3 de julio 2024
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El Estado de Nicaragua no se presentó este miércoles a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que se abordó el caso del feminicidio contra la nicaragüense Dina Carrión González, ocurrido en 2010, y la falta de investigación por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La CorteIDH informó que el Estado nicaragüense no acreditó agentes para participar en la audiencia que se desarrolló este miércoles 3 de julio de 2024 en la sede del tribunal en San José, Costa Rica, con la participación de representantes de la familia de la víctima, familiares y agentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En noviembre de 2022 la CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato, luego de que el Gobierno de Ortega no respondiera a una serie de resoluciones en las que el tribunal exigía la liberación de presos políticos y la protección de activistas, disidentes y defensores de derechos humanos.
Desde entonces, Nicaragua no ha respondido a resoluciones y órdenes de la CorteIDH y se ha ausentado de audiencias a las que le ha convocado el tribunal.
El caso de Dina Carrión
Este miércoles la CorteIDH escuchó a los representantes de la víctima, familiares y a los agentes de la CIDH, en relación con el caso del feminicidio contra Dina Carrión, la falta de investigación adecuada y la ausencia de acciones de las autoridades nicaragüenses para asegurar el vínculo del hijo de la víctima con su familia materna.
Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, ente que eleva las denuncias a la CorteIDH, dijo en la audiencia que Carrión, en el momento de los hechos en abril de 2010, era una madre de un niño de seis años y que estaba tramitando su divorcio del ciudadano Juan Carlos Siles.
Carrión fue a la casa a recoger al niño y horas después apareció muerta con un disparo en el pecho. La investigación oficial determinó que se trataba de un suicidio. El caso fue reabierto, pero en 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua decretó la nulidad de la reapertura y dejó en firme el archivo.
“Irregularidades en la recolección de pruebas”
“El Estado no realizó una investigación diligente y reforzada tratándose de una muerte violenta de una mujer en circunstancias donde había indicios de violencia de género en ámbito familiar. Se debía indagar la línea lógica de feminicidio”, dijo Meza.
Agregó que hubo irregularidades en la recolección y preservación de pruebas y que el dictamen de suicidio contenía estereotipos de género.
La CIDH acusa al Estado de Nicaragua de violar los derechos a las garantías judiciales, a la igualdad, a la protección judicial, a la vida y a la obligación de investigar hechos de violencia contra las mujeres. Además, señala que el Estado no adoptó medidas para asegurar los vínculos del niño con sus familiares maternos.
En la audiencia participó también Aida González, madre de la víctima, y su hija Aida Carrión.
Aida Carrión describió a Dina como una mujer de 36 años, feliz, madre amorosa, quien sufría de violencia física y psicológica por parte del esposo.
Recordó que el cuerpo de su hermana presentaba señales de violencia física y que el expediente del caso contenía numerosas incongruencias e irregularidades.
A partir de este miércoles las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y luego la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.
*Con información de EFE.
