18 de julio 2024
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El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó su advertencia de ser "extremadamente cautelosos a la hora de invertir en Nicaragua", dadas las leyes represivas que imperan en el país, un ambiente de negocios que no es el más propicio para operar, y la inseguridad jurídica que amenaza la posesión de cualquier propiedad.
El "Informe Clima de Inversiones 2024" detalla que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha revocado el registro legal y expropiado los activos de más de 3600 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas universidades privadas, la principal escuela de posgrado en administración de empresas así como organizaciones benéficas vinculadas a la Iglesia católica, la Cruz Roja y organizaciones que brindaban atención dental y sanitaria gratuita a niños empobrecidos.
Menciona que durante 2023 "el régimen aumentó la represión contra el sector privado nicaragüense, revocando el registro legal y expropiando los activos de 19 de las principales cámaras empresariales del país".
"Las cámaras empresariales habían desempeñado durante décadas un papel crucial en el sector privado de Nicaragua como defensoras de la comunidad empresarial y de las políticas comerciales. Ahora, las empresas individuales deben relacionarse directamente con el Gobierno autoritario de Nicaragua, a menudo con un mayor coste para las empresas y desde una posición negociadora más débil", indica el documento.
Eso facilita que, por ejemplo, las autoridades expropien bienes tras imponer arbitrarios cobros de impuestos, y encarcelen personas sin el debido proceso hasta que se negociaron y pagaron los impuestos. “Las multas arbitrarias e inspecciones aduaneras perjudican a las empresas que usan o venden productos importados”, advierte el Departamento de Estado.
Nicaragua perderá mucho dinero
Regularmente, el Departamento de Estado elabora y publica sus propias evaluaciones acerca del ambiente de negocios o la seguridad física de un país para advertir a sus ciudadanos -o a cualquiera que lea esos documentos- sobre la conveniencia o no de viajar, invertir y permanecer en un territorio.
Precisamente ese elemento es uno de los que preocupa al economista, Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Cuenta Reto del Milenio, quien explicó que las condiciones adversas que refleja esa publicación estarán en el sitio web del Gobierno de Estados Unidos, “y cualquier inversionista nuevo que quiera informarse sobre Nicaragua, va a encontrar este comunicado mientras estas condiciones persistan”.
El resultado será “un efecto de desincentivo a la inversión nueva”, mientras que a los inversionistas ya existentes “les envía una clarísima señal de que en Nicaragua no hay Estado de derecho, y que básicamente es muy difícil defender los derechos de los inversionistas que ya están establecidos” en el país, advirtió.
“Este anuncio del Departamento de Estado va a jugar un papel muy importante en la decisión de miles, millones de dólares en inversión que van a dejar de llegar al país en los próximos años, y se va a traducir en menor inversión, menor crecimiento económico, menor generación de empleos, menores exportaciones, y menores posibilidades para los trabajadores nicaragüenses, que son los que terminan pagando los platos rotos provocados por la dictadura Ortega-Murillo”, sentenció el economista.
Un compendio de políticas represivas
El informe hace referencia a que, en 2020, la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, aprobó seis leyes represivas que alarmaron a los inversores, entre ellas la ley de agentes extranjeros que exige a las organizaciones y personas que informen sobre la asistencia extranjera e impide que cualquier persona que reciba financiación extranjera se postule para un cargo público.
"Bajo el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, Nicaragua sigue suspendiendo los derechos civiles garantizados por la Constitución, deteniendo a presos políticos, confiscando propiedad privada y haciendo caso omiso del estado de derecho, lo que crea un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria", sostiene el documento.
Las autoridades de Estados Unidos alertan que "en respuesta al autoritarismo cada vez más profundo del régimen de Ortega y Murillo, casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua, y la mayor parte del financiamiento externo se reducirá en 2025".
Al añadir otra arbitrariedad más, que sirve para graficar la realidad nicaragüense, el documento reseña cómo “en febrero de 2023, poco después de expulsar a más de 200 presos políticos a los Estados Unidos, el régimen los despojó de su nacionalidad nicaragüense, los borró del registro civil, congeló sus cuentas bancarias y expropió sus bienes”.
Chamorro, que es uno de los afectados por esa política que viola los derechos humanos y los de propiedad, señaló que el régimen es el causante de que “las políticas absurdas de represión y acoso fiscal generen menor crecimiento, más pobreza, más desempleo y más desesperación en el país”.
Nicaragua podría crecer, pero...
Así como señala los riesgos, el documento reconoce que no todo está perdido en Nicaragua, al señalar que la economía aún muestra un potencial de crecimiento significativo, “siempre y cuando se pueda restablecer la confianza de los inversionistas mediante el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de derecho”.
Adicionalmente, señala la lista de ventajas que tiene el país, entre las cuales incluye “amplios recursos naturales; un sector agrícola bien desarrollado, y acceso directo a grandes rutas marítimas”, destacando que Estados Unidos es el principal socio comercial, siendo el origen del 30% de las importaciones que llegan al país, y el destino del 55% de las exportaciones.
Pero restablecer la confianza de los inversionistas, fortaleciendo las instituciones y el Estado de derecho, parece una tarea cada vez más difícil, considerando la forma en que funciona el régimen, en especial al considerar que “las conexiones personales con individuos cercanos al régimen son cruciales para los extranjeros que invierten en Nicaragua” y que “aunque las autoridades municipales y ministeriales pueden tomar decisiones relevantes para las empresas extranjeras, todas las medidas están sujetas a la aprobación de facto de la Presidencia”.
Otra realidad que tendría que cambiar para que las ventajas de Nicaragua resultaran más atractivas a los inversionistas, es que la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2020, no pendiera como una suerte de espada de Damocles sobre los empresarios que pueden llegar a verse afectados por una aplicación demasiado literal de un texto legal que fue aprobado inicialmente para afectar a las organizaciones de la sociedad civil.
De paso, también señala la facultad legal del Gobierno para limitar la propiedad extranjera por razones de seguridad nacional o por razones de salud pública, señalando el requerimiento de que las inversiones en el sector petrolero incluyan como socio a una empresa estatal de Nicaragua, igual que las que se hagan en el sector minero, aunque ese requisito no se aplica desde que la OFAC sancionó a la estatal Eniminas en junio de 2022.
