29 de agosto 2024
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Una iniciativa de reforma al Código Penal de Nicaragua, enviada por Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, pretende enjuiciar a los nicaragüenses y extranjeros que cometan supuestos delitos fuera del país y castigarlos con penas que van desde la confiscación de sus bienes hasta la prisión perpetua.
Con estas reformas el régimen orteguista intenta imponer una especie de “represión transnacional”, advierten políticos opositores. Señalan, además, sobre la aplicación indiscriminada de penas como la confiscación de bienes y prisión perpetua, que en la Constitución Política sólo fue autorizada para casos de extrema gravedad.
La iniciativa que pretende modificar 27 artículos de la Ley No. 641 del Código Penal, fue remitida a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional y se espera que sea aprobada el próximo 3 de septiembre.
Entre los cambios sugeridos por Ortega se destacan las modificaciones al artículo 16 del Código Penal, sobre el “principio de universalidad”. En este se establece que las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que, estando fuera del territorio nacional, hayan cometido delitos como: lavado de activos, terrorismo y su financiamiento.
Además, se agregan al artículo 16 delitos como: proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, crimen organizado, ciberdelito y cualquier delito contra la administración pública.
Las penas por esos delitos, según la iniciativa, van desde las privativas de libertad, decomiso de bienes o activos y multa. En los casos de encarcelamiento, en casos de delitos graves, las penas serán hasta de prisión perpetua revisable.
En la exposición de motivos, Ortega argumentó que la comisión de algunos de estos delitos no solo afectan al ciudadano en su individualidad, sino también a la colectividad nicaragüense, “cuando dichas acciones atacan los bienes y servicios destinados a garantizar la tranquilidad y el bienestar de la comunidad”.
Sin embargo, la mayoría de estos delitos, que el régimen pretende castigar extraterritorialmente, han sido utilizados en los últimos años para perseguir y enjuiciar a opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así como para cancelar y confiscar los bienes de unas 5500 organizaciones no gubernamentales.
“Represión transnacional”
El político opositor y ex aspirante presidencial, Félix Maradiaga, señaló que esta iniciativa de reforma al Código Penal es una escalada peligrosa en la estrategia de represión del régimen orteguista.
“Esta reforma no solo busca ampliar la capacidad del régimen para perseguir a los opositores dentro de Nicaragua, sino que también extiende su alcance más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose en un arma de represión transnacional”, explicó Maradiaga en su artículo La dictadura Ortega hace preparativos para más expulsiones, que se publica este viernes 30 de agosto en CONFIDENCIAL.
Agrega que “Ortega ya no se conforma con encarcelar y expulsar a los disidentes más incómodos; ahora pretende juzgar y confiscar los bienes de aquellos que se encuentran en el exilio, ampliando su capacidad para silenciar a la oposición en cualquier lugar del mundo”.
El exdiputado y analista político, Eliseo Núñez, señaló que, con estos cambios al Código Penal, cualquier persona acusada por los delitos señalados por Ortega podrían ser sentenciados a cadena perpetua.
“Están poniendo el tema de lavado de dinero y la cadena perpetua que no estaba en el Código Penal, hay que recordar que la reciente reforma a la Constitución establece que la cadena perpetua es solo para crímenes atroces, etcétera, y ahora lo están poniendo en el tema de lavado, lo cual es grave”, subrayó Núñez.
Institucionalizan las confiscaciones en Nicaragua
En la clasificación de las penas contenida en el artículo 47 del Código Penal, se incluye la prisión perpetua revisable y el decomiso de bienes o activos para las personas naturales.
En tanto, para las personas jurídicas se establecen multas, decomiso, clausura de locales, prohibiciones temporales o definitivas para realizar las actividades comerciales; la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas por medio de los beneficios fiscales.
Además, se establece la intervención judicial contra las personas jurídicas cuando el régimen considere que han violado los derechos de los trabajadores. De igual forma, podrán ser intervenidos financieramente y experimentar el congelamiento de cuentas bancarias.
30 años para quienes pidan sanciones
Otros cambios propuestos por Ortega aparecen reflejados en el artículo 410 del Código Penal, el cual establece que las personas naturales que “promuevan, soliciten o gestionen sanciones o bloqueos económicos comerciales y financieros” en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones o funcionarios públicos serán sancionados con penas de diez a quince años de prisión.
Sin embargo, la pena “se incrementará de quince a treinta años de prisión, a quien organice, financie, patrocine, para la comisión de este delito; o constituya o utilice personas jurídicas para tales fines”, continúa la reforma al artículo 410, referido al menoscabo a la integridad nacional.
