11 de junio 2024
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El Consejo Nacional de Universidades (CNU), brazo represor de la dictadura en la educación superior en Nicaragua, fue despojado de un 56% de su partida presupuestaria en 2024. La reducción supuestamente obedece a un intento de cumplir la “gratuidad” de la educación que el dictador Daniel Ortega prometió en noviembre de 2023. Sin embargo, solamente cuatro de las cinco “nuevas” universidades recibirá una subvención, y dos de ellas obtendrán menos del monto que recibían en los campus anteriores.
El CNU pasó de tener un presupuesto de 866 millones de córdobas en 2023 a operar con solamente 384 millones, según revela el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024, recién publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
La drástica reducción presupuestaria solo alcanzó para cubrir a cuatro de las cinco “nuevas” universidades que instaló la dictadura en los campus confiscados a las universidades canceladas.
“Para el año 2024 las universidades públicas, comunitarias e interculturales de nuestro país, que atenderán a 180 220 estudiantes (...), ingresarán de manera gratuita a nuestras universidades”, prometió la dictadura.
Sin embargo, el presupuesto 2024 omite sin explicaciones a la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, creada en marzo de 2023, en León, para reubicar a los estudiantes de las canceladas y confiscadas Universidad Juan Pablo II y Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), entre otras.
Según el informe, solo se incluyó a:
- La Universidad Nacional Politécnica, antes Upoli, que recibirá 252 millones de córdobas.
- La Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, en el recinto confiscado a la Universidad Centroamericana (UCA), que recibirá 248 millones de córdobas.
- La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (antes Uhispam, UNEH, Uponic, Paulo Freire, UNADENIC, URB, UNIVAL) que recibirá 194 millones de córdobas.
- La Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, instalada en la cancelada Universidad Católica del Trópico Seco, de Estelí, que recibirá 150 millones de córdobas.
La Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana —que agrupa a estudiantes de la extinta UCAN, Juan Pablo II, UCSER, UDO— no fue incluida entre las universidades que reciben fondos del 6% constitucional, a pesar de que rectoría de esta casa de estudios es administrada por fanáticos orteguistas y en su campus se celebran las efemérides sandinistas.
La dictadura afirmó que la gratuidad vendría en 2024 “gracias al crecimiento económico” de Nicaragua. Sin embargo, el 6% constitucional para la educación universitaria (que incluye la partida para el CNU y la asignación para todas las universidades) solamente creció un 27%, al pasar de 6315 millones de córdobas en 2023 a 8028 millones de córdobas en 2024.
Académicos independientes ya habían adelantado que la promesa de gratuidad era imposible, porque cada universitario le cuesta al Estado un promedio de 1402.92 dólares anuales. Por lo cual, el régimen orteguista necesitaría 252.83 millones de dólares para costear los gastos de los 180 220 estudiantes universitarios, previstos para 2024 en once universidades del CNU. Es decir, más de 1245 millones de córdobas adicionales a los 8028 millones designados al total del 6% en 2024.
En noviembre de 2023, CONFIDENCIAL publicó un reportaje en el que ya analizaba que la educación “gratuita y de calidad” prometida para 180 220 universitarios en Nicaragua es imposible de cumplir, aun si se destina la totalidad del 6% del Presupuesto General de la República, que por ley constitucional corresponde a las universidades estatales.
CNU había septuplicado su presupuesto desde 2018
El presupuesto del CNU, controlado por la operadora política de la dictadura, Ramona Rodríguez —quien dirigió las expulsiones de los universitarios que protestaron contra Ortega—, se había septuplicado desde 2018.
Este órgano rector pasó de tener 111 millones de córdobas en ese año a superar los 866 millones en 2023. El presupuesto incluso llegó a ser superior a las partidas que recibían varias universidades como la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan) y la Bluefields Indian and Caribbean University (Bicu), ambas en el Caribe de Nicaragua.
En principio, el régimen justificó los incrementos al presupuesto del CNU con la creación de los fondos: “Fondo Especial Patriótico”, “Fondo Semilla de Reconstrucción” (a partir de 2019), y “Fondo de Transformación Digital”. Aunque nunca rindió cuentas de ninguno de los tres.
En 2022, cuando la confiscada Universidad Centroamericana (UCA) fue sacada del grupo de instituciones superiores que reciben una partida del 6%, la dictadura premió al CNU entregando el 75% del presupuesto estatal que le correspondía a la UCA y que no había desembolsado: unos 750 000 córdobas.
A cambio, el CNU, junto al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), siguieron persiguiendo a las universidades privadas a través de un proceso de acreditación y verificación de “mínimos de calidad” que conllevó el cierre de más de 28 universidades, unas cerradas a través de la cancelación de su personería jurídica por supuesto incumplimiento, y otras porque pidieron su disolución voluntaria para no perder su bienes muebles e inmuebles.
En diciembre de 2023, el CNU recibió la capacidad legal de gestionar a las universidades conforme a los intereses del Poder Ejecutivo tras unas reformas a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley 582, Ley General de Educación.
Sin embargo, las mismas reformas incluyeron el traslado de la distribución del 6% del Presupuesto General de la República, que por ley constitucional le corresponde a las universidades, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta institución fue la que finalmente los despojó de más de la mitad de su presupuesto.
Casimiro Sotelo recibe menos presupuesto que la UCA
Aunque el CNU perdió un 56% del presupuesto que recibía, previo a las reformas, sigue recibiendo más dinero que algunas universidades estatales como la Casimiro Sotelo, instalada en la confiscada Universidad Centroamericana (UCA).
Incluso, la Casimiro Sotelo está recibiendo menos dinero del que le entregaban a la UCA antes de 2018.
Según datos oficiales, en 2018 la universidad jesuita recibió 251 millones de córdobas. Con esta partida, se entregaban diferentes tipos de becas a estudiantes de bajos recursos económicos, y no alcanzaba para subvencionar a toda la matrícula estudiantil.
Ahora, con menos fondos, el Estado asegura que financia la nueva universidad, que tiene una población estudiantil de más de 5000 universitarios.
El CNU también está recibiendo más dinero que la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, otra de las nuevas casas de estudios creada para agrupar a los estudiantes que perdieron su universidad de un día a otro. La partida para esta institución —que tiene una población de 16 922 estudiantes— es de apenas 194 millones de córdobas. Mientras, su matrícula sigue en aumento ante los cierres de universidades.
