Vivir “casa por cárcel de facto”: Así es firmar todos los días en una delegación policial

La angustia invadió a Maribel cuando vio llegar varias patrullas policiales a su casa. Eran las seis de la tarde del miércoles 3 de mayo de 2023. Sin mediar palabra, le exigieron abrir su vivienda y empezaron a “voltearla” de arriba a abajo. Abrían cajones, desordenaban la ropa, movían muebles y se quedaban con cualquier aparato electrónico que encontraban.

“No me daban ninguna orden de allanamiento, ni me decían qué buscaban”, recuerda. Cuando terminaron de revisar su casa, Maribel pensó que se la llevarían a la cárcel, por haber participado en las protestas cívicas de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero, en su lugar, fue llevada a los Juzgados de Managua, donde se encontró con patrullas trasladando a personas detenidas desde distintos puntos de toda Nicaragua.

Luego de varias horas en los Juzgados, Maribel empezó a sentir más miedo. Finalmente la llevaron a una sala para realizarle una audiencia judicial en la que la acusaron de cuatro delitos: “propagación de noticias falsas, menoscabo a la soberanía nacional, crimen organizado y terrorismo”. Para su sorpresa, le impusieron “libertad condicional” —como la dictadura llamó al régimen de “casa por cárcel de facto”— con la estipulación de que tendría que asistir diariamente a firmar a la estación policial de su ciudad.

Para esta mujer, originaria del norte de Nicaragua, su crimen fue participar en las protestas de la Rebelión de Abril. “Ya había dejado de protestar porque en el país no se puede, pero seguí publicando en redes sociales cosas contra la dictadura, aunque lo dejé de hacer cuando encarcelaron a monseñor (Rolando) Álvarez”, explica.

Cientos bajo casa por cárcel de facto 

El operativo policial duró 12 horas. De acuerdo con los relatos de ciudadanos, recopilados por CONFIDENCIAL unas 190 personas de 13 departamentos de Nicaragua, fueron obligadas a firmar diario en estaciones policiales.

En general, el trámite de la firma es similar en todas las delegaciones policiales: los procesados en “libertad condicional” firman un libro de actas, les toman una fotografía y se van.

El 13 de mayo de 2023 fue ejecutada otra redada policial durante la noche, sumando a 80 ciudadanos al régimen de “casa por cárcel” de facto, con la obligación de presentarse a firmar diariamente a una estación de Policía.

Otros operativos similares fueron registrados en abril de 2024, en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, y en julio de 2024, principalmente en Managua, Masaya, Carazo y León. En estas otras ocasiones, las personas no fueron llevadas ante un juez. Simplemente la Policía les impuso la medida de presentarse a firmar diariamente.

A la fecha, existe un subregistro de personas a las que la Policía les ha impuesto “casa por cárcel de facto” o la obligación de reportarse a diario, sin haber sido acusados o estar sometidos a ningún proceso judicial. Sin embargo, organismos que monitorean la situación en los territorios estiman que actualmente hay entre 200 y 260 nicaragüenses yendo a firmar a diario en las delegaciones policiales de diferentes partes de Nicaragua.

Se trata de un nuevo método represivo impuesto en el país que desde 2018 vive bajo un estado policial de facto, en el que los nicaragüenses son obligados a reportarse a diario en las delegaciones policiales, enviar fotos cuando un policía se los ordene, pedir permiso para salir de sus casas, municipio o departamento y permanecer vigilados por policías encubiertos o simpatizantes orteguistas.

Les dicen que son “investigados”

En estos últimos operativos, la obligación de reportarse a diario ante la Policía Nacional inició con visitas de oficiales que se identificaron como miembros de Inteligencia policial. Luego, los ciudadanos fueron notificados de que son “investigados” y que, durante el tiempo que dure esa pesquisa, deben presentarse diariamente en la delegación policial más cercana.

En el sistema electrónico del Poder Judicial, la acusación contra Maribel y todos los capturados en la primera redada estuvo disponible unos días, pero después desapareció. “Muchos siguen yendo a firmar, a pesar de que no existe ninguna acusación, la gran mayoría salió del país huyendo”, relata la ciudadana.

La medida que el juez le dio a Maribel indicaba que debía presentarse a las diez de la mañana, pero al llegar al día siguiente a la estación le dijeron que debía hacerlo a las seis de la mañana. “Sin importar si hay feriado, si está lloviendo, si es fin de semana o si uno se enferma”, apunta.

