El reciente éxodo masivo de Cuba a Estados Unidos

En la última ronda de conversaciones sobre migración entre Cuba y Estados Unidos, convocada en Washington DC el 16 de abril de 2024, el régimen cubano recurrió una vez más a su gastado chivo expiatorio: el embargo económico estadounidense. Al atribuir el reciente éxodo masivo principalmente al embargo, el régimen se adhirió a su táctica de décadas de desviar los problemas internos hacia factores externos.

Sin embargo, esta narrativa repetitiva esconde una cruda verdad: el asombroso éxodo es una consecuencia directa de un sistema sociopolítico opresivo que sistemáticamente deja a los individuos indefensos, privándolos de cualquier medio para escapar de sus circunstancias de miseria y opresión.

Crisis humanitaria y migración masiva

Los cubanos enfrentan hoy una crisis multisistémica debido a la disminución de las exportaciones de petróleo de Venezuela desde 2019, las impopulares reformas económicas del régimen de 2020 y el impacto de la pandemia en el turismo y las remesas. Esta crisis ha provocado el colapso de la infraestructura, una disminución del poder adquisitivo, una devaluación de la moneda, un aumento vertiginoso de la inflación y una grave escasez de alimentos, medicinas y vivienda.

Como resultado, Cuba ha experimentado la mayor migración de su historia. Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, aproximadamente 600 000 cubanos fueron interceptados en la frontera sur desde octubre de 2021, una cifra mayor que cualquier otro éxodo masivo en la historia de Cuba desde el inicio de las Guerras de Independencia en 1868.

Los cubanos carecen de opciones para evitar la miseria y opresión

Los cubanos abandonan la isla porque no tienen otra opción. El gobierno, que actúa como principal empleador dentro de un anticuado sistema económico de planificación centralizada heredado de la era soviética, controla estrictamente el sector de los trabajadores por cuenta propia mediante altos impuestos y multas punitivas. Los trabajadores autónomos necesitan permiso del gobierno para iniciar sus propios negocios.

Diversos estudios sugieren que desde la década de 1990 hasta la actualidad, ha sido una tendencia y práctica sistemática del régimen cubano restringir significativamente la emisión de licencias a trabajadores por cuenta propia, dejando a las personas en un estado de impotencia sujetas al control del Estado. Actualmente, existe una lista de 124 actividades operativas privadas prohibidas, que abarcan sectores económicos clave y profesiones calificadas. Además, la prohibición de organizaciones no gubernamentales que podrían abordar la pobreza, las crisis humanitarias, la desigualdad, el racismo y otros conflictos sociales en Cuba exacerba la falta de agencia del ciudadano promedio para mejorar sus circunstancias económicas.

La negativa del régimen cubano a implementar reformas económicas cruciales, como liberar las fuerzas productivas del país y permitir un mercado libre con liberalización de precios, ha intensificado aún más la crisis. Esencialmente, los cubanos comunes enfrentan limitaciones significativas y carecen de autonomía para alterar de forma independiente sus condiciones de pobreza y opresión. Ante la falta de oportunidades, los cubanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad exacerbada, lo que obliga a muchos a buscar refugio en otros países.

Si bien el régimen cubano atribuye la emergencia humanitaria y la crisis económica al embargo estadounidense, una encuesta realizada en Cuba durante el verano de 2022, que abarcó a 1.227 personas en 14 provincias, revela disparidades significativas en percepciones populares. Más del 70% de los entrevistados atribuye la responsabilidad de la crisis a la mala gobernanza y al sistema imperante, y sólo el 8% atribuye los conflictos económicos y sociales al embargo. Más de seis décadas de fabricar una narrativa que culpa al embargo por los problemas internos en Cuba ya no tiene credibilidad entre muchos cubanos.

