12 de septiembre 2024
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está reforzando lazos en materia de “seguridad” y vigilancia con Rusia y China, mientras, a lo interno de Nicaragua aprueba nuevas reformas al Código Procesal Penal que facultan a la Policía para pedir información telefónica y congelar cuentas bancarias sin orden judicial.
El Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China se comprometió a capacitar a oficiales nicaragüenses en la provisión de técnicas policiales y de tecnologías para el enfrentamiento al terrorismo, narcotráfico y ciberdelito, según informó la Policía Nacional el 9 de septiembre de 2024.
Las capacitaciones son parte de un acuerdo al que llegó el director general de la Policía de Nicaragua, primer comisionado y consuegro de Ortega y Murillo, Francisco Díaz, durante una reunión con el ministro de Seguridad Pública de China, Wan Xiaohong.
“En esta importante reunión bilateral confirmaron la continuidad de la cooperación y colaboración entre nuestros pueblos y Gobiernos para la capacitación del personal de la Policía Nacional de Nicaragua en materia de seguridad ciudadana, prevención e investigación del delito, así como la provisión de técnica policial y de tecnologías para el enfrentamiento al terrorismo, narcotráfico y ciberdelito”, dijo la Policía nicaragüense en una nota de prensa.
El acuerdo de capacitación se anunció durante el Foro de Cooperación Global de Seguridad Pública, en la ciudad de Lianyungang, China, a la que asistió una delegación de la Policía de Nicaragua encabezada por el jefe policial y consuegro de la pareja presidencial.
La comitiva de Nicaragua también la integraron los comisionados generales Esther María Muñoz Castellano y Julio César Sánchez Reynosa, segunda jefa de la Dirección de Inteligencia Policial, y segundo jefe de la Dirección de Seguridad de Tránsito, respectivamente.
También Rusia promete apoyo en seguridad
Mientras tanto, otra delegación del régimen, encabezada por Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante en Nicaragua y asesor presidencial para las inversiones, se reunió en Moscú con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, general Sergey Shoygu, para "reforzar" los lazos en materia de seguridad.
Durante el encuentro intercambiaron “sobre la cooperación bilateral y multilateral en materia de seguridad, frente a los intentos de revoluciones de color y la importancia de la conformación del nuevo orden mundial con Rusia como eje importante de desarrollo”, indicó el régimen de Ortega-Murillo.
En la delegación nicaragüense también participaron el segundo jefe de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua, coronel Álvaro Martín Peña Núñez; el jefe de la Dirección de Inteligencia y subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Zhukov Serrano Pérez; la subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Celia Reyes; y la embajadora nicaragüense en Rusia, Alba Azucena Torres.
En abril de 2024, esa misma comitiva nicaragüense se reunió con el entonces secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, con quien abordaron “temas, proyectos de la cooperación bilateral en materia de seguridad” y confirmaron “los apoyos mutuos en todos los campos”.
Entonces Nicaragua y Rusia firmaron una declaración para “contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas” de las sanciones que Estados Unidos impone contra funcionarios de ambos países.
Más vigilancia interna en Nicaragua
En simultáneo, el martes 10 de septiembre, el régimen nicaragüense dió a la Policía Nacional autoridad para allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las telefónicas la información digital (llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización) de las personas que estén bajo su investigación sin necesidad de una orden judicial, según una reforma al Código Procesal Penal.
La reforma a la Ley 406 del Código Procesal Penal de La República de Nicaragua, es la cuarta reforma de ley que envía Ortega en menos de una semana, y fue aprobada por 89 de los 91 diputados que integran el Parlamento.
El artículo 230 de la Ley 406, en sus incisos 9, 10, 12 y 13, le dan autoridad a la Policía Nacional de requerir información a proveedores de servicios informáticos.
Asimismo, de pedir a las telefónicas “información de los titulares de la líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, ubicación de las antenas emisoras y receptoras”.
La Policía Nacional también podrá “realizar registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean necesarios”. Y podrán extraer y acceder a información de sistemas electrónicos e informáticos.
El director general de la Policía Nacional también puede pedirle a las instituciones financieras públicas y privadas información sobre las transacciones de las personas naturales o jurídicas que estén siendo investigadas.
También puede “incautar, ocupar o inmovilizar activos, títulos valores, certificados de depósito, documentos y cuentas bancarias. También podrá suspender operaciones o transacciones financieras. Todas estas medidas ocurren sin que la persona investigada sea informada.
