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AMLO y la reforma del Poder Judicial

Mientras comienza el último mes de su mandato, el presidente mexicano saliente pretende avanzar en transformaciones estructurales del poder

Andrés Manuel López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla en su conferencia de prensa matutina. EFE | Confidencial

Jordana Timerman

1 de septiembre 2024

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Comienza el traspaso de Gobierno en México. Este domingo jura el nuevo Congreso. Por una peculiaridad del calendario político de ese país, la presidenta electa Claudia Sheinbaum asumiría recién el 1 de octubre, lo que deja al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, con un cierre de mandato que promete ser impactante.

Morena, el partido gobernante, y sus aliados cuentan con una mayoría calificada en la Cámara baja y les falta solo un voto para llegar a los dos tercios en el Senado. “Andrés Manuel”, como le dicen en su país, está decidido a capitalizar el aplastante triunfo que obtuvo su espacio en las últimas elecciones para implementar, a toda velocidad, un paquete de 20 reformas que presentó en febrero, inicialmente sin mucha esperanza de que llegaran a buen puerto.

La reforma y sus (muchos) detractores

El punto más controvertido de la agenda es la reforma judicial. López Obrador propone renovar a todos los jueces y magistrados federales, y que los nuevos funcionarios judiciales, aproximadamente 1.600 cargos, sean elegidos por voto popular. Según él, esta reforma democratizaría un ámbito dominado por una élite y combatiría la corrupción arraigada que alimenta la extendida impunidad en un país azotado por el crimen violento.

La reforma también propone eliminar las instancias de control sobre los jueces, como el actual Consejo de la Magistratura, que sería sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serían electos por voto popular. Además, reduciría el número de jueces de la Corte Suprema de 11 a 9. La duración del mandato de los ministros variaría entre 8 y 14 años, con prioridad para quienes obtengan más votos, asegurándoles más tiempo en el cargo. La reforma también impondría un límite a los sueldos de los jueces y flexibilizaría los requisitos para los candidatos judiciales, permitiéndoles postularse sin necesidad de experiencia laboral previa, a diferencia de los cinco años que se exigen actualmente.


Los sindicatos judiciales y los jueces están totalmente en desacuerdo con la propuesta, y están de huelga hace casi dos semanas, mientras la reforma avanzó con toda celeridad por las comisiones legislativas. Dicen que la iniciativa vulnera la profesionalidad del Poder Judicial, y que desanda el camino de especialización técnica que implica la carrera tradicional para llegar al puesto.

Los mercados internacionales también están preocupados. La Calificadora de riesgo Fitch Ratings señaló que las reformas del Gobierno “afectarían negativamente” el perfil de México, mientras que Morgan Stanley rebajó la calificación crediticia del país. Los titulares internacionales advierten que el Gobierno va por todo.

Estados Unidos y Canadá, socios de México en un tratado de libre comercio crítico para la economía regional, marcan que la reforma podría afectar el comercio. Se desató un conflicto diplomático esta semana cuando sus embajadores hicieron llegar su preocupación por la situación judicial en México. López Obrador “pausó” relaciones con las embajadas, lo cual, sin embargo, no parece tener efecto práctico sobre las relaciones diplomáticas entre los países.

Justicia rota

Tomemos un paso atrás. Lo que nadie discute es que hay un problema grave en la justicia mexicana. La impunidad general en México fue de 96,3% en el 2022 (último año por el cual hay datos), según México Evalúa, una organización de sociedad civil especializada. Esto quiere decir que a nivel nacional solo el 3,7% de casos penales tuvo resolución judicial. Estas cifras incluyen homicidios dolosos, femicidios y desapariciones. Para ponerlo en perspectiva, la tasa de homicidios en México en 2022 fue de 26 por cada 100 000 habitantes. En Argentina, el año pasado fue de 4,4 cada 100 000 habitantes. En México, fueron asesinadas 173 483 personas en los primeros cinco años del gobierno López Obrador, y casi todos los casos siguen impunes.

La confianza ciudadana en el Poder Judicial es, lógicamente, escasa. El 67,3% de la población considera que los jueces son corruptos, lo que lo posiciona como uno de los poderes estatales que más desconfianza genera .

El problema, señalan expertos tanto nacionales como internacionales, es que la reforma no apunta a los severos problemas que enfrenta el Poder Judicial, porque no abarca a los fiscales. Activistas de derechos humanos señalan que, al ser electos, los jueces podrían responder a la presión política en favor de la mano dura, dejando de lado criterios legales y aumentando la prisión preventiva.

Las malas lenguas consideran que la reforma podría ser una venganza de López Obrador contra un poder que frenó iniciativas del Gobierno. Los críticos señalan que en ningún lugar del mundo se elige por votación a los jueces de la Corte Suprema, y son contadas las experiencias en las que los jueces de otras instancias son elegidos tras una votación. Al ser una reforma relativamente inédita, no hay casuística concreta para juzgar el potencial impacto de las medidas.

