de tráfico de drogas, aseguró el abogado de la organización Defensores del Pueblo Julio Montenegro, quien denunció que los familiares no han sido informados del paradero del joven.
El final del 2020 y el inicio del 2021 estuvo marcado por el asedio constante a opositores, excarcelados, y familiares de reos de conciencia en Masaya, Managua, Somoto y el Caribe Norte.