Organizaciones denuncian “feroz represión” y agudización de crisis de derechos humanos en Nicaragua

Miembros de la sociedad civil nicaragüense denunciaron la "feroz represión" y la agudización de la crisis de los derechos humanos que se vive en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante las sesiones previas al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)" de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se llevará a cabo en noviembre próximo.

Enfatizaron que la "represión" ha provocado una crisis humanitaria, un incremento significativo en el número de exiliados forzados y graves afectaciones en el ejercicio de los derechos de las poblaciones más vulnerables.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una de las organizaciones participantes, pidió a los Estados miembros de la ONU que exijan al régimen de Ortega y Murillo investigar los crímenes de lesa humanidad y que derogue las leyes que vulneran los derechos elementales de la ciudadanía.

"En Nicaragua se han aprobado al menos 17 leyes represoras las cuales han permitido el cierre casi total del espacio cívico en el país. Se han cancelado al menos 5400 organizaciones las cuales, en su mayoría, han sido confiscadas. Situación que, además, ha generado un desplazamiento forzado de personas que eran parte de estas organizaciones", expuso el defensor de derechos humanos, Salvador Marenco.

Marenco agregó que, desde 2019 hasta la fecha, han documentado cuatro etapas de represión hacia la Iglesia en Nicaragua, que van desde el encarcelamiento y la persecución a líderes religiosos hasta el destierro de 53 sacerdotes y obispos.

Periodistas víctimas de ataques

El régimen también ha incluido entre sus "víctimas" a periodistas y comunicadores, lo que ha obligado a marcharse al exilio a al menos 275 de ellos, denunció el director ejecutivo de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), Guillermo Medrano.

En su informe, titulado Estado de la libertad de expresión, prensa y derechos digitales en Nicaragua, Medrano sostuvo que el país "atraviesa una de sus peores crisis de violaciones a derechos humanos", y que desde abril de 2018, "el Estado, a través de sus instituciones, han desatado una feroz represión en la que incluye como víctimas a periodistas y comunicadores".

El Estado de Nicaragua ha impuesto, además, un marco jurídico en debilitamiento del Estado de Derecho, y ha instaurado mecanismos de censura, represión y judicialización contra periodistas, artistas y medios de comunicación en el entorno físico y digital, señaló Medrano.

Entre 2018 y 2023 se han cerrado al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, CONFIDENCIAL, 100% Noticias y la Trinchera de la Noticia, puntualizó.

"Apatridia de facto"

En un evento paralelo a las pre-sesiones del EPU, la representante de la Organización Victimas de Abril (OVA), Ligia Gómez, denunció los crímenes de lesa humanidad que estarían sucediendo en el país y detalló las nuevas tácticas que el régimen está utilizando.

“Desde OVA hemos denunciado varios temas, entre ellos el uso de la apatridia como herramienta de exterminio de cohesión familiar y social nicaragüense. Hay una apatridia de facto. Es una muerte cívica a todo el que se oponga a los actos criminales de la dictadura Orteguista”, precisó Gómez.

Estado no ha cumplido con las recomendaciones

En mayo de 2019, durante el diálogo interactivo, el Estado de Nicaragua recibió 259 recomendaciones, de las cuales aceptó 135, entre ellas 14 orientadas a garantizar la protección y promoción de la libertad de expresión, pero que "a la fecha no se ha cumplido con ninguna", subrayó Medrano.

De acuerdo con el monitoreo de casos que registra la FLED, desde abril de 2018 a la fecha se contabilizan al menos 1775 agresiones en contra de periodistas y comunicadores: 1386 personas naturales y 389 personas jurídicas o espacios informativos.

Asimismo, "la Fiscalía General de la República citó al menos a 59 periodistas a supuestas entrevistas que verdaderamente fueron interrogatorios con amenazas de aplicarles la Ley de Ciberdelitos por la supuesta difusión de noticias falsas en contra del gobierno", indicó.

Medrano destacó la crisis de "persecución" y mencionó la desaparición de la periodista y activista Fabiola Tercero desde el 12 de julio pasado, y el encarcelamiento del comunicador Víctor Ticay desde abril de 2023.

Piden activar jurisdicción universal

Mientras tanto, la Coalición Nicaragua Lucha instó en un comunicado a los países a activar su jurisdicción universal para afrontar la impunidad de las violaciones al derecho a la vida y lograr justicia que piden los familiares de las 355 personas asesinadas en el marco de la crisis que vive Nicaragua.

"Con el país en autoaislamiento y desacato, y a tres meses para que el Estado de Nicaragua se presente en el cuarto ciclo del EPU, es crucial utilizar todos los espacios internacionales de cooperación y justicia con acciones concretas y articuladas", consideraron.

Asimismo, abogaron por la liberación inmediata de las 151 personas presas por motivos políticos, por que se realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de los crímenes de lesa humanidad, el restablecimiento del orden constitucional, y por derogar los artículos sobre la privación arbitraria de la nacionalidad.

Otras demandas planteadas son que se permita el regreso de organizaciones humanitarias internacionales expulsadas por el régimen sandinista; garantizar el retorno seguro de las personas que fueron obligadas a desplazarse del país; así como garantizar la celebración de elecciones libres y transparentes.