La falta de libertad como detonante del éxodo masivo

Es fundamental prestar especial atención a la falta de libertades como detonante fundamental que obliga a los cubanos a huir del país. A diferencia de muchos en América Latina, los cubanos carecen de la libertad de cambiar sus circunstancias. El artículo 4 de la Constitución cubana criminaliza los esfuerzos por alterar el sistema político y económico. Durante más de 65 años, a los cubanos se les han negado elecciones libres, lo que ha dado al Partido Comunista un poder indiscutible.

Además, en un país donde el Estado es esencialmente el principal empleador y donde el acceso a la educación y al trabajo está condicionado por requisitos discriminatorios de apoyo político al sistema gobernante, oponerse al régimen es una empresa peligrosa. Como lo han documentado organizaciones de derechos humanos, los efectos acumulativos de estas prácticas, junto con la ausencia de un recurso efectivo para responsabilizar a los violadores de los derechos humanos, ha añadido una sensación de desesperanza que impulsó la decisión de innumerables profesionales cubanos y personas de todos los ámbitos de la vida de huir del país en los últimos años.

La persecución por motivos políticos y la amenaza de enjuiciamiento y encarcelamiento tras la represión del 11 de julio de 2021 contra las protestas prodemocráticas obligaron a muchos a abandonar el país. Muchas personas que se unieron a estas y posteriores protestas corrieron riesgo de ser procesadas, lo que las obligó a tomar una difícil decisión entre ir a prisión o abandonar el país. Otros, que habían participado en las protestas sin ser arrestados, temían ser identificados más tarde por las autoridades en imágenes de vídeo. Al final, el miedo a la persecución ha obligado a muchos a huir.

Conclusión

El éxodo cubano está impulsado por un sistema obsoleto, continuas violaciones de derechos humanos, persecución por motivos políticos y una gobernanza ineficaz, lo que resulta en una crisis humanitaria. El estado de indefensión es una causa primaria de este éxodo, ya que los cubanos huyen ante su incapacidad para cambiar sus circunstancias. Estas condiciones de vulnerabilidad e impotencia que son los principales impulsores del éxodo, podrían aliviarse en un sistema democrático regido por el Estado de derecho, donde los ciudadanos puedan movilizarse para lograr cambios y disfrutar de libertades económicas y políticas para mejorar sus vidas.

Los gobiernos de todo el mundo deben respetar el derecho a buscar asilo político, un derecho humano fundamental según el derecho internacional. Si bien el programa de libertad condicional de Estados Unidos ha ayudado a unos 86 000 cubanos, excluye a muchas personas perseguidas políticamente sin patrocinadores estadounidenses o sin acceso a la aplicación CBP One cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Las acciones inmediatas deberían restablecer el programa de admisión de refugiados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, como lo instan los activistas cubanos, y derogar la prohibición de asilo en la frontera. Esta prohibición, criticada por grupos como la ACLU, niega injustamente asilo a inmigrantes basándose en su método de entrada a Estados Unidos.

La deportación de cubanos, particularmente después de serles denegada sus solicitudes de asilo, viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y plantea serias preocupaciones éticas. Las leyes cubanas contra las salidas ilegales, las regulaciones restrictivas que limitan los derechos de los profesionales y los artículos del Código Penal que restringen la libertad de expresión y asociación ponen en peligro a los deportados. Los activistas deportados a Cuba se enfrentan a penas de prisión y otras medidas arbitrarias.

Un enfoque multilateral al éxodo cubano implica que Canadá y la Unión Europea se unan a Estados Unidos para imponer sanciones selectivas a figuras clave responsables de la represión, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel. La rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de la represión son cruciales. Apoyar los movimientos democráticos pacíficos dentro de Cuba e iniciativas como el proyecto de ley del 21 de marzo presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para fomentar una ciudadanía informada son pasos esenciales para crear condiciones que empoderen a las personas a exigir elecciones libres y justas, permitiéndoles elegir su sistema político preferido.

*Este artículo se publicó originalmente en Latinoamerica21.