La Venezuela que yo viví

Era otro país. No se llamaba República Bolivariana. En el país donde yo viví no había políticos en prisión. No se vedaban candidaturas. No se mataba a manifestantes críticos. No se quebrantaban, en fin, los derechos humanos. No había emigraciones masivas.

Aquel memorable país se llamaba simplemente Venezuela y ostentaba una democracia ortodoxa. Sus beneficios, además, no eran privilegios reservados para los nacionales. El presidente de esa Venezuela, Carlos Andrés Pérez (CAP) y su ministro Diego Arria albergaban a periodistas, intelectuales y empresarios de distintas ideologías que habían huido de las sangrientas dictaduras diseminadas entonces por América Latina.

Arria había viajado a Chile para reclamar a Augusto Pinochet, en nombre del presidente de Venezuela, la libertad de Orlando Letelier: el más prominente ministro de Salvador Allende. Consiguió que lo excarcelaran y lo llevó consigo a Caracas. Letelier fue el primero de otros ministros y altos funcionarios de Allende que fueron acogidos por el Gobierno de Pérez.

Con respecto a la Argentina, Pérez parecía tener una actitud distinta. De hecho, a principios de 1977 recibió y agasajó a Videla en Caracas. Hubo quienes creyeron que era “solidario” con el argentino porque en los años 60, como ministro del Interior de Rómulo Betancourt, él había dirigido una lucha sin cuartel contra la guerrilla venezolana, por lo cual se lo había acusado de violar derechos humanos.

Algunos hechos demostraban que, protocolos aparte, no había connivencia con la dictadura argentina. Semanas antes de la visita de Videla, el senado venezolano —donde el partido de Pérez tenía mayoría absoluta— aprobó una declaración condenando los “asesinatos y detenciones políticas” cometidos por el régimen argentino.

El embajador de Pérez en Argentina, Ernesto Santander, demandaba a las autoridades información sobre desaparecidos y protegía a potenciales víctimas.

En Caracas, el cobijo a los exilados no tenía que ver con ideologías. Un día, Arria me convocó para anunciarme esto: “Vamos a crear una comisión para asesorar al presidente sobre asuntos internacionales. Esa comisión estará a tu cargo. Tú debes contratar a gente de talento, pero con una condición: tienen que ser todos exilados. Los que pudieron salvarse de Videla, como tú, o de Pinochet, o de Stroessner, o de Banzer, o de Somoza, o de Castro”. Arria se negaba a clasificar a los exilados según sus colores políticos. Se proclamaba “políticamente daltónico”.

Pérez entabló una especial relación con el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que llevaba adelante una ofensiva diplomática contra las dictaduras continentales, incluida la argentina.

El grupo asesor formado por Arria preparaba informes sobre las dictaduras latinoamericanas que, cuando el ministro consideraba relevantes, hacía llegar al Gobierno de Carter por medio de Bob Pastor, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, asesor de Carter en Asuntos Interamericanos y un batallador en la defensa de los derechos humanos. Los envíos mostraban el permanente interés de Venezuela en cooperar con Estados Unidos en el debilitamiento de las dictaduras. El debilitamiento estaba en marcha.

El Gobierno norteamericano dejó de prestar “asistencia asistencia militar y la venta de armas” a Gobiernos que violaran los derechos humanos, la Argentina incluida. El secretario del Tesoro ordenó a los directores norteamericanos en el Banco Mundial y el BID que se abstuvieran de aprobar préstamos para la Argentina.

El Departamento de Estado explicó que se bloquearon los créditos porque el Gobierno argentino incurría en “sistemáticos abusos de derechos humanos”, estando acreditado que había personas ”detenidas ilegalmente, torturadas durante los interrogatorios y ejecutadas”. Las dictaduras se aliaron para fortalecerse, apañadas por los halcones del Departamento de Defensa, que tenían áreas de poder autónomo.

Así, los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay elaboraron, junto con la CIA, el Plan Cóndor, consistente en una desproporcionada respuesta a las guerrillas. El objetivo era “aniquilar” a esas organizaciones armadas, eliminando de cualquier manera a sus miembros. Ese plan indujo a millares de crímenes de lesa humanidad. A Pérez se le pidió que Venezuela cooperase con el Cóndor entregando algunos exilados. Su negativa fue rotunda.

La segunda presidencia de Pérez (1989-1993) dañó su imagen histórica. Venezuela —dependiente de la exportación de petróleo— había perdido una dramática proporción de sus ingresos. Cuando él dejó el poder, en 1979, el precio internacional del barril de crudo era de 32 dólares; cuando volvió, en 1989, había caído a 18. En esas condiciones, el ajuste fiscal no era un principio neoliberal: era una necesidad insoslayable. Pero insoslayable era también el descontento social, que se expresó de manera violenta y fue reprimido excesivamente.

Hugo Chávez lideró, por otra parte, un fuerte aunque fallido golpe militar, durante el cual la vida de Pérez corrió peligro.

Finalmente, él fue destituido por “corrupción”. Su pecado era haber usado 250 millones de dólares de los fondos reservados para dar apoyo a la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro, sometida a la conspiración y las amenazas del sandinismo, conducido por Daniel Ortega.

La “memoria final”, que borra todo mérito, ha hecho que Pérez no tenga pedestal.

La Venezuela de Nicolás Maduro y la Nicaragua de Daniel Ortega deberían servir para reivindicarlo. La democracia latinoamericana también.

*Artículo publicado originalmente en Clarín.