30 de mayo 2024
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Once días faltaban para que se cumpliera un año del asesinato del adolescente Orlando Aguirre Córdoba, cuando su madre, Yadira Córdoba, tomó la decisión de salir de Nicaragua. “No pude ni siquiera dejarle flores en su tumba”, se lamenta seis años después.
Explica que lo que la empujó a salir repentinamente del país fueron las últimas amenazas solapadas que le hicieron llegar, a través del pastor de la iglesia a la que asistía. “Llegaron a decirle que hablara conmigo porque sabían que yo salía a las calles con la bandera de Nicaragua, para andar en marchas y plantones, y le pidieron que me aconsejara porque no querían que me pasara nada”, recuerda.
Para ella, la única opción fue el exilio. “Era la manera de no callarme y seguir exigiendo justicia por el asesinato de mi niño”, reflexiona.
Orlandito, como le llamaba cariñosamente, era un adolescente de 15 años asesinado el 30 de mayo de 2018, durante la marcha dedicada a las Madres de Abril, en Managua. Desde su asesinato, el asedio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ella y su familia fue constante.
“Después me di cuenta que él asistía a las protestas escondido, pero ese día de la marcha él me insistió que fuéramos porque se quería unir a apoyar el dolor de las madres a las que les habían asesinado a sus hijos”, relata.
Como ese día ella llegó cansada del trabajo, después de lavar casi 12 docenas de ropa, Yadira se quedó dormida y con los ojos entrecerrados se despidió de su hijo. “Nunca imaginé que ese día yo también me convertiría en una integrante más de las Madres de Abril”, afirma.
El adolescente recibió un impacto de bala en el tórax, frente al entonces Estadio Nacional de Béisbol Dennis Martínez. “Según relatos de testigos, el disparo fue realizado por un francotirador. El joven fue trasladado a bordo de una motocicleta por otro manifestante al Hospital Fernando Vélez Paiz, donde falleció dos horas después”, detalla el sitio Museo de la Memoria contra la Impunidad de la Asociación Madres de Abril.
Duelo en el exilio, sufrir en otro país
Ahora, Yadira vive en Estados Unidos, donde llegó hace dos años. Antes, estuvo en Costa Rica. “Es duro pensar que no puedo volver, ni siquiera a ponerle unas flores a su tumba”, dice mientras llora.
Actualmente trabaja en lavandería de un asilo de ancianos. “Ha sido duro por el idioma, pero poco a poco ahora me hago entender con los residentes y con mis compañeros de trabajo”, detalla.
Sin embargo, admite que en ambos países ha sufrido discriminación. Pero se reconforta, en que ahora está acompañada en el exilio, junto a dos de sus hijos.
Además de asesinar a su hijo, la dictadura le había robado la tranquilidad. “Me perseguían, yo primero me moví de casa en Nicaragua, pero no descansaron hasta encontrarme (…) y por eso para que no me silenciaran tuve que salir del país”, indica.
Yadira confiesa que creyó que su exilio sería más corto, pero ahora está convencida que no podrá regresar pronto. “Mientras sigan esos asesinos en el poder, no podré poner un pie en Nicaragua”, sentencia.
El luto del Día de las Madres en Nicaragua
Familiares de las víctimas asesinadas en el contexto de las protestas de 2018, agrupadas en la Asociación Madres de Abril (AMA), siguen reiterando su demanda de “justicia sin impunidad” para las 355 personas fallecidas, según el registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), producto de la represión del régimen Ortega-Murillo.
Seis años después, nadie ha logrado conseguir justicia y, por el contrario, la dictadura protegió a los perpetradores de la masacre al no abrir investigaciones y se encargó de perseguir a las madres que cada día salían a las calles a protestar.
En un intento por borrar la memoria de los asesinados, en mayo de 2022 el régimen declaró el 30 de mayo como festivo nacional por ser el Día de la Madre Nicaragüense. Sin embargo, desde AMA insisten en que es un “Día de Luto Nacional” por la masacre que el régimen ordenó hace seis años.
“Decidí no volver más a Nicaragua”
Sara López recibió el 30 de mayo de 2018 una llamada que cambiaría su vida. Ella estaba en Heredia, Costa Rica, cuando le informaron que acababan de asesinar a su hijo, Cruz Alberto Obregón López, en la marcha en apoyo a las Madres de Abril en Estelí.
“Truncaron todos sus sueños, lo asesinaron sin piedad”, afirma.
