Dictadura intenta justificar confiscaciones ilegales por más de 250 millones US$

La dictadura de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, intenta justificar las confiscaciones masivas en Nicaragua, alegando que han "recuperado para el pueblo", centenares de propiedades "relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero” que “han sido usufructuadas indebidamente" por particulares.

De esa manera, el régimen pretende avalar el robo de centenares de viviendas, empresas, propiedades, y equipos, que le han confiscado de forma ilegal e inconstitucional a la Iglesia católica, ciudadanos desnacionalizados, medios de comunicación, universidades, miles de oenegés, empresarios y cámaras empresariales.

La confiscación de bienes está prohibida de forma taxativa por la Constitución Política del país, pero el régimen lo utiliza como una herramienta de represión y persecución política de forma discrecional.

El intento de la Procuraduría de justificar las confiscaciones ocurre un día después de la publicación de una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, que calculó que las nuevas confiscaciones de bienes efectuadas en Nicaragua desde 2018, tienen un costo de al menos USD 250 millones que eventualmente se convertirá en deuda pública.

La investigación denominada “la Nueva Piñata Ortega-Murillo”, se intensificó a partir del destierro de los 222 presos políticos, y la desnacionalización de 94 ciudadanos que le seguiría una semana después, pero también incluyó a las Iglesias, universidades, asociaciones, y el sector privado empresarial.