29 de agosto 2024
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concederá diez días de vacaciones a los trabajadores del Estado, en ocasión de las Fiestas patrias: del 13 al 23 de septiembre, en medio de la más grande barrida de empleados públicos que realiza la dictadura.
La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, declaró que por tercer año consecutivo "la semana del 13 al 23 de septiembre será dedicada al disfrute familiar, la recreación y el descanso".
“Desde los ministerios respectivos establecemos vacaciones descansadas para el personal de todas las instituciones del Estado, el Gobierno, las alcaldías, los servidores públicos, en una semana que va del viernes 13 de septiembre al concluir la jornada laboral, con retorno a la bendición del trabajo el lunes 23 del mismo mes”, declaró Murillo en su alocución diaria en los medios oficialistas.
Murillo afirmó que durante esos días, los emprendimientos y servicios turísticos en todo el país contarán con atractivos para las familias visitantes, así como la exoneración del IVA en todas sus atenciones.
También mencionó que el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) prepara paquetes turísticos con formatos, precios y descuentos especiales.
“Exoneraciones y paquetes especiales en todos los servicios turísticos, emprendimientos, hoteles, todo lo que se ha venido fortaleciendo en todo el país, estamos hablando de restaurantes, cafetería, hotelitos, hoteles, albergues en toda nuestras Nicaragua, que van a poder exonerar del IVA a las familias visitantes”, expresó Murillo.
En el caso de los empleadores y trabajadores del sector privado deberán estos ajustarse a la costumbre o acuerdos realizados entre las partes, según el comunicado del Ministerio del Trabajo (Mitrab).
En el caso de los empleadores y trabajadores del sector privado deberán estos ajustarse a la costumbre o acuerdos realizados entre las partes, detalla el Mitrab.
Zozobra por ola de despidos
El “miedo” se ha apoderado de los trabajadores de las instituciones públicas de Nicaragua desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó que iniciaría una “reestructuración” del aparato estatal, el viernes 2 de agosto de 2024. El temor se ha “extendido” después de varios despidos masivos en todo el país, según empleados del Estado consultados por CONFIDENCIAL.
Una de las instituciones más golpeadas por la barrida ha sido el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) en las delegaciones de León, Chinandega, Bluefields, Carazo, Masaya y Granada, donde se ha despedido a más de 400 empleados.
En otras instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) despidieron a 40 trabajadores, revelaron a CONFIDENCIAL fuentes de esa institución. Además, reportaron despidos en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
“En este momento sabemos que cualquiera puede irse en la barrida, lo que no sabemos es cuántos nos iremos y por qué, pues han corrido incluso gente que era leal a la dictadura”, indicó un trabajador consultado por CONFIDENCIAL.
Desde abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo ha impuesto el terror a los trabajadores públicos, ha habido varias “purgas” y ha impuesto castigos a quienes se atrevieron a criticar sus decisiones.
Entre finales de octubre de 2023 hasta julio de 2024, más de 1100 empleados del Poder Judicial han sido despedidos en todo el país, según fuentes vinculadas a ese poder del Estado, quienes han destacado que la “barrida” fue ordenada por Rosario Murillo.
Caída de empleados
En sus primeros 14 años en el poder, la Administración del Frente Sandinista ensanchó anualmente la planilla del Poder Ejecutivo hasta alcanzar los 113 634 empleados en 2021, según datos del Banco Central de Nicaragua.
Desde 2022 el número de empleados públicos ha caído cada año. Las cifras oficiales indican que en promedio, hasta junio de 2024, había 111 652 empleados en el Gobierno central, aunque esta cifra se podría elevar —según cálculos independientes— hasta los 170 000 o 200 000 si se suman los trabajadores de las alcaldías, empresas públicas y entes descentralizados.
Cuando el FSLN volvió al poder, en enero de 2007, la planilla del Gobierno central era de 39 140 trabajadores, pero al final de ese mismo año ya la había elevado a 60 702 empleados.