El debate en México está hiperpolarizado, pero la realidad es menos estrambótica, según varios analistas. La reforma no apunta a los problemas reales del sistema de justicia, pero tampoco “supone el inicio de una dictadura, ni mucho menos,” le cuenta a Cenital Carlos Pérez Ricart, un investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. “Al contrario, en lugar de un régimen en el que el gobierno y el Poder Judicial están controlados por élites, sin transparencia ni contrapesos, pasaríamos a un escenario con un debate más abierto y accesible sobre el ejercicio de este poder”.

En un país donde todos creen que hay que mejorar la justicia, lo curioso para Pérez Ricart es “que desde el Poder Judicial no hay una contrarreforma. No hay una contrarreforma integral que diga entonces cómo sí tiene que ser. Solo hay una reacción a la propuesta del presidente”. Para Pérez Ricart, el mejor escenario sería que se deseche la actual propuesta y se abra una nueva instancia de reforma.

Sheinbaum respalda con firmeza la iniciativa de su mentor político, cuya popularidad le aseguró una victoria contundente con más del 60% de los votos. Esta semana, la presidenta electa respondió a los críticos que afirman que la reforma incrementaría su poder, señalando que, en realidad, lo reduciría. Actualmente, el presidente propone una terna para la Corte Suprema al Senado, que debe elegir un candidato por mayoría calificada; de no hacerlo, el presidente puede imponer su elección. Con la reforma, los tres poderes nominarían candidatos, quienes serían evaluados por una comisión de expertos (aún no se ha definido cómo se seleccionarán sus miembros). La terna final se seleccionaría mediante un sorteo.

Efectivamente, observando la experiencia en otros países, donde la decisión del presidente sobre quién postular a las cortes puede tener un impacto desproporcionado en las decisiones jurídicas durante muchos años, la tómbola podría ofrecer una solución.

Sin embargo, la gestión de Sheinbaum al mando de la Ciudad de México revela un perfil mucho más tecnocrático, y muchos analistas sospechan que la reforma no es su prioridad. Ha dado señales de pedir diálogo con sectores judiciales y esta semana solicitó que no se vote la propuesta el mismo día de la apertura de sesiones.

Hay quienes consideran que este es un esfuerzo bastante evidente del saliente mandatario de condicionar a su delfín político. Lejos de una fragmentación política dentro de Morena posterior a la elección, se ha mantenido totalmente la cohesión pública del partido. “Pero sí se empiezan a notar tensiones entre la presidenta electa y el presidente actual,” le señala a Cenital el periodista Alex González Ormerod.

Otras consideraciones

Pérez Ricart señala que el gobierno entrante de Sheinbaum asumirá el costo de la reforma impulsada por López Obrador. La implementación de elecciones para los cargos judiciales conlleva un alto costo presupuestario y administrativo, añade. Las elecciones se realizarán en dos fases escalonadas: en 2025 se elegirán los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo Órgano de Administración, así como la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. En 2027 se completará el proceso con la selección de la mitad restante.

Según González Ormerod, la reforma conlleva otros peligros menos discutidos. En un país donde la violencia electoral alcanzó niveles inéditos este año (como se reportó en Cenital en abril), las campañas para cargos judiciales podrían convertirse en una nueva oportunidad para que el crimen organizado y otros intereses corruptos ejerzan influencia. Es probable que los ganadores de estas elecciones sean aquellos respaldados por los intereses que puedan movilizar más recursos, ya sean políticos, empresariales o criminales. Además, con un calendario electoral cargado en el corto plazo, el desgaste electoral podría ser problemático, advierte González. “No digo que la gente no esté interesada, o que sea incapaz, pero siento que la manera en que se está postulando es deliberadamente obtusa”.

Es interesante analizar la propuesta de López Obrador en el contexto de su agenda de transformación al llegar al gobierno. Ha convocado referendos en varias ocasiones para proyectos de desarrollo, como el nuevo aeropuerto, e incluso para refrendar su presidencia a mitad de mandato (otra reforma que deberá enfrentar su sucesora).“Él es alguien que, desde mi punto de vista, sí cree en este tipo de ejercicios para la renovación de un poder que considera secuestrado, tomado por las élites”, señala Pérez Ricart. “Él cree en la transformación. Él habla de transformación. Dice que esa es la cuarta transformación. Y cuando él le habla de esto, en realidad, sí cree que es una reforma pacífica, revolucionaria”.

Tiempo de Mujeres

Este mes marca el inicio de una nueva etapa en la llamada “cuarta transformación”. La reforma que se acelera ahora es, en parte, un adiós del presidente actual, pero también sentará las bases para el mandato de su sucesora. A pesar de la intensa polarización política que caracteriza el debate, la crisis de violencia y la impunidad continúan sin una respuesta efectiva.

*Este artículo se publicó originalmente en Cenital

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Jordana Timerman

Jordana Timerman

Periodista especializada en América Latina. Editora del Latin America Daily Briefing. Vive en Buenos Aires, Argentina.

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