En febrero de 2024, también le informaron que si quería salir de su departamento, debía avisar con tres días de anticipación. “Lo hice por temas médicos, pero es difícil estar avisando cada vez que uno quiere moverse”, expresa.

La primera vez que Maribel salió de su departamento, los policías nunca le respondieron, incluso cuando llegó a firmar a la estación el mismo día de su cita médica. “Me arriesgué y me fui, porque esas citas cuesta tres meses reprogramarlas”, asegura.

Aunque sabe que muchos se han ido, en su caso tiene miedo de dejar a su familia sola. “Tengo a alguien enfermo, que depende de mí y en otro país no sé si podrá ser atendido”, lamenta.

Un día que no pudo ir a la estación porque estaba en el hospital, dice que los policías llegaron hasta allí para tomarle fotos y que firmara. “En sus caras pude ver que me tuvieron compasión”, explica.

“Somos presos políticos, pero no contamos para nadie”

El mismo día y a la misma hora de la detención de Maribel, era trasladado a Managua, pero desde el sur del país, Rodolfo, un ciudadano que participó activamente en las protestas contra el régimen.

Describe su situación como “desgastante” porque constantemente es amenazado de que si no llega a firmar, lo llevarán al centro de torturas en la cárcel El Chipote.

“Conozco personas que han estado hospitalizadas y hasta ahí llegan a hacerlos firmas, también algunos que no han podido llegar un día y los llegan a buscar y les advierten que la próxima irán presos”, relata.

Rodolfo vive relativamente cerca de la estación policial de su ciudad, pero conoce personas que tienen que viajar hasta 22 kilómetros para asistir todos los días. “Es un desgaste físico, emocional y económico (…) muchos ni siquiera pueden trabajar”, insiste.

Subraya que algunos del grupo de detenidos reciben la visita de policías una vez a la semana. “Cierran la calle, sacan a toda la familia a la acera de las casas y empiezan a tomar fotos a la persona y a la vivienda”.

En su caso, dice que ha recibido visitas policiales días antes del aniversario de las protestas, de los días navideños, de las fiestas patrias e incluso de la celebración del aniversario del triunfo de la revolución sandinista.

“Te repiten la pregunta: ¿qué planes tienen estos hijos de puta?”, detalla sobre esas visitas que para él revelan el miedo de la dictadura a las protestas.

Considera que lo que viven al menos las 260 personas que tienen ese régimen de casa por cárcel en Nicaragua con tener que firmar diaria, semanal o quincenalmente es una “tortura silenciosa”.

“Somos presos políticos, pero no contamos para nadie, en ninguna lista nos tienen como víctimas de la dictadura”, se queja.

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Las mayores redadas policiales

Las amenazas y allanamientos policiales contra ciudadanos comunes han sido constantes desde 2023. Estas son las cuatro redadas masivas reportadas tras las cuales han impuesto régimen de “casa por cárcel de facto” contra varios nicaragüenses.

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Casa por cárcel de facto, “menor costo político”

Para Ivania Álvarez, del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, esta forma de represión policial es posible gracias a la vigilancia “cuadra a cuadra” implementada en los últimos años en Nicaragua. Sostiene que los secretarios políticos y operadores del régimen en los barrios son los encargados de filtrar información a la Policía.

Señala que la medida de obligar a las personas a presentarse a firmar ha resultado “efectiva” para el régimen, porque en la medida que las personas están más vigiladas disminuye su participación en actividades públicas y el temor a ser apresados en cualquier momento los obliga a quedarse callados.

Álvarez, además, considera que este método represivo implica un “menor costo político para el régimen”, ya que evita que la lista de los presos políticos crezca, disminuyen las denuncias de la comunidad internacional y eventualmente las personas que están siendo obligadas a firmar terminarán yéndose al exilio.

“Quieren silenciarnos y que salgamos de Nicaragua”

A Carmela le quedó grabada la imagen de su madre sufriendo cuando la detuvieron. “La vamos a devolver mañana”, le prometieron los policías que se llevaban sus teléfonos y las dejaban incomunicadas.

Cuando era trasladada con rumbo desconocido confiesa que se le subió la presión. Para ella, esa noche fue eterna. Recuerda que firmó papeles, le tomaron las huellas y los policías y fiscales la miraban con odio.

