5 de julio 2024
AA
Share
Esta semana comenzó en Washington el arbitraje por el que la empresa Riverside Coffee LLC, con sede en Colorado, demanda al Estado nicaragüense, representado por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), por hasta 689.1 millones de dólares, ante la invasión de la Hacienda Santa Fe, ubicada en San Rafael del Norte (Jinotega), ocurrida en 2018, y la destrucción de miles de plantas de aguacate, nogal, y otras especies.
El 28 de agosto de 2020, Barry Appleton, del bufete de abogados Appleton & Associates, con sede en Toronto (Canadá), envió una carta al Mific, en nombre de Riverside Coffee LLC, en la que le invitaba a iniciar “discusiones y negociaciones” buscando llegar a un acuerdo, después de calcular que las pérdidas estimadas superaban los 580 millones de dólares, aunque la suma podría crecer en más de cien millones de dólares, al agregar otros daños.
Durante las audiencias de este miércoles, transmitidas en vivo en el sitio web del CIADI, el abogado defensor trató de hacer entrar en contradicciones al ingeniero Luis Adolfo Gutiérrez Cruz, administrador de la Hacienda Santa Fe, propiedad de Inagrosa, (de la que Riverside Coffee LLC es dueña mayoritaria), para reforzar la línea argumental de la firma de abogados.
Entre otros, los escritos presentados por los letrados de Baker & Hostetler, ponen en duda que Inagrosa tuviera los permisos necesarios para importar las semillas de aguacate que usarían en sus viveros; que hubiera suficientes recursos hídricos para irrigar toda la propiedad, y que pudieran conseguir que las autoridades fitosanitarias de Estados Unidos autorizaran la importación de sus aguacates.
Además de refrendar sus declaraciones previas contenidas en los documentos presentados ante el tribunal arbitral, el administrador Gutiérrez reiteró que los invasores -que dijeron estar autorizados por el alcalde eterno de la ciudad de Jinotega, Leónidas Centeno- se llevaron equipos y maquinaria agrícola; computadoras, un auto, dos tractores, una planta eléctrica, un motor de agua, y una despulpadora (sin motor), entre otras propiedades.
También habrían talado los bosques para extraer las mejores maderas, y arrasado con hasta 16 000 árboles de aguacate Hass, y unos 16 000 nogales, además de destruir las plantas de frijoles que se sembraron intercaladas en los aguacatales.
Pago inicial: 150 000 dólares
La vista efectuada en la sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, una entidad adscrita al Grupo Banco Mundial), ocurre después de múltiples argumentaciones presentadas por ambos litigantes (el Estado nicaragüense contrató a la firma Baker & Hostetler, con sede en la capital estadounidense), tratando de deslegitimar los argumentos y las pruebas de la otra parte.
Para llegar al inicio del arbitraje, el tribunal tuvo que emitir once órdenes procesales a lo largo de dos años, para responder a todas las objeciones de ambas partes. El tribunal está presidido por el finlandés Veijo Heiskanen, con oficinas en Ginebra (Suiza), e integrado por los árbitros Philippe Couvreur (de origen belga, con oficinas en Países Bajos, nombrado por el Estado de Nicaragua), y la inglesa Lucy Greenwood, seleccionada por la demandante.
Aunque los abogados contratados por Nicaragua alegaron la falta de competencia del CIADI, así como la falta de pertinencia de recurrir al texto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), al final enteraron los 150 000 dólares iniciales que ambos querellantes debían entregar al tribunal para enfrentar los gastos iniciales, y dar inicio al procedimiento.
En un intento aparente por dar una pátina de hecho consumado, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó al Instituto Nacional Forestal (Inafor), crear un vivero comunitario en parte de la propiedad invadida, mismo que fue inaugurado en abril de 2021, tal como se evidencia en esta publicación de Viva Nicaragua Canal 13.
Está previsto que las audiencias del arbitraje continúen hasta, al menos, el 12 de julio, después de lo cual el tribunal deberá emitir una resolución que rechace o admita, parcial o totalmente, los alegatos de las partes, determinando si impone el pago de alguna cantidad, así como la distribución de los costes del juicio en sí.