Detalla que su hijo incluso simpatizaba con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero cambió todo cuando vio la represión desplegada desde abril de 2018, además que lo afectó mucho el asesinato de su amigo y compañero de clases, Orlando Francisco Pérez.
Sara trabajaba en Costa Rica, así que iba y venía al vecino país todo el tiempo. En enero de 2018 estuvo en Nicaragua unos días. “El nueve de enero fue el último día que vi a mi hijo cuando me fue a dejar a la una de la madrugada a la estación de buses, ahí nos despedimos”, recuerda.
Nunca imaginó que volvería unos meses después para enterrarlo. En agosto de 2018 se fue de nuevo a Costa Rica y solo volvió unos días para el primer aniversario del asesinato de su hijo. “Pero el acoso siempre era grande y mi familia temía que me encarcelaran por protestar y denunciar el crimen, que decidí no volver más”, explica.
La tristeza de dejar a la familia
Sara describe a “Crucito”, como le llamaba de cariño, como un joven de 23 años inteligente y trabajador con un gran futuro, ya que estudiaba dos carreras: Ingeniería Civil e Ingeniería en Energías Renovables.
“Yo siempre le decía que se viniera conmigo a Costa Rica, pero él me respondía que quizás iba para aprender por un tiempo, porque su sueño era servirle a su país”, indica su madre.
Afirma que le produce mucha tristeza haber dejado a su madre, sus hermanas y a otros familiares. “Durante mi exilio se murió mi abuelita, que se entristeció después del asesinato de mi hijo, ella sufría mucho por el asedio que vivió mi familia”, expresa.
Actualmente, Sara vive en Estados Unidos. Trabaja en una cadena de supermercados y busca cursos de inglés para poder “defenderse mejor”. Pero dice que en sus sueños constantemente se ve “en el cementerio dejándole flores a la tumba de mi hijo”.
Salir de Nicaragua tras amenazas de cárcel
Hace poco más de tres meses, Cornelio Rivera, decidió salir de Nicaragua, junto a Reynaldo, su hijo mayor. “Apenas me voy acostumbrando a vivir en Costa Rica, fue una dura decisión porque dejé a mi madre que es una anciana”, insiste.
Para él y toda su familia la vida cambió vertiginosamente desde 2018. La noche del 22 de junio de 2018, su hijo, Wendell Rivera Narváez, de 17 años, fue tiroteado por policías en el barrio Santa Elena, de Managua, cerca de la Universidad Nacional Agraria (UNA), cuando regresaba de jugar fútbol. Un día después falleció.
Desde entonces no han parado un día de denunciar ese crimen y valora que eso “incluso le costó la vida” a su esposa, Josefa Narváez, quien falleció de cáncer el 23 de febrero de 2022, luego de negársele atención médica.
También significó que a su hijo Reynaldo la Policía lo detuviera tres veces y lo interceptara en su barrio, en Managua, en más de seis ocasiones para interrogarlo. La última vez fue el pasado 26 de enero de 2024. “Lo detuvieron por 48 horas y cuando lo soltaron le advirtieron que la próxima vez lo encerrarían por más tiempo”, subraya Cornelio.
“Es duro encontrar trabajo” en el exilio
Tras el fallecimiento de su esposa, Cornelio pertenece a las Madres de Abril y afirma que denunciar es “la única vía que tienen para obtener justicia”. Pero por la seguridad de él y de su hijo prefieren hacerlo desde el exilio.
“Es dura la situación que enfrentamos muchas familias nicaragüenses a quienes nos han obligado a salir de nuestra patria, encontrándonos alejados de nuestras familias, sin recursos económicos y llegando a lugares con un costo de vida elevado”, reflexiona.
Actualmente Cornelio y su hijo solo han encontrado trabajos temporales descargando contenedores de mercadería. “Es pesado y no es nada fijo”, lamenta.
En Nicaragua, él trabajaba en un almacén por lo que sabe manejar grúas montacargas. “Aquí (en Costa Rica) me han dado la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones, y es mejor pagado que cargar cajas”, admite. Pero por ahora no tiene permiso laboral.
Cornelio reconoce que cuando estaba viva su esposa, en tres ocasiones llegaron enviados del régimen a ofrecerles “beneficios generosos”, a cambio de desistir de denunciar el asesinato de su hijo.
“Ellos saben nuestras dificultades y saben que vivíamos alquilando porque no tenemos casa propia y nos ofrecieron vivienda, incluso trabajo, pero jamás aceptamos porque eso sería como vender la sangre de nuestro hijo y lo único que queremos es justicia”, asegura.