“Nos llevaron a una sala de audiencia donde estaba una jueza, unos fiscales, y unos supuestos defensores que nunca hablaron con nosotros. Éramos unas once personas porque nos metían en grupos”, explica.

A la una de la mañana aproximadamente, Carmela supo que la dejarían irse a su casa con la “medida de firmar todos los días” en la estación de su ciudad, al norte de Nicaragua.

“Los supuestos defensores de oficio lo único que dijeron es que se sumaban a la petición de los acusadores”, indica.  

No sabe qué busca la dictadura Ortega-Murillo dejándolos enfrentar supuestos procesos judiciales en libertad condicional. “No hay acusación, pero la amenaza está presente. Evidentemente, ellos no quieren tener más presos políticos en las cárceles o al menos quieren disimular que no tienen a tanta gente”, reflexiona Carmela.

El 4 de mayo de 2023 asistió a firmar por primera vez. Esa misma mañana empezó a hacer sus maletas para salir de Nicaragua. “No quería ver sufrir a mi madre, porque sabía que en cualquier momento me encarcelaban”, relata.

También cree que la misma dictadura busca que las personas se vayan del país.  “A la dictadura lo que les interesa es que no haya nadie, porque viven con miedo de un levantamiento cívico”, admite Carmela.

Además, conoce a un joven que fue capturado el 13 de mayo de 2023, en la segunda cacería nocturna contra opositores, y tenía la medida de firmar en la estación cada 15 días, pero también salió del país.

“Un policía mismo le recomendó que se fuera de Nicaragua”, dice.

Una medida “arbitraria” e “ilegal”

El régimen de casa por cárcel de facto impuesto por la Policía Nacional es una medida “arbitraria” e “ilegal”,  ya que la Policía no está facultada para dictar medidas cautelares, señala la abogada Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ). En todo caso, agrega, corresponde al Poder Judicial determinar si las personas bajo “investigación” deberían reportarse ante alguna autoridad.

Salazar cuestiona que esta medida es impuesta “por tiempo indefinido”, lo que deja al descubierto el carácter “arbitrario” y “represivo” de la misma.

“Hay personas que llevan más de un año yendo a firmar diariamente a la Policía. Esto excede cualquier periodo de investigación, ya que los procesos penales duran tres meses, máximo seis cuando es por tramitación compleja”, subrayó Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

Con esta medida, la Policía está imponiendo “un control absoluto sobre la vida de las personas consideradas opositoras”, apunta el abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

“Estas personas sufren de limitaciones graves a su movilidad porque tienen que pedir permiso para salir, sufren afectaciones al derecho al trabajo porque no se les permite trabajar de forma regular, sufren afectaciones familiares, sufren afectaciones en distintos ámbitos, incluso en el derecho a la salud”, subrayó el defensor de derechos humanos.

“Nuestras vidas giraban en la obligación de ir a firmar”

Durante el tiempo que Natalia estuvo yendo a firmar a una estación policial no pudo conciliar el sueño. Por las noches, la embargaba el presentimiento de que el despertador no repicaría y después de las siete de la mañana —hora en que debía reportarse diariamente— una patrulla llegaría a arrestarla. Dejaba su ropa sobre el buró de su cuarto para vestirse rápido al amanecer y procuraba llegar a su cita diaria una hora antes.

Su familia tampoco podía dormir ni comer tranquila. Su padre, un señor de la tercera edad con enfermedades crónicas, se quedaba todas las noches en vela esperando que una patrulla llegara por Natalia. Su madre, que también es de la tercera edad, cocinaba todos los días y con pesar veía que nadie en la casa hacía más de un tiempo de comida.

Estar bajo vigilancia “te quita el apetito, te da insomnio, no te dan ganas de salir y no tenés ganas de hacer nada”, comenta Natalia. “Uno se mantiene en estado de alerta —quizá— por el miedo o la depresión”, agrega.

Fueron 15 días los que Natalia acudió a la estación policial antes de salir de Nicaragua. En ese tiempo su vida “prácticamente giraba en torno a la visita a la estación policial”. 

A principios de julio de 2024, dos oficiales vestidos de civil llegaron a su casa para confirmar su domicilio y hacerle preguntas. Ese primer “interrogatorio” duró casi tres horas. Las preguntas de los policías “son para incriminarte de lo que ellos llevan en su guión”, subraya.

