27 de agosto 2024
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Un grupo de abogados argentinos solicitó a la Justicia de su país que cite a declaración indagatoria y se libre orden de detención y captura internacional contra el dictador nicaragüense, Daniel Ortega; la vicepresidenta, Rosario Murillo; y otros funcionarios de su régimen, por su participación en crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
Esta petición es parte de los procesos penales que se encuentran abiertos en Argentina contra la dictadura nicaragüense. Dichos procesos fueron iniciados en octubre de 2022, por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota; y después en enero de 2023, por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER).
“La solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”, dijo a Infobae el abogado Darío Richarte, uno de los denunciantes.
Agregó que “a esta altura de la investigación y habiendo sido analizada durante meses la gran cantidad de pruebas acumuladas en el expediente, desde esta querella coincidimos con la Fiscalía y creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados. Además, solicitamos la detención y que se libre orden de captura internacional contra ellos”.
Régimen ha intentado interferir
Richarte también manifestó que “el Estado argentino tiene la obligación de actuar conforme a sus compromisos internacionales y a las leyes nacionales en la materia”.
Entre los argumentos presentados, "se destacó la necesidad de estas medidas para asegurar la comparecencia de los acusados y evitar que interfieran con la investigación, como ya han intentado hacerlo", se lee en la publicación de Infobae.
Asimismo, se subrayó que la situación en Nicaragua ha sido objeto de análisis por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constató recientemente el empeoramiento de las condiciones de represión y violaciones a los derechos humanos en el país.
La solicitud también hizo referencia a los principios del derecho internacional establecidos tras los juicios de Núremberg, que imponen responsabilidades penales a los jefes de Estado por crímenes graves, independientemente de su cargo.
En este contexto, los abogados enfatizaron que Argentina, como signatario del Estatuto de Roma, está comprometida a investigar y juzgar estos crímenes.
Los procesos contra el régimen orteguista
El proceso penal iniciado por Richarte y Pirota está radicado en el Juzgado Nacional Penal y Correccional Nro. 4, a cargo del juez Ariel Lijo, y de la Fiscalía Nro. 3, a cargo de Eduardo Taiano, y se tramita bajo el expediente 2981/2022.
Entre los acusados están los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; el jefe de la Policía, Francisco Díaz; el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el ministro de Transporte, Óscar Mojica; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el presidente del Seguro Social, Roberto López; el asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, Óscar Valladares; el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
En las ampliaciones de las denuncias se incluyeron entre los victimarios al subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Ramona Rodríguez; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; y la exdirectora de la Policía, Aminta Granera.
El segundo proceso penal contra el régimen orteguista en Argentina se encuentra radicado en el Juzgado Nacional Penal y Correccional Nro. 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, y de la Fiscalía Nro. 11, a cargo de Germán Pollicita, y se tramita bajo el expediente 165/2023.
En esta denuncia “se exponen las violaciones del derecho internacional por las cuales Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel podrían ser penalmente responsables”, expresó el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) en un comunicado emitido horas después de realizar la acusación.
Entre las víctimas están la sociedad nicaragüense, la sociedad venezolana y la sociedad cubana.
