31 de julio 2024
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La dictadura de Daniel Ortega autorizó un nuevo dragado en el nicaragüense río San Juan, avivando las tensiones fronterizas con Costa Rica. El dragado fue oficializado el 25 de julio de 2024 en una Resolución Administrativa publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Sin embargo, se desconocen estudios de impacto ambiental e información del proyecto que incluiría trabajos en una zona protegida.
La resolución DGTA 017-2024 de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), solamente autoriza “las operaciones de dragado del río San Juan y las correspondientes exoneraciones a las tasas e impuestos que surjan de todas las actividades destinadas a la realización del Proyecto”.
El proyecto está a cargo de la delegada de la Presidencia en la Comisión para el Desarrollo del río San Juan, Olympia Avellaneda Tórrez, quien habría solicitado el dragado del río y solicitado la exoneración de impuestos.
Ortega descalifica consulta de Costa Rica
Ortega confirmó que Costa Rica envió a Nicaragua una carta solicitando que se le tome en cuenta en el nuevo dragado del río San Juan, que limita con territorio costarricense.
“Ahora que el MTI anunció que se va a hacer limpieza del río, ya vino una carta de ellos (Costa Rica) que tenían que ser tomados en cuenta. No. Si se tratara de realizar una obra que vaya también sobre el territorio costarricense, ahí sí. Por ejemplo, si el canal decidiéramos hacerlos sobre el río San Juan sí habría que comunicarles a ellos y explicarles", justificó Ortega la noche del martes 30 de julio, en un acto por el 45 aniversario de la Fuera Aérea.
El dictador reconoció que en el río San Juan "hay una gran reserva que tenemos que cuidar y hacerle el canal por ahí sería destruir la reserva que va a lo largo del río. Dijo que "eso se lo explicamos muy bien a las empresas que han estado trabajando los estudios y por eso es que el canal pasa lejísimo de la frontera con Costa Rica”, dijo Ortega, aunque el canal al que hace referencia no existe y la ley de la concesión del fallido canal fue derogada en mayo de 2024, tras diez años sin obras.
“Mantenimiento rutinario” en río San Juan, dice Murillo
En su monólogo del mediodía del lunes 29 de julio, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, ya había dicho que los trabajos se tratan de un “mantenimiento rutinario” del río San Juan, para garantizar la navegabilidad en la desembocadura ubicada en el Caribe nicaragüense.
“Ahí el MTI está realizando limpieza, dragado, son actividades rutinarias que garantizan la navegabilidad de nuestras familias en esa zona, las familias de la zona, nuestro río San Juan”, expresó Murillo.
Aseguró que este “mantenimiento rutinario” se realizará apegado a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2018, que puso fin a un conflicto legal con Costa Rica por los daños ambientales causados por el dragado del río San Juan en 2010, a cargo del otrora comandante guerrillero Edén Pastora, fallecido en 2020.
La CIJ decidió que Nicaragua debía pagar a Costa Rica la suma de 378 890 dólares por la degradación de bienes y servicios ambientales, daños al territorio costarricense, gastos de restauración en los humedales bajo protección internacional e intereses acumulados entre el 16 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2018.
Ambientalista reclama estudios de impacto
El director de la ilegalizada Fundación del Río, Amaru Ruiz, destacó que el dragado del río San Juan es necesario para retirar los sedimentos y recuperar la navegación, pero reclamó que debería estar respaldado por estudios previos de impacto ambiental y de viabilidad económica y social.
Los estudios ambientales del proyecto del dragado del río San Juan, si es que existen, “no han sido públicos”, adviertió Ruiz. “Independientemente de que sea del Estado, tiene que tener el estudio de impacto ambiental. Ser Estado no te exime de establecer un análisis o un estudio de impacto ambiental”, agregó.
Ruiz, que es biólogo de profesión, explicó que por tratarse de una zona protegida el proyecto además debió ser consultado con las comunidades y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).
Además de la falta de estudios ambientales, no se conoce el tiempo que durará el proyecto, el trayecto que será dragado, el lugar donde depositarán los sedimentos y los recursos utilizados para financiar las obras.
