28 de agosto 2024
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El régimen de Daniel Ortega redujo en un 55% el presupuesto destinado al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) en los últimos siete años, al pasar de 492 millones de córdobas en 2018 a sólo 222 millones en 2024.
La drástica disminución es “evidencia de la falta de voluntad política para resolver los problemas ambientales”, valora el activista y presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, en el estudio Financiamiento Verde y el Presupuesto Medioambiental en Nicaragua.
“Una de las evidencias más preocupantes es la poca inversión en dos programas importantes de la institución: el de Servicios de Protección y Mejoramiento de la Calidad Ambiental, y el de Servicios de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”, apunta en el estudio.
Estos programas han recibido sólo “el 4% y el 10% respectivamente del presupuesto acumulado de la institución de los últimos siete años analizados”, agrega.
Más de la mitad de presupuesto en salarios
Mientras la partida destinada a este tipo de programas se reduce, el monto destinado a pagar la planilla de trabajadores de este ministerio ha aumentado. En 2022, de los 291 millones destinados al Marena, el 39.1% equivalente a 113 millones fue para el gasto de servicios profesionales.
En 2023, el porcentaje destinado a este gasto fue de un 45% al usar 121 millones del presupuesto total de 268 millones. Para 2024, el porcentaje para servicios profesionales fue de 131 millones, un 59.1% de los 222 millones asignados a este ministerio.
“Si queremos medir a un Estado en función de cuál es su política ambiental tenemos que ver las asignaciones presupuestarias y en Nicaragua precisamente esas asignaciones han ido en detrimento de la propia institución. Al final tienen una planilla que representa el 60% del gasto, pero no tienen recursos para atender los problemas ambientales”, explica
Esta disminución provoca que el personal del Marena no logre darle seguimiento a las denuncias medioambientales que se realizan, no tengan recursos para ir a los sitios donde ocurren los delitos ambientales, no hagan patrullaje o no lleven procesos judiciales contra los causantes, señala Ruiz.
Más presupuesto, pero castigan al medioambiente
El estudio detalla que en términos porcentuales, la asignación presupuestaria al Marena en 2024 representa el 0.17% del total del Presupuesto General de la República (PGR). En gobiernos anteriores, aunque la asignación presupuestaria a Marena era insuficiente, “el porcentaje de asignación era superior al actual.
El ambientalista indica que en la región centroamericana hay países que destinan el 2% de su presupuesto a su entidad ambiental, mientras en Nicaragua cada año la partida para el medioambiente disminuye.
“Esa lógica no se corresponde en la administración pública. Se supone que mientras más sube el Presupuesto General de la República, entonces más debería de subir las asignaciones a los entes descentralizados”, afirma.
Nicaragua el país centroamericano con menos “fondos verdes”
Además de la partida presupuestaria destinada para la entidad reguladora, los Gobiernos también reciben proyectos independientes para atender problemas ambientales. Pero de Centroamérica, Nicaragua es el país que menos dinero recibe.
De enero de 2018 a diciembre de 2023, Nicaragua recibió 385 millones de dólares en proyectos verdes, la mayoría en concepto de donación. Mientras, Costa Rica obtuvo 3667 millones y Honduras 1681 millones de dólares. Incluso, el El Salvador que tiene menos áreas protegidas percibió 623 millones.
En Nicaragua “el financiamiento verde” se prioriza en Caribe. Sin embargo, es el territorio donde hay mayores negligencias estatales para resolver los problemas ambientales.
“Creemos que el régimen Ortega-Murillo continuará en la búsqueda de Financiamiento Verde, sin presentar resultados tangibles en los principales problemas ambientales del país o simplemente no abordando las causas principales de esos problemas”, advierte el estudio.
Hay proyectos pero sin resultados positivos
Aún cuando el total del financiamiento que recibe Nicaragua es el más bajo de la región centroamericana, es superior a la partida asignada a través del Presupuesto General de la República (PGR). Lo cual indica que el financiamiento ambiental del país depende completamente de la cooperación internacional, pero la inversión “está teniendo pocos resultados en términos de los indicadores ambientales”, menciona Ruiz.
“Cuando vemos los indicadores ambientales de deforestación, de incidencia de incendio, de pérdida de biodiversidad, de aumento de los gases de efecto invernadero, de la vitalidad de los bosques vemos que va en deterioro el país”, alerta.
Por lo cual, agrega, se debería exigir a la “comunidad internacional que empiece a modificar su forma de otorgar financiamiento, a condicionar ese financiamiento a resultados específicos que garanticen una mejoría en los indicadores ambientales, que generen seguimiento, ejecución o monitoreo y evaluaciones independiente externa”.
El investigador también señala que el Gobierno de Ortega es incongruente porque mientras ejecuta una política de lobby para generar mayores recursos en espacios internacionales para cuidar las reservas naturales, promueve la minería, las concesiones de palma africana, la invasión en las dos principales reservas del país.
“No se corresponde la política nacional con lo que anda diciendo en nivel de discurso en los foros internacionales”, sentencia Ruiz.
