Izquierda y chantaje: La imposible defensa del Gobierno de Maduro

Escribo] contra el silencio elocuente y performativo de buena parte de intelectuales y artistas de la llamada izquierda que, en nombre de un mito al que no pueden renunciar […] se posicionan no por la vida, como habíamos creído que hacían, sino por la represión, la falsificación y el monolítico discurso ideológico.
Ileana Diéguez.
La performatividad de la izquierda neocolonial

Me dirijo a esa izquierda latinoamericana y mundial que prefiere posicionarse del lado del terror por el simple temor a perder su utopía, una izquierda que no logra salir del burdo chantaje: si no estás con Maduro estás con la CIA.

Los y las venezolanas de la izquierda crítica y honesta hace tiempo que nos cansamos de ese chantaje. No respaldamos al sector radical de la oposición liderado por María Corina Machado, porque no comulgamos con sus ideales ni con sus prácticas, generalmente poco democráticas y de derecha. Rechazamos enfáticamente el bloqueo de Estados Unidos, así como cualquier clase de injerencia en nuestro país. Sin embargo, eso no nos impide ver que la revolución bolivariana (a la cual respaldamos durante sus primeros años) hace muchísimo tiempo torció su rumbo.

Desde hace años sabemos que, a pesar de su retórica de izquierda y de su discurso antimperialista, el gobierno de Maduro y los militares que lo sostienen es un gobierno absolutamente impopular, generador de desigualdades sociales y cada vez más autoritario, como lo han demostrado la persecución a la protesta popular de los últimos días (pero que se inició hace años) y sus prácticas que rayan en el autoritarismo más cruento.

No apostamos al triunfo de una oposición cuyo proyecto no compartimos, pero consideramos vital reconocer la voluntad popular expresada en unas elecciones que, a pesar del ventajismo del gobierno y todas sus estrategias de intimidación, a todas luces ganó su candidato. Y este triunfo, más que la apuesta a un proyecto de derecha, expresa el hartazgo absoluto de un pueblo que no soporta más la situación la miseria, la precariedad y la desigualdad profunda a la que ha sido sometido.

A este hartazgo se ha sumado la indignación por el fraude, que se sospechaba pero que ha sido más descarado de lo que cualquiera pudo imaginar. Han sido muy evidentes las estrategias ramplonas y las excusas insólitas del Consejo Nacional Electoral –cuyos miembros son conocidos oficialistas–, que a una semana de las elecciones no ha mostrado aún las actas que respaldan el supuesto triunfo Maduro. A esto se suma la ausencia de cifras detalladas por estados, parroquias y centros de votación –como se ha hecho siempre–. Todo ello en el marco de la proclamación precipitada de Maduro como presidente –antes de haber difundido el segundo boletín con los resultados finales–. Estas, entre otras muchas irregularidades, han suscitado una rabia profunda que se ha expresado en la calle en todos los barrios y pueblos del país. La gente que ha salido a manifestar no es solo la población de clase media de las grandes ciudades, sino, sobre todo, aquella que habita en los barrios populares y en los pueblos más pobres del interior que viven en la situación de mayor precariedad, sin luz, sin agua, sin gas y con sueldos miserables, es decir, la misma que salió el 13 de abril del 2002 a defender a Chávez del Golpe de Estado de la oposición.

El Gobierno ha reaccionado a estas protestas mayoritariamente pacíficas con un discurso y una práctica de intimidación, persecución y secuestro, calificando a todo el que se manifiesta como “terrorista”, capturando no solo a quienes están en las protestas sino incluso a quienes muestran su malestar por redes y hasta simples testigos de mesa del proceso electoral. Esta política ha ido acompañada por el despliegue de cuerpos parapoliciales afectos al gobierno (denominados “colectivos”), ciudadanos armados y motorizados que están circulando en los barrios, intimidando a sus pobladores e incluso disparando contra ellos. El saldo actual de esta estrategia de terror, que el gobierno con el mayor cinismo ha denominado Operación Tun Tun –onomatopeya de llamar a la puerta de casa–, ronda las mil personas detenidas –sin respeto del debido proceso–, pero el mismo Maduro ha prometido encarcelar a 1.200 personas más y adaptar dos nuevas cárceles para ellas.

Por todo esto, es urgente hablarle a la izquierda mundial, no solo para que se posicione sobre lo que está sucediendo ahora sino también para que entiendan de una vez por todas que las políticas que este gobierno ha ejecutado durante años están muy lejos de ser democráticas, progresistas o medianamente revolucionarias por:

• La persecución, detención y ajusticiamiento de jóvenes de los barrios populares –mientras pactan y les dan salvoconductos a los jefes de bandas delictivas–, en operativos de seguridad como la Operación Cacique Guaicaipuro, que ha propiciado la reclusión sin juicio justo, la detención en condiciones inhumanas y la muerte en cautiverio de muchachos inocentes, como el terrible caso de los cinco jóvenes de La Vega. Esto no es una política de izquierdas.

• La exoneración de impuestos y aranceles a la importación de mercancías, alimentos y artículos de lujo, para favorecer las empresas –llamadas Bodegones– de los nuevos ricos vinculados al gobierno. También se está produciendo la privatización neoliberal de activos del Estado, amparados en la Ley Antibloqueo (2020), mientras la mayoría de la población vive en la pobreza y debe sobrevivir con un sueldo de cuatro dólares mensuales. Esto no es una política de izquierdas.

• La entrega del 12 % del territorio nacional a la explotación minera a través del megaproyecto extractivista ARCO MINERO –por medio de la figura autoritaria del Decreto Presidencial 2248 que suspende todo tipos de derechos en la zona–, que abrió las puertas a grandes trasnacionales estadounidenses, canadienses, rusas y chinas, así como a la minería ilegal. Este proyecto ha producido la devastación del bosque y su biodiversidad, la promoción de trabajo esclavo, el trabajo infantil, la explotación sexual de niñas y mujeres y la persecución y el asesinato de los líderes de comunidades indígenas Warao, E´Ñepa, Hoti, Mapoyo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye´kwana y Sanema. Esto no es una política de izquierdas.

• La intimidación, persecución y detención de dirigentes sindicales, campesinos y gremiales que luchan por la defensa de contratos colectivos, en contra de la “bonificación”, a favor de la libertad sindical, o por un salario digno. Estos han sido los casos de el caso de Leonardo Azócar y Daniel Romero, dirigentes sindicales de SIDOR –Siderúrgica del Orinoco–, quienes fueron detenidos y juzgados “por terrorismo”, o el del activista de Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez, quien fue encarcelado durante más de 10 años. Esto no es una política de izquierdas.

A estas alturas, hace falta mucha ingenuidad o mucho cinismo para seguir diciendo que el gobierno de Maduro –y sus militares– es un gobierno revolucionario. Por eso me pregunto cuándo la izquierda internacional verá la clase de régimen que está defendiendo. Cuándo se dará cuenta de en qué lado de la historia se están posicionando. Cuándo saldrá del chantaje. Cuando llegará a la conclusión de que es obsceno que el temor a perder una utopía valga más que el sufrimiento, el hambre, la persecución de miles de venezolanos y venezolanas.

*Artículo publicado originalmente en Zona de Estrategia