22 de agosto 2024
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha eliminado más del 70% de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que existían en Nicaragua. De 7227 oenegés que existían hasta 2017, se han anulado 5232, entre ellas 164 por "disolución voluntaria", según un registro de datos de CONFIDENCIAL.
Tras este cierre masivo de oenegés, en Nicaragua solamente quedarían unas 2000 oenegés y posiblemente no todas están activas, según estimaciones de Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), la primera de las oenegés canceladas y confiscadas en 2018.
En el último zarpazo, registrado el lunes 19 de agosto de 2024, fueron eliminadas 1500 organizaciones a las que el Ministerio del Interior (Mint) acusó de “no reportar” sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años. El cierre masivo e indiscriminado incluyó oenegés evangélicas, católicas y organizaciones sociales, hípicas, empresariales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes sandinistas, abogados y asistencia animal.
Este cierre masivo de organizaciones sociales en Nicaragua tiene “un impacto político y social grande”, valora el sociólogo nicaragüense e investigador en temas relacionados con participación ciudadana y sociedad civil, Silvio Prado. “Al desaparecer esa red asociativa en nuestro país, desaparece lo fundamental que constituye el tejido de la sociedad civil, que es el tejido de las asociaciones”, advierte.
Prado también señala “un impacto económico y social” causado por el cierre de organismos, acentuado por las reformas a las leyes que regulan a las oenegés que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 20 de agosto de 2024. Estas reformas, entre otras cosas, obligan a las organizaciones que todavía están activas a trabajar en alianza con el Gobierno.
“Hay un impacto económico y social, por cuanto, se elimina la posibilidad de que estas organizaciones lleven a cabo proyectos de desarrollo o de bienestar en las comunidades donde estaban trabajando”, explica Prado.
Además, valora que hay “un impacto en la cultura política”, ya que este tipo de acciones del régimen provocan que los ciudadanos pierdan el interés en asociarse para impulsar sus causas e intereses particulares.
Eliminar la acción colectiva con cierre de oenegés
Prado y Quirós coinciden en que esta nueva embestida del régimen contra las organizaciones sin fines de lucro está tratando de consolidar su control político sobre la sociedad civil.
La dictadura “con ese proyecto de alianza lo que quiere es anular el campo de la acción colectiva, así como también el campo de la autonomía, pero sobre todo el campo del contrapoder, que es el campo que se hace desde la sociedad con el contrapeso al desempeño de los poderes públicos, en la fiscalización, en el control, en la denuncia”, explicó Prado.
Para Quirós, las reformas a las normativas que regulan a las oenegés en Nicaragua eliminan la autonomía que los organismos tenían sobre sus proyectos y son un intento del régimen de imponer el “control absoluto” sobre los organismos de la sociedad civil, “ya no solo sobre el discurso o sobre lo que hacen sino también sobre los fondos” que ellos gestionan.
Luego de las reformas a las leyes de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (ley 1115); de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), y de Concertación Tributaria (Ley 822), las oenegés están obligadas a presentar al Ministerio del Interior sus propuestas de “programas y proyectos de alianza”. Dichas propuestas serán valoradas y estos decidirán si aceptan o rechazan la iniciativa.
Además, con estas reformas todas las oenegés, iglesias, colegios y organizaciones benéficas, "no serán objeto ni sujeto de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales" en Nicaragua.
Recomendaciones del FMI usadas a conveniencia
Quirós explica que al eliminar las exoneraciones automáticamente se elevan los costos de operación de los organismos en el país; sin embargo, señala que históricamente las exoneraciones para las oenegés no religiosas son “limitadas”.
Recordó que la eliminación de las exoneraciones es una de las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al régimen Ortega-Murillo, en el memorándum de Evaluación de la Misión del artículo 4º.
El Fondo Monetario “lo que estaban señalando no eran las exoneraciones a las asociaciones civiles sino otro tipo de exoneración mucho más arbitrarias y antojadizas que hace el Gobierno y que probablemente se mantendrán porque tiene que ver con favores políticos”, comentó Quirós.
Quirós, sin embargo, reclama que, a inicios de este año 2024, “el FMI aplaudió la mayor regulación a las asociaciones civiles (en Nicaragua) aunque esto significó la eliminación de muchísimas” oenegés. Es por esa razón que el régimen, “de manera informal, ha estado señalando que estas eliminaciones las hacen siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario, aunque realmente no sea cierto”, subrayó.
