7 de julio 2024
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El Censo Nacional de Población y Vivienda (CEPOV) se realizaría en mayo de 2024, pero se extendió y aún no se sabe si ya acabó. Además, todavía se desconoce cuánto costó, quién lo financió y cómo se gastaron los fondos. Tal “opacidad” merma la “confiabilidad” de los datos que se obtengan, alertó Olga Valle López, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
“No solamente es la opacidad en la ejecución, en el trabajo de campo, sino también la opacidad financiera, lo que pone en duda, realmente, si hay una supervisión tanto del gasto como de la calidad de los datos que se están levantando”, subrayó la investigadora.
En el programa Esta Semana, que se transmite este domingo 7 de julio en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, Valle adelantó que, en una investigación de Urnas Abiertas, detectaron que el Banco Mundial y la Unión Europea han aportado, “indirectamente”, nueve y cuatro millones de dólares, respectivamente, para la ejecución del censo.
Aseguró que existe “muy poca información pública disponible y confiable, por parte de las instituciones financieras internacionales que han puesto fondos de manera indirecta”.
El informe de Urnas Abiertas sobre la opacidad financiera del CEPOV se presentará este lunes 8 de julio de 2024.
Silencio del INIDE y Banco Central
El Censo Nacional de Población estaba programado para terminar a finales de mayo; sin embargo, las autoridades del INIDE dijeron que el plazo se iba a extender. ¿Por qué se prolonga?, ¿por cuánto tiempo?
Como siempre, la información que tenemos es muy escasa. El INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo) no informó hasta cuándo se va a extender. La información a la que hemos accedido, en Urnas Abiertas, es que siguen aplicando las encuestas y que por una parte también esta extensión se da porque no lograron completar y cubrir todo el territorio nacional en el mes que habían informado que se daría esta actividad.
¿Hay alguna información empírica sobre qué porcentaje del censo lograron llevar a cabo, es decir, qué rango del universo de hogares visitaron?
Tampoco es una información que tenemos disponible. Esto demuestra, una vez más, toda la opacidad, tanto en la ejecución del trabajo de campo, como en la ejecución financiera que está llevando el INIDE con esta actividad.
¿Cuándo va a terminar el censo?, ¿Cuándo van a presentar los resultados a la ciudadanía?
Ni el INIDE, ni el Banco Central, porque se supone que es un marco de cooperación interinstitucional entre ambas instituciones, han informado. Incluso, los encuestadores tienen información confusa, no saben hasta cuándo van a seguir extendiendo su contrato; algunos no saben de qué manera van a cancelarles los servicios que están prestando. Alrededor de toda esta actividad, lo que hay es hermetismo, confusión y opacidad.
Fondos internacionales para el censo
Este censo se hizo con nueve años de retraso, de manera que el Gobierno tuvo muchísimo tiempo para prepararlo. ¿Cuánto costó el censo?
Tampoco sabemos. El censo anterior, de 2005, tuvo un costo de 14 millones de dólares, los cuales fueron financiados con fondos del BID, del Gobierno de Japón y de algunas organizaciones del Sistema de Naciones Unidas.
Este (de 2024) es la fecha y no tenemos ni idea cuánto le está costando a la ciudadanía, porque al final son fondos que nos pertenecen; ni tampoco sabemos quiénes lo están financiando; ni de cuáles instituciones está saliendo este presupuesto, porque ni en el Presupuesto General de la República ni en el presupuesto del INIDE, ni del Banco Central está incluida esta partida para pagar todos los gastos asociados al trabajo de campo.
Pero tampoco se conoce si hay organizaciones internacionales que estén financiando el censo. Se habla que se financia a través del presupuesto nacional, aunque no está claro de qué partidas. ¿Este censo va a tener alguna suerte de validación técnica internacional?, ¿Hay algún compromiso con alguna organización?
Desde Urnas Abierta hicimos una revisión de las finanzas públicas para indagar y evaluar la ejecución financiera, porque al final esto también está vinculada a la calidad de la información estadística que nos puedan brindar. Lo que nosotros encontramos es que hay, al menos, dos fondos de cooperación internacional vinculados, de manera indirecta, a la ejecución de este censo. Uno es del Banco Mundial por alrededor de nueve millones de dólares y otro es de la Unión Europea, administrado por el BID, de un poco más de cuatro millones (de dólares).