“Te dicen que, con la información que les estás dando, vos podrías ir prensa, así que es mejor que colabores. Después te piden tu teléfono y revisan tus conversaciones con familiares, amistades, trabajo, todo. No les gusta que tengas conversaciones con personas que ya no viven en el país”, menciona Natalia. 

Horas después de ese primer interrogatorio, los oficiales volvieron a su casa para que les firmara un cuaderno donde ella se comprometía a presentarse diario en una estación policial porque “estaba siendo investigada”.

El primer día que Natalia se presentó a firmar todo “fue super rápido”, no tardó ni cinco minutos.  El comisionado que estaba a cargo —inclusive— le dijo “que no se preocupara, que la firma era algo normal y que ella podía hacer su vida con normalidad”.

Al día siguiente, los oficiales comenzaron a preguntarle sobre sus familiares que viven en otra ciudad y, horas después de haber ido a firmar, doce patrullas de la Policía llegaron a su casa con una orden de allanamiento. “Revisaron toda la casa y se llevaron computadoras y celulares”, detalla. 

“Nosotros les preguntamos a un oficial por qué estaban haciendo todo esto y nos dijo dos cosas: que nosotros estábamos bajo una investigación por delitos de divulgación de noticias falsas y porque algunos vecinos habían denunciado de que nosotros hacíamos publicaciones en contra del Gobierno desde nuestras redes sociales”, comentó Natalia, quien temiendo que la encarcelaran en cualquier momento, prefirió salir de Nicaragua.

“Querían que agradeciéramos no estar presos”

Aunque pudo dormir en su cama y comer en su casa, tras la medida de firmar todos los días en una estación, Guillermo explica que su vida cambió desde la captura violenta.

 “Llegaron rompiendo la puerta, nos pusieron en el piso y rebatieron toda la casa. Eran unos 80 policías”, recuerda.

Cuando Guillermo estuvo frente al juez que lo acusaba de “alterar la paz”, sintió como si repitiera el mismo discurso de Rosario Murillo. Cuando le dijo que iba a estar libre con la medida de presentación diaria sintió un poco de alivio.

“Agradezcan que están siendo puestos en libertad, no desaprovechen la oportunidad… y no vuelvan a hacer nada contra el Gobierno”, le dijo el juez a los capturados que alcanzaban en la sala.

Salió y observó que los detenidos seguían llegando y entrando a distintas salas. Firmó unas 20 páginas y guardó silencio mientras era devuelto a su casa en un barrio de Managua.

En el camino un policía le dijo con tono solemne: “Estás claro de lo que acaba de pasar acá. Llévate la fiesta en paz y deja de estar jodiendo publicando cosas en redes sociales y agradecé que te vayamos a llevar a tu casa”.

Al día siguiente se acercó a firmar a la estación, pero ahí ni siquiera sabían quién era, ni parecían estar enterados de la redada policial. “Salí de la estación, para un juzgado pero tampoco sabían nada, así que me volví a mi casa y pensé que llegarían”, explica.

Guillermo salió a rezar a la iglesia y esa misma tarde llegaron a buscarlo. “Como no estaba le dijeron a mi hermana que llegara a las ocho de la mañana a la estación”, comenta.

Intimidación y espionaje

Aunque estaba “libre”, Guillermo tardó poco en saber qué era vigilado. “A veces iba al mercado y me encontraba con oficiales de Inteligencia que me seguían y que los conocí el mismo día del operativo”, menciona.

“Otras veces me encontraba a una mujer que anduvo preguntando direcciones en la calle de mi barrio días antes de mi detención”, agrega.

Por dos meses, Guillermo asistió puntualmente a firmar a la estación policial que le correspondía, pero en julio de 2023 se fue del país. Primero vivió en El Salvador y después se fue a Estados Unidos, donde ahora trabaja en construcción.

A pesar de no estar en Nicaragua, él sigue callado “por el temor de mi familia que queda allá”.

Confiesa que fue un policía quien lo animó a tomar la decisión de salir. “Vos —le sugirió— callate y mejor ándate”.

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*Los nombres de los nicaragüenses que compartieron su testimonio fueron cambiados por un seudónimo para proteger su identidad ante mayores represalias de la dictadura.