3 de julio 2024
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Un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá para deportar vía aérea a migrantes procedentes del llamado Tapón del Darién —que separa a Colombia de Panamá—, “mermará” el negocio que la dictadura orteguista ha montado alrededor de los migrantes que buscan llegar vía terrestre a EE. UU., a quienes les cobra 150 dólares por un supuesto “salvoconducto” para cruzar el territorio nicaragüense.
De acuerdo con el investigador nicaragüense Manuel Orozco, especialista en temas migratorios de Diálogo Interamericano, entre 1200 y 2500 migrantes han cruzado diariamente la selva del Darién entre enero 2023 y mayo 2024, de los cuales a “al menos 500” se les cobra ese “salvoconducto” en Nicaragua.
Orozco calcula que, con el plan de repatriación en Panamá, el flujo migratorio del Darién bajará a la mitad a partir de agosto de 2024, lo que disminuirá los ingresos del régimen por el “salvoconducto”. Estos 500 migrantes representan unos 75 000 dólares diarios (2.7 millones de córdobas al cambio oficial). La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo registra este cobro bajo el rubro “otras tasas por servicios de migración y extranjería”.
Bajo ese concepto, la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua (DGME) recolectó 197 millones de córdobas en los primeros tres meses de 2024, según un informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En 2023, el régimen recibió unos 1664 millones de córdobas bajo ese mismo rubro, la mayor cifra reportada. Este récord coincidió con el alto tránsito de migrantes que usaron a Nicaragua como “trampolín” para llegar a Estados Unidos, ya sea vía terrestre o también a través de vuelos comerciales y vuelos chárter.
EE. UU. destinará seis millones de dólares
El Gobierno de Estados Unidos destinará seis millones de dólares para financiar el acuerdo migratorio con Panamá, nombrado como memorando de entendimiento, que incluye los vuelos de deportación, informaron este martes 2 de julio de 2024 funcionarios del Gobierno de Joe Biden.
El dinero se usará en programas de entrenamiento y asistencia técnica a las autoridades panameñas, y para costear los gastos de los vuelos de deportación, según indicó el encargado de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Luis Miranda, en una llamada con periodistas.
En la llamada, donde también estuvo la asistente especial del presidente Biden, Marcela Escobari, y el subsecretario de Estado adjunto, Eric Jacobstein, los funcionarios no entraron en detalle sobre cómo se financiarán estos vuelos y durante cuánto tiempo o hacia qué países irían y con qué frecuencia, pero el objetivo de los mismos es deportar a los migrantes a sus países de origen, en cuyo caso sería Venezuela, de donde sale la mayoría de personas que cruza el Darién rumbo a EE. UU.
Tampoco dieron especificaciones sobre cuántas deportaciones estiman que se llevarán a cabo bajo este nuevo acuerdo.
Detallaron, sin embargo, que se trata de un “programa piloto” que buscará expandir y sumar a las labores ya existentes, “pero limitadas”, de repatriación de Panamá.
Las personas deportadas, agregaron, serán aquellas que no tengan necesidad de protección internacional o no cumplan con los requisitos legales para permanecer en el país centroamericano.
A cuatro meses de las elecciones presidenciales estadounidenses, esta es la segunda medida del presidente Biden que busca reducir el flujo migratorio hacia EE. UU. El 4 de junio, el mandatario emitió una Orden Ejecutiva para restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México.
El Departamento de Estado de EE. UU. informó que, como resultado de esa nueva política en la frontera, “el promedio en siete días de la detección de migrantes irregulares por la Patrulla Fronteriza disminuyó en más del 40%, y DHS ha realizado más de 120 vuelos internacionales de repatriación a más de 20 países”.
Venezolanos, la mayoría de migrantes del Darién
En lo que va de 2024, más de 195 000 migrantes han atravesado la selva del Darién, en su mayoría venezolanos, mientras que en 2023 fueron más de 520 000, una cifra inédita, según datos oficiales.
A finales de 2023, EE. UU. extendió una licencia en las sanciones a Venezuela que permite los vuelos de repatriación de la aerolínea venezolana Conviasa desde países de la región a Caracas.
Según un informe de la organización Human Rights Watch, las restricciones de movimiento impuestas por los Gobiernos de América, promovidas por EE. UU., han forzado a miles de personas a tomar rutas más peligrosas, incluida la travesía por el Darién.
La gran mayoría de las personas que cruzan de Colombia a Panamá son de Venezuela, el país con la mayor crisis humanitaria del continente, con más de siete millones de personas que han dejado el país en los últimos años, según datos de Gobiernos y de agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
Más de veinte países del continente, incluidos EE. UU., México y Panamá, han impuesto visados a los venezolanos, provocando un aumento de las rutas irregulares por tierra hacia territorio estadounidense.
Acuerdo bajo el mandato de Mulino
El acuerdo fue firmado por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. La firma se dio este lunes 1 de julio, día que tomó posesión el nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino.
Durante su discurso de investidura, Mulino aseguró que “Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales”.
“No permitiré complicidades locales. A nuestras fuerzas de seguridad les pido aplicar la ley como corresponde, con estricto respeto a los derechos humanos y apego a la defensa de los intereses de nuestra patria”, afirmó el presidente de Panamá.
“No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Ese dinero producto de lucrar de la desdicha humana, es un dinero maldito”, sostuvo Mulino.
*Con información de EFE.