No obstante, lo que encontramos fue que, además de la opacidad del Gobierno, también hay muy poca información pública disponible y confiable, por parte de las instituciones financieras internacionales, que han puesto fondos de manera indirecta. Es importante decir de “manera indirecta”, porque en ningún lado se señala que son fondos para el trabajo de campo que se está haciendo en 2024, sino que fueron fondos asignados para el censo que, supuestamente, se iba a llevar en 2018, o bien para actividades preliminares a este censo que se está dando en este momento.
Compras de equipo y contrataciones
En el informe de Urnas Abiertas se indica que, para la realización del censo, el Gobierno realizó muchas compras de equipos y contratación de servicios hasta por 17 millones de córdobas, a través de mecanismos de contratación simplificada. ¿Por qué se recurre a estos mecanismos y quiénes son estos proveedores del Estado?
Al margen de esta información de los dos fondos provenientes de instituciones financieras internacionales, también en el SISCAE lo que encontramos es que han hecho compras de poco menos de medio millón de dólares. Esto, obviamente, no es compatible con lo que el censo debería de estar costando. Entonces, al menos hasta mayo (de 2024) solamente habían ejecutado, menos de medio millón de dólares, que son más o menos los 17 millones de córdobas.
¿Qué es lo que encontramos? Las compras simplificadas, que ha sido un mecanismo usado, desde hace años, para evitar la competencia de los proveedores y asignar a sus allegados, sobre todo empresas que están vinculadas a diferentes operadores o funcionarios públicos para poder adjudicarles de manera directa las compras.
Según la legislación, las compras simplificadas te permiten accionar en algunos momentos de emergencia. Sin embargo, el censo está planificado desde hace varios años.
Desconfianza de la población
¿Qué pasó con la interacción entre los encuestadores y las familias en los hogares? Antes de que iniciara el censo la pregunta fundamental estaba relacionada a la confianza, la gente decía vendrán a recabar información para otros propósitos, y se quejaban de que algunos encuestadores andaban acompañados de policías.
Creo que también el régimen sabía de esta desconfianza, porque tomaron algunas medidas para intentar subsanar una situación que, realmente, no se subsana con las medidas que tomaron. ¿A qué me refiero con esto? En los primeros días se vio a policías y secretarios políticos acompañando (a los encuestadores), ellos (en el régimen) identificaron rápidamente que estaba generando todavía más desconfianza a la población, porque al final la fortaleza de un ejercicio como esto es qué tanta información real se pueda procesar para tener obviamente estadísticas que reflejen lo que pasa en el país.
¿Qué hicieron? Hubo una orden de que la Policía no iba a seguir acompañando, y tampoco los secretarios políticos, aunque los secretarios políticos sí hicieron un seguimiento muy cercano a los encuestadores. Daban información barrio a barrio, casa a casa, sobre a quiénes estaban encuestando. Esto se reflejó en que muchas veces los encuestadores ya llegaban con información previa de la familia, incluso cuando sabían que tenían un familiar exiliado, insistían bastante en el tema de las remesas, cuando normalmente el encuestador sabía que, en esa casa, no había personas en el extranjero.
También nos reportaron como, desde las alcaldías, los secretarios políticos hacían el acompañamiento, pero ya a la hora de visitar las viviendas no iban, porque el régimen está completamente claro del desprecio y la desconfianza que generan los secretarios políticos y la Policía.
Es curioso ver cómo las comunicaciones en redes sociales del INIDE hablan mucho de la confianza; es decir, ellos tienen claridad de que por su culpa, por el Estado policial de facto, la ciudadanía no está brindando la información adecuada para este procesamiento.
Impacto en la confiabilidad del censo
Hay un estado de opacidad financiera, hay evidencia de desconfianza de la población y por el otro lado, no sé si se puede llamar desorden, falta de programación o ineptitud de parte del INIDE. ¿Qué impacto tienen estos factores en la confiabilidad técnica de este instrumento de medición de información?
El valor del censo es que los números nos van a permitir diseñar políticas públicas, asignar el gasto, definir prioridades, y si no se levanta información de lo que realmente está pasando en el territorio nacional, pues vamos a tener diez años o quizá 19 años más, sin información confiable.
Al final no solamente es la opacidad en la ejecución, en el trabajo de campo, sino también la opacidad financiera, lo que pone en duda, realmente, si hay una supervisión tanto del gasto como de la calidad de los datos que se están levantando.
Acá es importante también hacer un llamado a las instituciones financieras internacionales, que tienen fondos indirectamente vinculados con este ejercicio, a que mejoren los mecanismos de evaluación y supervisión, porque al final se están invirtiendo muchos recursos que nos pertenecen a la ciudadanía en un ejercicio que quizá no va a dar información confiable. Esto es gravísimo.
